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Estas son las 8 preguntas que irán a la consulta popular
noviembre 30, 2022

El CNE prepara el tema técnico y operativo, para que la consulta popular se cumpla el 5 de febrero de 2023, junto a las elecciones seccionales. Se necesitarán unos 20 millones adicionales para este proceso y la convocatoria será entre el martes y el miércoles próximos. 

El Consejo Nacional Electoral (CNE) inició la planificación técnica y operativa para cumplir con la consulta popular impulsada por el Gobierno, para que esta coincida con las elecciones seccionales y del Consejo de Participación Ciudadana (CPC), que se cumplirán el 5 de febrero. El Decreto Ejecutivo con el contenido de las preguntas y los anexos llegó ayer al organismo electoral para que realice la convocatoria, que sería entre el martes y el miércoles de la próxima semana, pero lo primero que se debe definir es el presupuesto. 

Para las elecciones seccionales el Ministerio de Finanzas asignó 97,3 millones de dólares y se estima que, para cumplir con la consulta, se requerirán 20 millones adicionales, según el consejero José Cabrera. Está previsto que el Pleno del CNE sesione este viernes para aprobar el presupuesto, el plan operativo, el texto de la convocatoria, entre otros aspectos. También se deberá definir el diseño de las papeletas. 

Las perspectivas

Para Gabriela Alvear, activista de Derechos Humanos y directora de Diálogo Diverso, si bien la consulta popular es un ejercicio legítimo y necesario en democracia, en las condiciones actuales del país puede transformarse en un proceso de medición de popularidad del Gobierno, con lo que se deslegitimaría. Además, dice, que se realice junto a las elecciones seccionales donde se escogen alcaldes, prefectos y otras autoridades locales, podría implicar que la consulta termine “contaminada” por la campaña política regular. “La consulta se va a tergiversar, no es el momento adecuado para realizarla”, dijo Alvear. 

Dos de las ocho preguntas están relacionadas con el CPC. La una para que sus autoridades no sean elegidas por votación popular, sino a través de un proceso donde intervenga la Asamblea; y la otra para que las facultades del Consejo de designar a las autoridades de control pasen a la Legislatura. 

La vocal de ese organismo Ibeth Estupiñán opinó que esto es una acción coordinada entre el Ejecutivo y el Legislativo, para tomarse la entidad y quitarle el protagonismo de la ciudadanía tanto en la participación de los concursos de selección, como en la votación de las autoridades, a través del sufragio. 

“En lugar de desgranar al Consejo de Participación como choclo, que es lo que se pretende con la consulta, hubiese sido importante fortalecer su institucionalidad”, dijo, por su parte, Hernán Ulloa, presidente de la entidad. 

El contenido 

Estas son las ocho preguntas propuestas por el Gobierno que fueron calificadas por la Corte Constitucional: 

1. La extradición de ecuatorianos está prohibida en todos los delitos, incluso aquellos relacionados con el crimen organizado transnacional como el narcotráfico, tráfico de armas, trata de personas y tráfico de migrantes. 

¿Está usted de acuerdo con permitir la extradición de ecuatorianos que hayan cometido delitos relacionados con el crimen organizado transnacional, a través de procesos que respeten los derechos y garantías, enmendando la Constitución de acuerdo con el anexo 1?

2. Actualmente, el Consejo de la Judicatura selecciona, evalúa, asciende, capacita y sanciona a fiscales.

¿Está usted de acuerdo con garantizar la autonomía de la Fiscalía General del Estado, para que esta seleccione, evalúe, ascienda, capacite y sancione a los servidores que la conforman a través de un Consejo Fiscal, enmendado la Constitución de acuerdo con el anexo 2?

3. En la actualidad, la Asamblea Nacional está integrada por 137 asambleístas y se estima que, con el censo poblacional del 2022, este número ascienda aproximadamente a 152 asambleístas. 

¿Está usted de acuerdo con reducir el número de asambleístas y que se los elija de acuerdo con los siguientes criterios: 1 asambleísta por provincia y 1 asambleísta provincial adicional por cada 250.000 habitantes; 2 asambleístas nacionales por cada millón de habitantes; y 1 asambleísta por cada 500.000 habitantes que residan en el exterior, enmendando la Constitución de acuerdo con el anexo 3? 

4. Actualmente existen 272 movimientos políticos en Ecuador. 

¿Está usted de acuerdo con exigir que los movimientos políticos cuenten con un número de afiliados mínimo, equivalente al 1,5% del registro electoral de su jurisdicción y obligarlos a llevar un registro de sus miembros auditado periódicamente por el Consejo Nacional Electoral, enmendando la Constitución de acuerdo con el anexo 4?

5. El CPCCS es una entidad pública que actualmente tiene el poder de designar a 77 autoridades. 

¿Está usted de acuerdo con eliminar la facultad de designar autoridades que tiene el CPCCS  e implementar procesos públicos que garanticen participación ciudadana, meritocracia y escrutinio público, de modo que sea la Asamblea Nacional la que designe a través de estos procesos a las autoridades que actualmente elige el CPCCS, enmendando la Constitución de acuerdo con el anexo 5?

6. El CCPCS ES UNA entidad pública que actualmente es elegida por sufragio universal.

¿Está usted de acuerdo con modificar el proceso de designación de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, para que sean elegidos mediante un proceso que garantice participación ciudadana, meritocracia y escrutinio público, llevado a cabo por la Asamblea Nacional, enmendando la Constitución de acuerdo con el Anexo 6?

7. La Constitución excluye del Sistema Nacional de Áreas Protegidas a las áreas de protección hídrica.

¿Está usted de acuerdo con que se incorpore un subsistema de protección hídrica al Sistema Nacional de Áreas Protegidas, enmendando la Constitución de acuerdo con el anexo 7? 

8. La Constitución no prevé compensaciones a quienes apoyan a la generación de servicios ambientales.

¿Está usted de acuerdo con que las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades, puedan ser beneficiarios de compensaciones debidamente regularizadas por el Estado, por su apoyo a la generación de servicios ambientales, enmendando la Constitución de acuerdo con el anexo 8?

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