A pesar de llevar más de un año y medio en estado de excepción, las zonas donde la medida se ha mantenido no reflejan reducciones en la violencia. Al contrario, casi todas reflejan un repunte de los homicidios en 2025. Conoce los detalles aquí.
POR: Esteban Cárdenas Verdesoto
El Estado de Excepción se repite y la violencia también. Desde enero de 2024, el Gobierno de Daniel Noboa ha declarado al menos trece estados de excepción en diferentes partes del país. En cada anuncio se ha reiterado el objetivo. Este se ha centrado en contener a las bandas criminales y reducir los niveles de violencia que golpean al país desde hace años. Sin embargo, en muchas de las provincias intervenidas, los homicidios no han disminuido; han aumentado.
Según cifras oficiales del Ministerio del Interior, entre enero y mayo de este año, los asesinatos crecieron en siete de las nueve jurisdicciones, donde hoy permanece vigente el Estado de Excepción. En El Oro, por ejemplo, los datos pasaron de 96 a 270 homicidios en un año, un incremento del 181%. Lo mismo ocurrió en otras provincias como Los Ríos, Manabí, Guayas, Orellana, Santa Elena y el distrito metropolitano de Quito. Sólo en Camilo Ponce Enríquez, cantón de Azuay, y en Sucumbios hubo reducciones de muertes violentas, aunque una de ellas fue mínima.
Pese al despliegue militar, al toque de queda y a la suspensión de garantías constitucionales, las muertes violentas volvieron a escalar. La medida, que empezó siendo una respuesta urgente ante la crisis de seguridad, se ha transformado en una rutina del poder Ejecutivo. Pero los resultados, más de un año después en el que el país ha vivido en estados de excepción, están lejos de lo prometido.
¿Cómo van las cifras?
Desde el 8 de enero de 2024, cuando se firmó el primer decreto de Estado de Excepción tras la fuga de José Adolfo Macías, alias ‘Fito’, líder de Los Choneros, el país ha atravesado una sucesión ininterrumpida de medidas similares, que se reforzaron aún más tras la declaratoria de conflicto armado interno dada el 9 de enero de 2024, luego de una incursión armada en TC Televisión. En total, el presidente, Daniel Noboa, ha suscrito al menos trece estados de excepción, algunos con alcance nacional, otros, los más recientes, focalizados en provincias o cantones específicos. Todos han sido sustentados en la misma figura del “conflicto armado interno” y en la necesidad de combatir a grupos criminales catalogados, desde entonces, como organizaciones terroristas.
El patrón se repite: una escalada de violencia, generalmente asesinatos, atentados o motines, precede la declaración del Estado de Excepción. Luego viene el despliegue de fuerzas militares, los patrullajes conjuntos, allanamientos y toques de queda, en algunos casos. Estas medidas se han prorrogado varias veces, alcanzando los límites de tiempo máximos establecidos por la Constitución, sobre todo en provincias como Guayas, Manabí y Los Ríos. En otros espacios, el estado de excepción se ha renovado con apenas días de diferencia entre uno y otro decreto, con pequeños ajustes en la focalización territorial.
Pero a pesar de la reiteración, los efectos han sido cada vez menos visibles. De acuerdo con las cifras del propio Ministerio del Interior, el descenso inicial de homicidios registrado en los primeros dos meses del 2024 no logró sostenerse. Desde marzo, los crímenes volvieron a subir y, para mayo, las cifras se acercaban nuevamente a los picos de violencia de 2023. Las provincias bajo estado de excepción, que deberían reflejar una mejora, concentran, de hecho, algunos de los mayores incrementos de asesinatos en el país.
El 10 de junio, el presidente Noboa volvió a ampliar el último Estado de Excepción, decretado el 12 de abril, en el que se declaraba este régimen en Guayas, Manabí, El Oro, Santa Elena, Orellana, Los Ríos, Camilo Ponce Enríquez y Quito. Esta medida extendió por 30 días más el régimen en estos territorios. Pero, ¿ha habido resultado en el último año y medio de estados de excepción?
Las cifras dicen que no. Al menos no en la mayoría de los territorios intervenidos. En Guayas, provincia que ha sido uno de los principales focos de las medidas del Ejecutivo, los homicidios no han dejado de crecer. De enero a mayo de 2025 se registraron 2.042 asesinatos, un salto alarmante frente a los 1.151 del mismo periodo en 2024. Lejos de una contención, los datos muestran una aceleración: casi se duplicaron los crímenes en tan solo un año, con un aumento real del 77% en este periodo. Además, esta cifra demuestra una aceleración, luego de la reducción de homicidios registrada en 2024, tras la declaratoria del conflicto armado interno.
Un comportamiento similar se evidencia en Los Ríos, donde los asesinatos pasaron de 365 entre enero y mayo de 2024, a 495 entre enero y mayo de 2025, con un incremento del 35%.
Lo mismo ocurre en Manabí, con un aumento de 378 a 501 casos en el mismo periodo, con un aumento del 32%. La curva de homicidios en ambas provincias ya venía en ascenso sostenido desde 2021, pero se disparó incluso con presencia militar permanente.
En El Oro, que también se ha mantenido bajo estado de excepción durante varios meses, las cifras pasaron de 96 homicidios en 2024 a 275 en 2025, con un incremento del 186%. El incremento no sólo es proporcionalmente alto, sino que rompe la tendencia descendente que había mostrado esta provincia entre 2023 y 2024. Es decir, después de una leve baja, los asesinatos volvieron a crecer con más fuerza.
En Orellana, una provincia amazónica que históricamente ha registrado niveles bajos de violencia, los homicidios pasaron de 48 a 62 entre enero y mayo del último año. En 2021, por ejemplo, solo se reportaron 2 casos en ese mismo lapso. El salto actual, en una zona que no solía ser epicentro de la violencia criminal, muestra cómo la expansión territorial del conflicto también ha alcanzado a zonas rurales y periféricas.
En Santa Elena, los crímenes subieron de 90 en 2024 a 93 en 2025. En este caso, aunque el incremento puede parecer leve en comparación con otras provincias, es importante notar que la violencia en ese territorio también ha venido creciendo de forma sostenida desde 2020. Entre 2019 y 2023, los homicidios se multiplicaron por 80.
En Quito, por otro lado, los asesinatos subieron de 78 a 116. Y aunque no se trata de cifras comparables con las de las provincias costeras, el repunte es significativo en una capital que había mantenido una relativa estabilidad en años anteriores. Esto, sin embargo, ha demostrado un decrecimiento de la tendencia, dado que en 2023 la cifra de asesinatos en el mismo periodo fue mayor, alcanzando los 131 casos.
Uno de los pocos casos que presentan una reducción tras los estados de excepción es el del cantón Camilo Ponce Enríquez, en Azuay, donde los homicidios bajaron de 16 en 2024 a 5 en 2025 durante el mismo periodo. El descenso representa una disminución del 68%. Aunque se trata de un territorio pequeño, esta reducción contrasta con la tendencia nacional y abre preguntas sobre qué tipo de intervención, si alguna específica, pudo haber influido en el resultado.
Entonces, estas cifras demuestran claramente cómo los estados de excepción no han reflejado una reducción de las tendencias de crecimiento de los homicidios en Ecuador. Sin embargo, cabe preguntarse cuál es el sentido de mantener estas medidas y qué otras estrategias son necesarias y pueden dar resultados.
Análisis
Para el experto en seguridad, Diego Pérez, del Instituto de Altos Estudios Nacionales, la política de seguridad del actual Gobierno ha estado marcada por una visión coyuntural, cuando el problema que enfrenta el país es, en realidad, estructural.
“Se han implementado medidas también coyunturales para enfrentarlo (…) se declaró el conflicto armado interno, se dispuso la utilización de Fuerzas Armadas en misiones de seguridad ciudadana, se introdujeron reformas legales, se está caminando muy aceleradamente a un endurecimiento de penas”, dice. Pero nada de esto ha roto la línea de violencia que ya se mantenía en 2023.
Para Pérez, los estados de excepción no tienen utilidad estructural. Su función, dice, debería ser exclusivamente para contextos puntuales y extraordinarios. “Permiten atender una condición excepcional, aunque suene tautológico, pero lo que sucede en Ecuador es que ya no tenemos una condición excepcional. Estamos conviviendo con las estructuras del crimen organizado”, advierte.
Estas estructuras no sólo se han afianzado en el territorio, sino que, en algunos casos, se han insertado en dinámicas cotidianas, incluso financiando sectores económicos locales. Frente a ese poder creciente, dice Pérez, el Estado no tiene ni la claridad ni la capacidad de enfrentar al contingente criminal de manera efectiva.
Por otro lado, Carlos Blanco, experto en seguridad y policía en servicio pasivo, asegura que los resultados de este despunte de la violencia por el establecimiento de estados de excepción se debe a que el Estado ha ejercido presión sobre los grupos criminales, lo que les ha llevado a vivir conflictos entre ellos por abarcar más poder y poder recuperar su economía y territorialidad. Para él, este tipo de procesos ayudan a golpear y debilitar a los grupos criminales y, asegura, en un futuro se podrá contar con mejores resultados que partan de estas estrategias.
Aunque no esté de acuerdo con esta posición, Pérez, en lugar de repetir estados de excepción como única herramienta, propone varias acciones estructurales. La primera, fortalecer los sistemas de inteligencia; la segunda, racionalizar el uso de las Fuerzas Armadas, es decir, definir con claridad en qué misiones participan, bajo qué planificación y con qué objetivos concretos. También considera necesario reestructurar la Unidad de Análisis Financiero, con mayor poder y alcance, para cortar el financiamiento de las organizaciones ilegales; esto, con el objetivo de golpear definitivamente a las bandas organizadas.
Pero más allá de eso, Pérez advierte que ningún esfuerzo será suficiente si no hay un replanteamiento profundo de cómo se construye la política pública de seguridad. “No puede depender de solo un decisor. Se necesita vincular a tomadores de decisiones, expertos, ejecutores y ciudadanos. Todos deben ser parte del proceso. Lo que estamos viendo hoy es también el resultado de decisiones no tomadas”, dice.
Te puede interesar:
. Gremios advierten fragilidad de la recuperación del empleo adecuado
. Es impreciso decir que desde hoy Ecuador exige visas de tránsito obligatorias
. Es falso: la Fiscalía no ha dicho que acepta que Glas está siendo procesado por hacer obras
