¿Sabía usted que, ahora mismo, nos encontramos en estado de excepción? No se sienta mal si no conoce la respuesta. Han sido tantas las veces que el Presidente ha utilizado esta figura que resulta complicado seguir el rastro o llevar la cuenta. ¿En qué provincias, bajo qué causales y qué derechos se encuentran suspendidos? Da igual. Lo cierto es que, en los últimos tiempos, es más probable que la respuesta sea sí: estamos en estado de excepción.
La figura, como su nombre sugiere, debería ser excepcional. Sin embargo, su constante uso y abuso ha hecho que nos acostumbremos a este régimen extraordinario hasta el punto de normalizarlo. Cada decreto está sujeto al control de la Corte Constitucional. El control material exige la verificación, entre otros requisitos, de que los hechos constitutivos de la declaratoria no puedan ser superados a través del régimen constitucional ordinario. El gobierno ha decretado los ya normalizados estados de excepción aduciendo grave conmoción interna por temas relacionados con la inseguridad que enfrenta el país.
Surge la inquietud: ¿los problemas de inseguridad podrían superarse por medio del régimen ordinario? Es la misma pregunta que se hizo la jueza constitucional Alejandra Cárdenas Reyes en su voto salvado del dictamen 2-26-EE/26ª. Reiteró que la violencia criminal organizada es un fenómeno estructural y, por tanto, la validación sucesiva de medidas adoptadas dentro del marco de los estados de excepción normaliza el uso de un régimen excepcional como herramienta ordinaria de gestión de la seguridad pública. Esto no es poca cosa si consideramos que se han decretado más de diez estados de excepción, con sus respectivas renovaciones, en poco más de dos años. Haga cuentas y saque sus propias conclusiones.
Lo que más llama mi atención es que ahora los estados de excepción incluyen «toques de queda» con previo aviso de varios días. Es como decir: «voy a ir por ti, delincuente, pero lo haré dentro dos semanas.» Esto me hace pensar: ¿hasta qué punto vale la pena que nuestros derechos sean limitados una y otra vez? ¿No ha sido suficiente con el incremento del IVA, la declaración de conflicto armado y demás medidas adoptadas en los últimos años? Parece que no. Los sacrificios no cesarán. ¿Cuántos estados de excepción más serán necesarios? Al ritmo que llevamos, parece que Ecuador vivirá un estado de excepción ad infinitum. Puede ser que la ciudadanía no sepa mucho sobre el estado de excepción, pero de lo que sí conoce es sobre el estado de decepción, cada día menos excepcional.
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