Que los jueces de la Corte Constitucional sean juzgados políticamente por arrogarse funciones; o que se suspendan los concursos de selección de autoridades que estén en marcha y la Asamblea los inicie nuevamente son algunos de los aspectos que constan en los anexos de la propuesta de consulta popular.
POR: Hugo Constante
La consulta popular propuesta por el presidente de la República, Daniel Noboa, pasó a manos de la Corte Constitucional para el control previo y determinar, con un dictamen de procedimiento, la vía a través de la cual se lo debe tramitar.
Noboa remitió cuatro preguntas que, de aprobarse, implicarían cambios parciales en textos constitucionales: sobre el número de asambleístas, la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana, el juicio político a los miembros de la Corte Constitucional y el trabajo por horas en el sector turístico. Se incluye una pregunta adicional sobre el funcionamiento de casinos, que no modifica ningún artículo de la Constitución, pero para aplicarlo se debe establecer una reforma al Código Orgánico Integral Penal.
A estos cinco temas se sumarán dos preguntas que están en diferentes fases. La una es sobre la posibilidad de que en el país se establezcan bases militares extranjeras, cuya pregunta y anexos ya fueron revisados por la Corte y tienen su visto bueno; mientras que lo relacionado con la prohibición estatal de financiar a las organizaciones políticas fue aprobado por la Asamblea y le corresponde a la Corte pronunciarse sobre las preguntas y anexos.
En la Asamblea, legisladores de diversas organizaciones políticas van definiendo posturas frente a la consulta popular. Cecilia Baltazar, de Pachakutik, manifestó que ese movimiento cumplirá un proceso de socialización de cada pregunta; Blasco Luna, del correísmo, aseguró que hay temas urgentes por tratar antes de gastar 60 o 70 millones de dólares en una consulta que no va a solucionar los problemas que hoy tiene el país. Por su parte, Otto Vera, del Partido Social Cristiano, considera que aún no están claras las causales para llevar a juicio político a los jueces de la Corte Constitucional, y que si ese tema no se aclara, no apoyarían la propuesta; el independiente Cristian Benavides indicó que Noboa debería aprovechar para incluir otras preguntas necesarias para el país y hacer un “solo gasto”. Mientras que, desde el lado oficialista, la legisladora Diana Jácome manifestó que la propuesta está en marcha y que, en última instancia, serán los ecuatorianos los que decidan sobre las preguntas.
Las preguntas y sus anexos
En los cinco temas pendientes Noboa remitió a la Corte el documento con cada una de las preguntas y sus respectivos anexos, es decir, la propuesta de la forma en que se aplicaría la reforma en caso de que sea aprobada por la población. Ecuador Chequea presenta un breve resumen a continuación:
- Sobre el juicio político a los jueces de la Corte Constitucional
Pregunta:
¿Está usted de acuerdo con que los jueces de la Corte Constitucional sean también considerados como autoridades sujetas a juicio político, enmendando la Constitución de conformidad con el Anexo de la pregunta?
El contenido del anexo:
- Elimina la prohibición de enjuiciarlos políticamente e incluye a la Corte Constitucional en el grupo de autoridades que pueden ser sometidas a ese procedimiento en la Asamblea.
- Señala como causales el incumplimiento de funciones, cuando se incurra en violación flagrante y reiterada del cumplimiento de los deberes o atribuciones inherentes a su cargo; se haya cometido delitos sancionados mediante sentencia ejecutoriada; cuando se determine una arrogación manifiesta de funciones. Aclara que no constituirá causal de juicio político la mera discrepancia basada en las decisiones jurisdiccionales que adopten.
- Automáticamente, los jueces constitucionales son incluidos en el grupo de autoridades para cuya censura y destitución se requiere mayoría absoluta de los miembros de la Asamblea (77 votos de acuerdo con la actual composición).
- En la práctica, Noboa los coloca políticamente en el mismo rango de superintendentes, procurador del Estado, Contralor, Fiscal, Defensor del Pueblo, Defensor Público, y miembros del Consejo de Participación Ciudadana, para los que también se requiere de mayoría absoluta. Es que la Constitución hace una distinción con los ministros, vocales del CNE, jueces del TCE y vocales del Consejo de la Judicatura, en cuyo caso se requiere mayoría calificada para la destitución (101 votos actuales).
- Sobre la reducción del número de asambleístas
Pregunta:
¿Está usted de acuerdo con reducir el número de asambleístas y para ello modificar el sistema de elección, enmendando la Constitución de conformidad con el Anexo de la pregunta?
El contenido del anexo: Con la propuesta el número de legisladores se reduciría a aproximadamente a la mitad, ya que Noboa propone la siguiente fórmula para su integración:
- 10 asambleístas elegidos en circunscripción nacional; hoy son 15,
- Un asambleísta elegido por cada provincia, y uno más por cada cuatrocientos mil habitantes. Hoy se eligen dos asambleístas por cada provincia, y uno más por cada doscientos mil habitantes o fracción que supere los ciento cincuenta mil.
- Sobre la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana
Pregunta:
¿Está usted de acuerdo con transferir y adecuar los deberes y atribuciones del Consejo de Participación Ciudadana a la Asamblea Nacional, Defensoría del Pueblo y Contraloría General y, como consecuencia de esto, suprimir el Consejo de Participación Ciudadana, enmendando la Constitución de conformidad con el Anexo de la pregunta?
El contenido del anexo:
- Elimina la prohibición actual que impide a partidos y movimientos políticos o sus alianzas postular candidatos a las elecciones al Consejo de Participación Ciudadana.
- Establece como una de las atribuciones de la Asamblea designar y posesionar al procurador del Estado, al contralor, al fiscal general, al defensor del pueblo, al defensor público, a los superintendentes, y a los miembros del Consejo Nacional Electoral, del Tribunal Contencioso Electoral, y del Consejo de la Judicatura.
- Otra atribución de la Asamblea será organizar el proceso y vigilar la transparencia en la ejecución de los actos de las comisiones calificadoras de selección de autoridades estatales.
- Desarrolla normativa para que la Asamblea cumpla con algunos roles actuales del Consejo de Participación Ciudadana.
- Amplía las funciones de la Contraloría y de la Defensoría del Pueblo para que asuman algunas labores que actualmente cumple el Consejo de Participación.
- Una disposición transitoria señala que los concursos que se encuentren en trámite a la fecha de proclamación de los resultados en el Registro Oficial, deberán quedar sin efecto. Y le corresponderá a la Asamblea iniciar nuevamente dichos concursos.
- Sobre la contratación por horas en turismo
Pregunta:
¿Está usted de acuerdo con permitir la contratación laboral por horas, únicamente para el sector de turismo, siempre que se trate de la primera relación laboral, garantizando los derechos laborales y respetando los derechos adquiridos de los trabajadores, enmendando la Constitución de conformidad con el Anexo de la pregunta?
El contenido del anexo:
- Elimina la prohibición expresa de la contratación laboral por horas en general y señala que el contrato por horas únicamente será permitido en el sector turístico, cuando se celebre por primera vez entre el empleador y el trabajador.
- Sobre los casinos y juegos de salón
Pregunta:
¿Está usted de acuerdo con permitir el funcionamiento de salas de juego y casinos
dedicados a juegos de azar en hoteles categorizados con cinco estrellas, quienes
entregarán al Estado un tributo del 25% de sus ventas por esta actividad, para el financiamiento de programas de lucha contra la desnutrición crónica infantil y de alimentación escolar, conforme la Asamblea Nacional lo regule mediante ley?
El contenido del anexo:
- El funcionamiento de salas de juego y casinos dedicados a juegos de azar se limitará únicamente en hoteles categorizados con cinco estrellas.
- El proyecto de Ley que trabaje la Asamblea para operativizar esta pregunta recogerá los elementos esenciales del tributo y establecerá que lo recaudado se destinará única y exclusivamente para el financiamiento de programas de lucha contra la desnutrición crónica infantil y de alimentación escolar.
- Adicionalmente, deberá preverse montos mínimos de inversión y requisitos de
infraestructura, así como otros aspectos necesarios para la regulación adecuada de esta actividad.
Te puede interesar:
. Es engañoso decir que Abdalá Bucaram podría recibir 200 millones como indemnización
. Cuatro efectos nocivos de las ‘deepfakes’
