No hay registro de ninguna propuesta del Presidente para instalar cámaras en todas las instituciones públicas
Daniel Noboa no ha firmado ningún Decreto al respecto. En septiembre de 2024, ordenó que las cámaras de videovigilancia de los gobiernos locales pasen al control del Ecu-911.
POR: Redacción Ecuador Chequea
La desinformación suele usar de ‘blanco’ a los personajes públicos para captar la atención de los usuarios digitales y hacer pasar su contenido como real.
Un ejemplo de esto es una publicación de Facebook que asegura que el presidente, Daniel Noboa, propone poner cámaras en todas las instituciones públicas para fiscalizar la atención al pueblo ecuatoriano. Se califica este contenido como falso. No hay ninguna orden de Noboa para instalar cámaras en instituciones públicas. Noboa no ha firmado ningún decreto respecto a esto. En septiembre de 2024, el Presidente ordenó que las cámaras de videovigilancia de los gobiernos locales pasen al control del Ecu-911 para mejorar la seguridad pública.
Frente al contenido se realizó un análisis en la página de la Presidencia, en el apartado ‘consulta de Decretos’ y no se encontró ningún documento que hable sobre ordenar colocar cámaras de videovigilancia en las instituciones públicas como ministerios, hospitales, escuelas, etc, para garantizar la atención a los ecuatorianos como quiere hacer creer el post a verificar. Generalmente, cuando el Presidente emite una orden, el documento es publicado en esta plataforma presidencial, lo que no sucede con esta falsa información.
Al realizar una búsqueda en Google utilizando el mismo texto que circula en el post desinformativo, no se encontraron resultados en el apartado de noticias que respalden dicha afirmación. Ningún medio de comunicación ha publicado información que confirme la instalación de cámaras en todas las instituciones públicas por orden del presidente Noboa.
Cabe recordar que, el 18 de septiembre de 2024, Noboa firmó el Decreto Ejecutivo 397, mediante el cual dispuso que las cámaras de videovigilancia que ya operan en los gobiernos locales pasen a ser gestionadas y controladas por el sistema ECU‑911, bajo la rectoría del Servicio Integrado de Seguridad.
Esta decisión se justificó diciendo que se enmarca dentro de los esfuerzos del Gobierno para reforzar la seguridad ciudadana y mejorar la capacidad de respuesta ante emergencias en todo el territorio ecuatoriano.
El Decreto establece que tanto las cámaras como los centros de procesamiento de datos relacionados a estos sistemas deberán ser operados única y exclusivamente por el ECU‑911, lo que implica una centralización de las plataformas tecnológicas municipales dentro del sistema nacional. Además, la medida busca garantizar la interoperabilidad, el monitoreo eficiente de espacios públicos y la estandarización de protocolos de seguridad a nivel nacional.
El documento especifica que se debe asegurar el cumplimiento de estándares técnicos y legales en materia de protección de datos personales, conforme a lo que establece la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales. En ese sentido, el Ejecutivo ha señalado que la transferencia de estas plataformas no implica una vulneración de los derechos ciudadanos, sino que busca una mayor eficacia en la prevención del delito y en la atención oportuna de emergencias.
El Ministerio del Interior junto con el Servicio Integrado ECU‑911, fue designado para coordinar el proceso de traspaso, que incluirá la firma de convenios con los gobiernos locales y una revisión técnica del estado de las cámaras actualmente operativas. En ese entonces, se dijo que existen más de 8.000 cámaras municipales que podrían integrarse a esta red nacional, fortaleciendo la cobertura del sistema ECU-911, especialmente en zonas de alta conflictividad.
Cabe enfatizar que en ese decreto, no se ha colocado ningún texto en el que se ordene la instalación de nuevas cámaras en todas las instituciones públicas, como afirma el post a verificar.
Esta decisión se limita a las cámaras ya existentes en manos de gobiernos locales, y su finalidad es exclusivamente mejorar la seguridad pública y la coordinación operativa.
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