Jorge Glas no ha sido declarado inocente
En 2023 se anularon ciertas pruebas en Brasil sobre el caso Odebrecht; sin embargo, eso no equivale a una absolución ni anula las condenas impuestas en Ecuador al exvicepresidente. Sus sentencias por corrupción siguen vigentes.
POR: Redacción Ecuador Chequea
En diciembre de 2017, el exvicepresidente, Jorge Glas, fue condenado a seis años de prisión por el delito de asociación ilícita al probarse que se benefició indirectamente de los sobornos de Odebrecht, empresa contratista de varios proyectos emblemáticos en la época del correísmo.
En ese entonces, el tribunal determinó que Glas conocía y facilitó el esquema de corrupción. Muchos de estos contratos estuvieron rodeados de cuestionamientos por sobreprecios, modificaciones contractuales irregulares y falta de fiscalización.
El tema estuvo en el ojo público por varios años, tanto que la desinformación no ha parado de aprovechar cualquier oportunidad para hacer de las suyas. Bajo ese contexto, una publicación en Facebook asegura que Jorge Glas es inocente porque se anularon las pruebas del caso Odebrecht. Se califica este contenido como falso. Glas no ha sido declarado inocente. En 2023 se anularon ciertas pruebas en Brasil, pero eso no equivale a una absolución ni anula las condenas impuestas en Ecuador al exvicepresidente. Actualmente sus sentencias siguen vigentes.
El post utiliza como supuesta evidencia una captura de pantalla de una nota periodística publicada por CNN. Ante esto, se realizó una búsqueda avanzada en el sitio web oficial del medio, lo que permitió verificar que la nota fue publicada el 8 de agosto de 2023. Sin embargo, el contenido de Facebook carece de contexto y ha sido presentado de forma incompleta para manipular a la audiencia y sugerir escenarios falsos.
En agosto de 2023, el exvicepresidente Glas recibió un respaldo judicial desde Brasil, cuando el magistrado José Dias Toffoli, del Supremo Tribunal Federal (STF), anuló pruebas clave que habían sido utilizadas en su contra en el marco del caso ‘Odebrecht’.
La decisión, sin embargo, no equivale a una declaración de inocencia y no ha tenido un efecto directo sobre sus condenas en Ecuador.
Toffoli declaró inválidos los documentos y testimonios provenientes de los sistemas Drousys y My Web Day B, usados por Odebrecht para registrar sobornos y transacciones ilícitas. Estos sistemas fueron empleados por fiscales brasileños y compartidos con otros países, incluidos Estados Unidos y Ecuador, como parte de los acuerdos de cooperación judicial. Según el magistrado, dichas pruebas estaban «contaminadas» por violaciones al debido proceso, ya que se originaron en un contexto de presiones indebidas y beneficios irregulares para los delatores, dentro del acuerdo de colaboración premiada entre Odebrecht y la fiscalía brasileña.
Esta resolución benefició indirectamente a varios implicados en distintos países. Ese año, en el caso de Glas, su defensa usó eso como argumento para solicitar la revisión de sus condenas en Ecuador. Sin embargo, las autoridades ecuatorianas sostuvieron que los fallos dictados en su contra no se basaron únicamente en las pruebas anuladas por Brasil.
De hecho, la Fiscalía reaccionó poco después de conocerse la decisión del STF.
En un comunicado, afirmó que las sentencias contra Jorge Glas una de ocho años por cohecho en el caso ‘Sobornos 2012–2016’ y otra de seis años por asociación ilícita en el caso ‘Odebrecht’, se sustentaron en “decenas de elementos probatorios”, entre ellos pericias informáticas, audios, testimonios y análisis documentales realizados por técnicos ecuatorianos.
Es por eso que se aclaró que la anulación de pruebas en Brasil no invalida los procesos judiciales locales ni constituye una declaración de inocencia para Glas.
Cabe recordar que Jorge Glas fue liberado en diciembre de 2022, tras acogerse a medidas cautelares dictadas por un juez de Santo Domingo. No obstante, su situación legal se complicó nuevamente cuando fue detenido durante la irrupción policial en la embajada de México en Quito, en abril de 2024.
Desde entonces, permanece detenido en la cárcel ‘La Roca’, en Guayaquil, mientras organismos internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos evalúan si su captura violó el derecho internacional.
El contexto del caso ‘Odebrecht’
La constructora brasileña Odebrecht llegó a Ecuador en 1987 y durante décadas fue responsable de la ejecución de importantes obras de infraestructura. Entre los proyectos más relevantes en los que participó se encuentran el trasvase del río Daule, la vía Interoceánica, el sistema de tuberías Carrizal, la Ruta Viva y la Central Hidroeléctrica San Francisco.
Esta última fue inaugurada en 2007, durante el gobierno de Rafael Correa (2007–2017). No obstante, meses antes de su entrega oficial, se detectaron 253 fallas estructurales que generaron serias preocupaciones técnicas y financieras.
Como consecuencia, el entonces presidente Correa decidió terminar los contratos con la compañía, marcando un punto de quiebre en la relación con Odebrecht, aunque la empresa regresaría más tarde al país.
En 2016, el Departamento de Justicia de Estados Unidos reveló, a través de un informe, que Odebrecht había pagado sobornos a funcionarios públicos en al menos 12 países para asegurarse contratos estatales. Según el documento, en Ecuador se destinaron $33,5 millones en coimas entre 2007 y 2016. Estos pagos ilegales estuvieron vinculados a una red de corrupción estructurada que salpicó a altos funcionarios del Estado.
Uno de los implicados fue el entonces vicepresidente, Jorge Glas, quien tuvo un papel central en la administración de sectores estratégicos durante el correísmo. El 13 de diciembre de 2017, el Tribunal de la Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia determinó que las pruebas presentadas por el entonces fiscal general, Carlos Baca Mancheno, eran suficientes para demostrar que Glas era coautor del delito de asociación ilícita dentro de la trama Odebrecht.
En el mismo proceso fueron halladas culpables otras seis personas, y la Corte estableció que los implicados estuvieron vinculados a delitos como peculado, concusión, cohecho, enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias, lavado de activos y testaferrismo. Estas prácticas ilícitas, según la sentencia, ocasionaron un perjuicio al Estado ecuatoriano de $33’396.116, monto que los sentenciados debían restituir solidariamente.
La investigación de la Fiscalía reveló que los sobornos se articularon en torno a cinco proyectos estratégicos:
- El Poliducto Pascuales-Cuenca.
- Trasvase Daule-Vinces.
- Proyecto Hidroeléctrico Manduriacu.
- La Refinería del Pacífico, movimiento de tierras.
- El acueducto La Esperanza.
En todos estos casos, los sentenciados se asociaron ilícitamente para favorecer a Odebrecht a cambio de beneficios económicos personales.
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