En el país no se registra ningún golpe de Estado
No hay evidencia ni reportes recientes de prensa que indiquen que en Ecuador se esté dando un hecho de este tipo en este momento. Aunque ha habido tensiones institucionales estos escenarios no constituyen un golpe de Estado.
POR: Redacción Ecuador Chequea
Un golpe de Estado no es un evento espontáneo, sino un acto organizado y coordinado que depende de tres factores clave como el control de las fuerzas armadas, control de la comunicación y neutralización de las instituciones legítimas.
Este tipo de eventos circulan en redes sociales como supuestos hechos para causar conmoción en la ciudadanía. Por ejemplo, en Facebook, una publicación asegura que se viene un golpe de Estado y una dictadura por parte del presidente, Daniel Noboa. Se califica este contenido como falso. No hay evidencia creíble ni reportes recientes que indiquen que en Ecuador se esté dando un golpe de Estado. Aunque ha habido tensiones institucionales, estos escenarios no constituyen un golpe de Estado y tampoco hay una dictadura.
Es importante aclarar qué significa un golpe de Estado. El Diccionario panhispánico del español jurídico respaldado por la Real Academia Española (RAE), define a un golpe de Estado como una “destitución repentina y sustitución, por la fuerza u otros medios inconstitucionales, de quien ostenta el poder político. Desmantelamiento de las instituciones constitucionales sin seguir el procedimiento establecido”.
Para ver si esto está ocurriendo en el país, se realizó una búsqueda manual en Google, en la sección noticias, y ningún medio de comunicación ha reportado el supuesto hecho.
Además, el abogado constitucionalista Francisco Mora aseguró que decir que hay un golpe de Estado es irresponsable y señaló que no hay un sustento real para respaldar esa afirmación.
“Actualmente no está sucediendo un golpe de Estado. Hay que recordar que esto es la toma repentina e ilegal del poder político en un país, generalmente realizada por un grupo reducido que desplaza por la fuerza o mediante presión al Gobierno legítimamente establecido, pero es algo que no está pasando y, decirlo no sólo es irresponsable, sino que no hay un sustento. Tampoco hay un control del aparato estatal como el Ejecutivo, Legislativo, Judicial, medios de comunicación, etc.”, comentó Mora.
También, el contenido desinformativo asegura que en el país hay una dictadura, con la misma metodología, el Diccionario panhispánico del español jurídico define a una dictadura como un “régimen político basado en la concentración del poder en una sola persona, que lo ejerce sin límites”.
El constitucionalista aseguró que, una dictadura es el sistema político que generalmente se instaura después del golpe de Estado y agrega que, aunque ha existido un conflicto entre la Corte Constitucional y el Presidente, la democracia sigue estando presente.
“Pero, como se mencionó anteriormente, esto no ha sucedido, pues en Ecuador se vive un Estado de democracia, es decir, existen elecciones competitivas, separación de poderes y respeto a los derechos civiles”, enfatizó Mora.
Conflicto entre el Presidente y la Corte Constitucional
El conflicto se desató el 4 de agosto, cuando la Corte Constitucional suspendió de forma cautelar varios artículos de tres leyes promovidas por el Ejecutivo: la Ley de Solidaridad Nacional, la Ley de Inteligencia y la Ley de Integridad Pública.
Estas normas incluían, entre otros, facultades extraordinarias para los cuerpos de seguridad, la obligación de compartir datos personales y la posibilidad de indultar anticipadamente a policías y militares.
La suspensión fue producto de múltiples demandas de inconstitucionalidad, lo que desató una fuerte respuesta del Gobierno al considerar que se obstaculiza su estrategia para combatir la creciente violencia.
Es por eso que, el 12 de agosto, Daniel Noboa encabezó una masiva marcha en Quito, calificando a la Corte como “enemiga del pueblo”, mientras carteles con las fotos y nombres de los jueces circulaban por la ciudad, lo que fue interpretado como un acto de hostigamiento.
De hecho, organismos internacionales como la CIDH, la ONU, Human Rights Watch y Amnistía Internacional advirtieron que esas acciones ponen en riesgo la independencia judicial y la integridad de los magistrados. La Corte, a su vez, denunció la militarización de sus alrededores y alertó que el retiro del vallado de seguridad y el despliegue militar constituían acciones que “comprometen la seguridad institucional”.
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