No hay evidencia de que el Gobierno se haya comprometido a una reducción de salarios públicos
El FMI propone un ajuste gradual del gasto estatal, por lo que se plantea una reducción paulatina del gasto salarial en sueldos totales entre 2025 y 2028, equivalente a un ahorro anual de 0,2 y 0,3% del PIB. Sin embargo, esto no significa una disminución de sueldos, sino que puede incluir las desvinculaciones.
POR: Redacción Ecuador Chequea
El 25 de abril de 2024, Ecuador y el Fondo Monetario Internacional (FMI) alcanzaron un acuerdo técnico para un programa de crédito tipo Servicio Ampliado (SAF) por $4.000 millones, con duración de 48 meses, es decir hasta 2028.
El documento contiene todos los compromisos del Gobierno de Daniel Noboa frente al FMI, tiene 122 páginas y se han ido actualizando.
Bajo este contexto, una publicación en Facebook asegura que Daniel Noboa se comprometió con el FMI a bajar los sueldos en el sector público. Se califica este contenido como falso. El FMI propone una reducción paulatina del gasto salarial en sueldos totales entre 2025 y 2028, equivalente a un ahorro anual de 0,2 y 0,3 % del PIB, es decir entre 258 millones, dentro de un plan fiscal más amplio. No se habla de recortar los sueldos existentes de manera directa. Las medidas para lograr el ajuste incluyen limitación de nuevas plazas, eficiencia en contratación y control del crecimiento de la nómina. El Gobierno por su lado se compromete a planificar los aumentos de personal y salarios, previa evaluación para mantener la funcionalidad del Estado.
Cabe aclarar que esta no es la primera vez que circulan este tipo de contenidos, pues cada 15 días vuelven a circular en redes sociales.
Al analizar el más reciente informe del FMI titulado: “Segunda revisión en el marco del Acuerdo Ampliado del Fondo Ampliado, solicitud de aumento y reprogramación de la fecha de disponibilidad para la tercera revisión, y revisión de las garantías de financiamiento – Comunicado de prensa; Informe del personal; y Declaración del Director Ejecutivo para Ecuador”, se encontró que fue publicado el 21 de julio. Es decir, cuatro días antes de que el Gobierno anunciara el despido de 5.000 funcionarios.
El documento tiene 129 páginas y en la página 54 de este documento, el FMI propone un ajuste gradual del gasto salarial entre 2025 y 2028, como parte de un plan integral de consolidación fiscal.
Este ajuste, según la entidad, representa entre 0.2 % y 0.3 % del PIB por año, lo que equivale a unos $258 a $387 millones anuales.
El Fondo aclara que este ajuste no implica necesariamente despidos, ya que puede alcanzarse mediante alternativas como el congelamiento de nuevas incorporaciones, el aumento de la eficiencia operativa o la moderación del crecimiento automático del gasto público.
En la página 69 del informe se lee a lo que se comprometió el Gobierno de Noboa:
“Gasto Salarial del Sector Público: Nos comprometemos a continuar los esfuerzos para contener el gasto salarial del sector público, aprovechando los esfuerzos realizados en los últimos años. Para ello, planeamos limitar los aumentos de personal y de salarios. Con este fin, en 2024 emitimos una norma que exige que todos los salarios del sector público tengan un límite inferior al salario del Presidente. También revisaremos y optimizaremos los contratos temporales. La estrategia se elaborará cuidadosamente para garantizar la prestación de servicios públicos de calidad y la necesaria contratación de personal policial adicional y de las fuerzas de seguridad nacional para contrarrestar la crisis de seguridad”.
Al leer los dos textos se evidencia que esto no implica una reducción directa de los sueldos individuales de los servidores públicos, pues se trata de dos conceptos distintos.
Cabe aclarar que reducir el gasto salarial significa disminuir el gasto total en remuneraciones como porcentaje del PIB. Para alcanzarlo, se propone aplicar mecanismos como: congelar nuevas contrataciones, no reemplazar vacantes cuando se produzcan jubilaciones o retiros, frenar el crecimiento automático del gasto en nómina mediante contratos temporales o promociones y mejorar la eficiencia en la gestión del personal.
Por otro lado, bajar los sueldos individuales implicaría recortes de sueldo nominales a los empleados, lo que no es parte del planteamiento del FMI, pues en ninguna parte del documento se lee esto. Aseguran que el ajuste se logra por otras vías, no por reducción directa de ingresos.
Esta desinformación circula desde el 24 de julio, luego de conocerse la desvinculación de aproximadamente 5.000 funcionarios públicos como parte de un plan de eficiencia administrativa, así lo informó el Gobierno.
Esta decisión, aseguraron, forma parte de un proceso más amplio de reorganización del aparato estatal, que incluye la fusión de ministerios y secretarías, con el objetivo de modernizar y optimizar el funcionamiento del Estado.
La portavoz de la Presidencia, Carolina Jaramillo, explicó que la medida se aplica principalmente a personal de la Función Ejecutiva y del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), especialmente en áreas administrativas.
Además, aclaró que los despidos no afectarían a médicos, maestros, policías, militares ni a personas en situación de vulnerabilidad. Según Jaramillo, cada caso ha sido evaluado individualmente con informes técnicos que determinan si el funcionario en cuestión está cumpliendo o no con su rol dentro de la estructura estatal.
Así, el enfoque de la reestructuración no es únicamente reducir el tamaño del Estado, sino mejorar su eficiencia eliminando redundancias y posiciones innecesarias.
Las autoridades han insistido en que esta reorganización no responde a exigencias del Fondo Monetario Internacional (FMI) ni a presiones externas, sino a una estrategia propia del Gobierno para equilibrar las finanzas públicas y racionalizar el gasto estatal.
La medida ha generado fuertes reacciones por parte de organizaciones sindicales y de trabajadores del sector público. Entidades como el Frente Unitario de Trabajadores (FUT), la Unión Nacional de Educadores (UNE) y otras organizaciones han calificado a los despidos como una acción política disfrazada de eficiencia técnica, y argumentan que las desvinculaciones podrían afectar derechos laborales.
El Gobierno ha defendido su decisión como una acción necesaria para garantizar un uso más eficiente de los recursos del Estado.
A través del Decreto Ejecutivo 60, expedido minutos después del anuncio, el Presidente de la República concretó la fusión de ministerios y secretarías, que anticipó la Vocera de Carondelet.
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