No hay registros de que Annabella Azín haya dicho lo que se le atribuye
En sus redes sociales no se encontró declaraciones con la supuesta afirmación. Tampoco ha dado ninguna declaración al respecto. Además, tampoco hay registro de la declaración en ningún medio de comunicación.
POR: Redacción Ecuador Chequea
Los temas sensibles para la ciudadanía también son usados por la desinformación para crear falsos contenidos. Estos se viralizan con rapidez debido a que apelan a las emociones de los usuarios digitales.
Por ejemplo, una publicación en Facebook asegura que la asambleísta oficialista Annabella Azín habría dicho: “En cualquier trabajo público o privado empresas o fábricas, se contratará sólo menores de 40 años, mayores de 40 años serán despedidos, ya no sirven para trabajar”. Se califica este contenido como falso. No hay registros de que Azín se haya referido a despidos. En sus redes sociales tampoco ha publicado dicha afirmación. Tampoco ningún medio de comunicación ha reportado la supuesta declaración.
Frente al contenido, se revisaron las declaraciones más recientes de Annbella Azín, quien además es madre del presidente, Daniel Noboa. En este monitoreo no se encontró que la legisladora oficialista haya realizado ninguna afirmación relacionada con despidos por edad en sus intervenciones.
En su cuenta oficial de X, hay tres publicaciones recientes; sin embargo, en ninguna publicación se encontró dicha afirmación.
Por ejemplo, el 7 de agosto, Azín compartió una fotografía en la que se hacía la convocatoria a la marcha oficialista hacia la Corte Constitucional convocada por el Primer mandatario para el 12 de agosto.
En otro post, el 10 de agosto publicó un mensaje referente al Primer Grito de Independencia. Annabella Azín escribió: “216 años después seguimos siendo herederos de un grito que jamás se apaga; libertad para soñar, trabajar y construir un Ecuador nuevo y digno”.
El último movimiento en sus redes sociales fue el 14 de agosto, cuando se informó que, en la Comisión de Derecho a la Salud y Deporte de la Asamblea, aprobó, con ocho votos a favor y dos abstenciones, el informe para primer debate del Proyecto de Ley Orgánica para la Atención Integral del Cáncer, el cual deberá ser sometido a análisis en una sesión plenaria del Legislativo.
La ponente del informe para el primer debate en el Pleno será la oficialista Anabella Azín.
Por otro lado, la frase que se publica en el contenido desinformativo fue colocada en el buscador de Google, pero tampoco se encontró ningún reporte de medios al respecto.
Cabe aclarar que esta desinformación circula desde el 24 de julio, luego de conocerse la desvinculación de aproximadamente 5.000 funcionarios públicos como parte de un plan de eficiencia administrativa, según el Gobierno.
Esta decisión- indicaron- forma parte de un proceso más amplio de reorganización del aparato estatal, que incluye la fusión de ministerios y secretarías, para modernizar y optimizar el funcionamiento del Estado.
La portavoz de la Presidencia, Carolina Jaramillo, explicó que la medida se aplica principalmente a personal de la función Ejecutiva y del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), especialmente en áreas administrativas.
Además, aclaró que los despidos no afectarán a médicos, maestros, policías, militares ni a personas en situación de vulnerabilidad. Según Jaramillo, cada caso ha sido evaluado individualmente con informes técnicos que determinan si el funcionario en cuestión está cumpliendo o no con su rol dentro de la estructura estatal.
“Cada Ministerio y cada cartera de Estado elaborará su propio cronograma, digamos, para una elaboración de procesos y sobre los procesos de desvinculación, las liquidaciones y procesos de cada persona. Hay funcionarios que tienen nombramientos, nombramientos provisionales y contratos vocacionales. Entonces, eso tiene muchísimo que ver con los montos que se pagan para tu desvinculación. Sin embargo, sí quiero ser muy clara, digamos el Gobierno, el Estado tiene los recursos para poder hacer estas desvinculaciones de manera formal”, aseguró.
Así, el enfoque de la reestructuración no es únicamente reducir el tamaño del Estado, sino mejorar su eficiencia eliminando redundancias y posiciones innecesarias.
Las autoridades han insistido en que esta reorganización no responde a exigencias del Fondo Monetario Internacional (FMI) ni a presiones externas, sino a una estrategia propia del Gobierno para equilibrar las finanzas públicas y racionalizar el gasto estatal.
La medida ha generado fuertes reacciones por parte de organizaciones sindicales y de trabajadores del sector público. Entidades como el Frente Unitario de Trabajadores (FUT), la Unión Nacional de Educadores (UNE) y otras organizaciones que han calificado los despidos como una acción política disfrazada de eficiencia técnica, argumentan que las desvinculaciones podrían afectar derechos laborales.
El Gobierno ha defendido su decisión como una acción necesaria para garantizar un uso más eficiente de los recursos del Estado.
A través del Decreto Ejecutivo 60, expedido minutos después del anuncio, el Presidente concretó la fusión de ministerios y secretarías, que anticipó la Vocera de Carondelet.
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