Abdalá Bucaram y su abogado aseguran que no pedirán 200 millones
Aunque hay reportes de prensa de 2015 que establecieron que ese fue uno de sus pedidos, ahora ellos no hablan de un monto específico. La CIDH ha notificado al Estado que debe explicar, en un plazo de tres meses, los fundamentos legales y médicos que respaldaron el juicio político contra Bucaram en 1997.
Abdalá Bucaram fue presidente entre el 10 de agosto de 1996 al 6 de febrero de 1997. En ese año, fue destituido de la Presidencia con 44 votos del Congreso, por incapacidad mental. Entonces, Rosalía Arteaga asumió la Presidencia, pero finalmente Fabián Alarcón, presidente del Congreso, se quedó en el mandato.
Una publicación en Facebook asegura que, si Abdalá Bucaram gana, recibirá 200 millones como indemnización. Esto, porque la CIDH pide explicaciones al país por su destitución. Se califica este contenido como engañoso. Bucaram y su abogado aseguran en la actualidad que no pedirán 200 millones de dólares. Aunque sí hay reportes de prensa del 2015, en los que aseguran que ese fue uno de sus pedidos. Recientemente, la CIDH ha notificado al Estado ecuatoriano que debe explicar en un plazo de tres meses los fundamentos legales y médicos que respaldaron el juicio político contra Bucaram en 1997, específicamente la alegada «incapacidad mental». Actualmente, el expresidente asegura que no se trata de un tema en el que se busca una reparación económica y, más bien se buscaría sentar un precedente jurídico.
El contenido de Facebook describe: “La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha solicitado al Estado ecuatoriano que justifique la destitución del expresidente Abdalá Bucaram Ortiz, ocurrida en febrero de 1997. La petición fue presentada por Bucaram en 2015, y ahora el organismo internacional ha otorgado un plazo de tres meses —con posibilidad de prórroga— para que Ecuador responda oficialmente”.
Para verificar esta información, Ecuador Chequea se comunicó con la Cancillería, pues se asegura que a esta entidad fue enviada la supuesta carta. Sin embargo, hasta el cierre de esta nota no se ha obtenido ninguna respuesta.
Frente a esta información, se revisaron las recientes declaraciones del abogado de Abdalá Bucaram, Jorge Sosa, en los diferentes espacios, quien informó que la CIDH dio al Estado tres meses, más un mes de prórroga, para que se pronuncie sobre las causas por las que el expresidente Bucaram, quien fue destituido del cargo por el entonces Congreso Nacional en febrero de 1997. Es decir, que Ecuador tiene un plazo de cuatro meses para dar una respuesta a la CIDH.
El pedido se enmarca en una demanda presentada en 2015 por Bucaram ante la CIDH, en la que solicita que se declare responsable al Estado por la violación de sus derechos al debido proceso, a la tutela judicial efectiva y a la integridad personal, entre otros. Según argumenta, su destitución de la Presidencia se produjo por una supuesta «incapacidad mental» y sin un juicio político que le permitiera ejercer su derecho a la defensa.
La solicitud de información fue notificada el pasado lunes al Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana.
En su respuesta, el Estado deberá explicar si el proceso fue legal y precisar si acepta los hechos denunciados por Bucaram o si los rechaza, según ha explicado Sosa a varios medios de comunicación.
El post asegura que recibirá una indemnización de 200 millones de dólares, frente a esto, Sosa también se pronunció. En Radio Pichincha aseguró que no se ha pedido esa cantidad de dinero. De hecho, aseguró que la situación va más allá de lo económico.
“Con respecto a la parte económica hay un reglamento interno en Ecuador que establece las variables para poder definir sobre casos similares (..) Se ha hablado por ahí, que nosotros hemos pedido 200 millones de dólares, lo cual obviamente es completamente falso. Porque en este tipo de demandas el momento en el cual se cuantifica, si no hay una solución amistosa es cuando ya está el informe de fondo y notifica al Estado, recién ahí es que la Comisión me da un plazo de un mes para que yo presente mi pretensión económica. No son demandas en las cuales yo cuantificó en la denuncia inicial. Entonces, es completamente falso que hayamos cuantificado 200 millones de dólares, tampoco creo que la comisión daría una cantidad así o que el Estado estaría dispuesto a aceptar. Yo creo que hay que ver todos los parámetros para ver si se pueden probar para determinar cuál podría ser una indemnización adecuada”, enfatizó Sosa.
En esto también fue enfático, Bucaram, quien en el portal digital La Posta negó que esté pidiendo 200 millones de dólares.
“En la demanda nadie pide 200 millones de dólares, quien pide eso, eres tú y 40 periodistas que les encanta hacer escándalo y denigrar la razón. No es justo que mientras que Abdalá pide 200 millones, no es justo”, comentó Bucaram.
Además, en su cuenta de X, el expresidente dijo: “Mi demanda actual no aspira a una recuperación tan estúpida como marca la prensa. Yo necesito un reconocimiento tácito de que fue un golpe de estado y la recuperación de la dignidad de mi apellido. Hablar de $200 millones es un absurdo con lo que los golpistas pretenden desviar el centro de la acusación que es clarísimo. Una mafia política cometió un crimen político y deben pagarlo, ese es el punto”.
Al revisar los reportes de prensa de 2015, dos medios de comunicación, Ecuavisa y El Comercio informaron que en la demanda presentada en ese entonces por Bucaram, se pidieron 200 millones de dólares.
“En el documento, de 39 páginas, el exmandatario estima que «el daño emergente, lucro cesante y daño moral del que ha sido víctima asciende a 200 millones de dólares», se lee en el reporte de Ecuavisa.
En la nota de El Comercio dice: “Dentro de las peticiones concretas que insta a cumplir el documento, está que la CIDH “declare responsable al Estado ecuatoriano de las violaciones de los artículos 1.1, 5, 8,9, 25, de la Convención Americana de Derechos Humanos”, también llamada Pacto de San José. Bucaram busca una indemnización de USD 200 millones por supuestos daños morales”.
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