La restricción impuesta por el presidente Noboa se enfrenta a cuestionamientos, en medio de las limitaciones que implica a las ciudades. Se trata de una extensión al Estado de Excepción vigente en 4 provincias desde inicios de julio.

“El cantón Camilo Ponce Enríquez está muy vinculado a Machala. Por lo tanto, este toque de queda afecta no sólo los traslados comerciales y turísticos, sino también los de estudios y otras actividades diarias. Es una gran afectación, aunque entendemos que se implementa para combatir la criminalidad». Es la reacción del empresario Patricio Torres, al evaluar los primeros tres días del toque de queda ordenado por el presidente, Daniel Noboa, en ese cantón y en otras 20 ciudades del país.

Torres considera que el toque de queda y otras restricciones del estado de excepción vigentes desde julio en Camilo Ponce, resultan insuficientes para abordar la inseguridad en la zona.

“Se deben planificar nuevas medidas de seguridad que respondan a la realidad local”, añadió Torres. “Estas medidas deben ser discutidas con los diferentes sectores de la sociedad y no solo decididas por las autoridades nacionales y provinciales”.

No es un comentario aislado. Responsables de un hotel y de otras dos empresas comerciales de la misma ciudad también expresaron su exigencia de medidas de mayor eficacia para enfrentar el clima de inseguridad tanto al interior de Camilo Ponce como en las carreteras que conectan con el resto de cantones del Azuay, Guayaquil y Machala.

EL ANÁLISIS

Renato Rivera, director del Observatorio Ecuatoriano del Crimen Organizado, sostiene que el reciente toque de queda ordenado por el presidente Noboa no es eficaz. Rivera la describe como una medida reactiva, que no forma parte de una estrategia integral para comprender, enfrentar y prevenir la criminalidad en las zonas que desde febrero anterior, tras un mes del reconocimiento de la existencia de un conflicto armado no internacional, experimentaron incrementos sustanciales de homicidios, en especial en Los Ríos.

“Desde la declaración del conflicto armado no internacional, el Gobierno ha observado que cada vez es menos efectivo el Estado de Excepción en la reducción de homicidios, los cuales casi se han duplicado desde febrero de este año”, comentó Rivera.

Agregó que en Los Ríos, el aumento de la violencia se debe no sólo al narcotráfico, sino también a extorsiones y secuestros extorsivos, que están afectando cada vez más las dinámicas comerciales y las vías de conexión con Guayas. En la Amazonía, en cambio, la violencia es impulsada por grupos criminales locales y colombianos involucrados en la minería ilegal.

“He sido muy crítico con los estados de excepción porque la militarización, que se ha implementado desde 2019, no ha mostrado resultados efectivos en la reducción de homicidios. Esmeraldas es un claro ejemplo; aunque ha visto una disminución de la violencia, esto no se debe directamente a la militarización, sino a otras dinámicas. Durán también ilustra este problema; a pesar de estar militarizada desde 2019, no ha logrado reducir la violencia”, agregó Rivera.

“Las organizaciones criminales se adaptan a la militarización, y los toques de queda resultan ineficaces en un contexto donde los homicidios no se cometen necesariamente durante la noche. Los homicidios se trasladan a los sitios donde los militares no están haciendo controles. Las Fuerzas Armadas generalmente realizan controles en los ingresos de las ciudades y no necesariamente en el interior”, declaró el experto.

Sin justificación estadística

El presidente Noboa ordenó el jueves un toque de queda de 26 días en 21 ciudades costeras y amazónicas, sin proporcionar nuevas estadísticas sobre el impacto de la violencia criminal.

La medida se implementó como una extensión del Decreto Ejecutivo 318, emitido el 2 de julio, que declaró un Estado de Excepción en Guayas, Los Ríos, Manabí, Orellana, Santa Elena, El Oro, y en el cantón Camilo Ponce Enríquez, en Azuay, por 60 días, hasta el 2 de septiembre. 

Aunque el decreto original no incluía un toque de queda, la extensión mediante el Decreto 351 sí lo establece, focalizado a la siguiente veintena de localidades de 4 provincias.

AZUAY

1. Camilo Ponce Enríquez

LOS RÍOS

1. Babahoyo
2. Buena Fe
3. Quevedo
4. Pueblo Viejo
5. Vinces
6. Valencia
7. Ventanas
8. Mocache
9. Urdaneta
10. Baba
11. Palenque
12. Quinsaloma
13. Montalvo

GUAYAS

1. Durán
2. Balao
3. Parroquia Tenguel, en Guayaquil

ORELLANA

1. La Joya de los Sachas
2. Puerto Francisco de
3. Orellana
4. Loreto

El decreto 318 justificaba el Estado de Excepción invocando una «grave conmoción interna» y «conflicto armado interno», reconocidos oficialmente en enero, además de citar un aumento en los homicidios en esas áreas entre el 1 de marzo y el 19 de junio, con incrementos que oscilan entre el 1,4% y el 44,8%, como se puede apreciar en la siguiente captura de pantalla del documento:

En las localidades bajo el toque de queda y en las provincias contempladas en el decreto original, se mantienen vigentes restricciones a tres derechos garantizados por la Constitución:

1. Derecho a la inviolabilidad de domicilio: militares y policías están autorizados para llevar a cabo allanamientos y requisas con el objetivo de desarticular presuntos grupos armados organizados.
2. Derecho a la inviolabilidad de correspondencia: los uniformados pueden inspeccionar mensajes y comunicaciones, tanto físicas como electrónicas, para evitar el ocultamiento de presuntos delincuentes.
3. Derecho a la libertad de asociación y reunión: se restringen reuniones, concentraciones, eventos y otras actividades que puedan amenazar la seguridad y el orden público.

ESTADÍSTICAS

Un informe reciente de la ministra del Interior, Mónica Palencia, revela una disminución en las muertes violentas durante 2024. Hasta el 29 de julio, se habían registrado 3.508 muertes violentas desde el comienzo del año, lo que representa una disminución del 19% en comparación con las 4.307 reportadas en el mismo período del año anterior.

El Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado atribuye gran parte de la violencia a las bandas de crimen organizado, especialmente las involucradas en el narcotráfico: en 2023, Ecuador presentó una de las tasas de homicidios más altas de América Latina, con 47,2 homicidios por cada 100.000 habitantes.

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