La Contraloría detectó irregularidades en el patrimonio de 59 jueces
La información fue confirmada por la Contraloría. Desde noviembre de 2023 se han realizado 108 exámenes especiales a las declaraciones patrimoniales de servidores judiciales, de los cuales 59 presentan indicios de responsabilidad penal. Estos informes han sido remitidos a la Fiscalía para su investigación.
POR: Redacción Ecuador Chequea
El 10 de junio, el ministro del Interior, Jhon Reimberg, llamó a una “depuración exhaustiva” de jueces y fiscales tras conocerse que varios fallos favorecieron a presuntos criminales. El Consejo de la Judicatura también anunció auditorías al control disciplinario interno por existencias de “espíritu de cuerpo”, que protege a funcionarios judiciales.
Al respecto, una publicación en TikTok asegura que la Contraloría detectó irregularidades en el patrimonio de 59 jueces. Se califica este contenido como cierto. La información fue confirmada por la Contraloría a Ecuador Chequea. Desde noviembre de 2023, se han realizado 108 exámenes especiales a las declaraciones patrimoniales juradas de servidores judiciales, de los cuales 59 presentan indicios de responsabilidad penal. Estos informes han sido remitidos a la Fiscalía para su investigación.
Frente al contenido, este medio se comunicó con la Contraloría General del Estado, quienes aseguraron que desde el 28 de noviembre de 2023 hasta ahora, la entidad ha realizado exámenes a los patrimonios de 139 jueces y servidores judiciales, y de 21 fiscales y agentes fiscales, aprobándose hasta el momento 49 informes generales y 59 informes con indicios de responsabilidad penal (IRP), en tanto que 52 auditorías se encuentran en ejecución.
“Los informes IRP han sido enviados a la Fiscalía General del Estado a fin de que se inicie el proceso correspondiente en el marco de sus competencias. Esto quiere decir que se hallaron irregularidades en los montos de activos y pasivos”, aseguraron.
Además, la Contraloría está llevando a cabo 52 auditorías adicionales, enfocadas en jueces y fiscales, basadas en denuncias ciudadanas, reportes mediáticos y solicitudes de la Asamblea. Estas acciones forman parte de un programa más amplio del Gobierno para combatir la corrupción y garantizar la transparencia en el sistema judicial.
Se ha puesto énfasis en los jueces que han otorgado medidas sustitutivas a prisión preventiva a procesados por delitos graves, como asesinato, narcotráfico, secuestro y extorsión. El Gobierno ha anunciado que se investigará el patrimonio y la licitud del origen de fondos de estos funcionarios y sus familiares directos.
La entidad, además, aseguró que con el propósito de fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas en el aparato estatal, la Contraloría General del Estado ha incluido en su plan anual de control para 2024 y 2025 un programa de auditorías dirigidas a revisar las declaraciones patrimoniales juradas de diversas autoridades públicas.
Este esfuerzo se lleva a cabo en cumplimiento del marco jurídico vigente y se centra especialmente en los funcionarios del Consejo de la Judicatura y de la Fiscalía.
“De conformidad con lo establecido en el artículo 231 de la Constitución de la República del Ecuador, el numeral 9 del artículo 31 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, la Ley de Presentación y Control de Declaraciones Patrimoniales Juradas, y el Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos de la Contraloría, este organismo posee la facultad de emitir órdenes de trabajo para realizar auditorías a las declaraciones patrimoniales juradas de servidoras y servidores públicos. En tal virtud, y como parte integral de su Plan Anual de Control para 2024 y 2025, se programaron varias auditorías a servidores públicos de entidades como el Consejo de la Judicatura y la Fiscalía General del Estado”, dijeron.
La Contraloría, además, asegura que las auditorías se planifican sobre la base de la capacidad operativas de las unidades de control de la Institución y, sobre criterios de priorización, considerando la información que consta registrada en los formularios de declaración patrimonial registrada por los servidores públicos.
“Cabe señalar que, sobre la base de pedidos o denuncias la institución también puede iniciar con auditorías, tal es el caso que, en marzo de 2024, la Comisión Especializada Permanente de Fiscalización y Control Político de la Asamblea Nacional, solicitó que se realicen auditorías de las declaraciones patrimoniales presentadas y exámenes especiales a los jueces y fiscales del Ecuador segregados por provincias y la instancia donde administra justicia (primer nivel, Corte Provincial y Corte Nacional)”, comentaron.
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