Comisión legislativa sí propone la reforma de la Ley de Solidaridad Nacional sobre indulto
El proyecto de Ley de Integridad Pública, que actualmente se trata en la Asamblea, sí incluye estas reformas. La imagen fue publicada originalmente por Primicias, aunque la página la usó y manipuló posteriormente.
POR: Redacción Ecuador Chequea
La labor de la Asamblea Nacional sigue en el centro del debate, aun con la llegada de las nuevas autoridades al Legislativo. Sus primeras acciones se han puesto sobre la palestra pública en las últimas semanas, a través de críticas y posiciones enfrentadas sobre las leyes que se están tramitando y las que ya se han aprobado en el Pleno.
Una publicación realizada en Facebook por la página ‘593: x/100pre correísta’, por ejemplo, asegura que la Ley de Solidaridad Nacional lleva siete días vigente y “Comisión ya propone reformarla para corregir error sobre indulto”. Esto, acompañado de una imagen en la que se ve una fotografía de los miembros de la Comisión de Desarrollo Económico, presidida por la legisladora oficialista Valentina Centeno, y el logo de Primicias. Además, se lee una frase de color morado en la que se lee: “El nuevo Ecuador”.
Calificamos este contenido como cierto. El proyecto de Ley de Integridad Pública, que actualmente se trata en la Asamblea, sí incluye estas reformas. La imagen fue publicada originalmente por Primicias, aunque la página la usó y manipuló posteriormente.
Para verificar este contenido, Ecuador Chequea examinó las redes sociales y la página web de Primicias, proceso en el que se encontró que la imagen que se utiliza en el post fue publicada, sin modificaciones, originalmente por el medio de comunicación el 17 de junio. Sin embargo, se encontró también que la frase: “El nuevo Ecuador” no se incluyó en la composición original ni la fecha que se lee bajo el logo del medio.
La Ley de Solidaridad Nacional nace de una propuesta enviada por el presidente, Daniel Noboa a la Asamblea el pasado 17 de mayo, que en ese entonces llevaba el nombre de Ley Contra la Economía Criminal. Este texto, desde el principio, en su composición incluía la opción de que el Ejecutivo pueda brindar indultos anticipados a servidores de la fuerza pública que sean investigados por presuntos delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones. Esto, junto con otras reformas y disposiciones que fueron ampliamente criticadas por varios sectores.
Tras los debates, tanto en la Comisión de Desarrollo Económico, dado que el proyecto fue enviado como económico urgente, como en el Pleno; esta sección se mantuvo hasta el último informe del Legislativo, aunque cambiando la figura de indulto anticipado a la de indulto diferido. Esto también modificó el momento en el que se permitía dar el indulto, estableciendo que, contrario a la propuesta inicial del Ejecutivo, este no podría darse en la investigación previa, sino que sería una herramienta que suspendería la prisión preventiva en el proceso penal y se aplicaría una vez que la sentencia se encuentre ejecutoriada.
Esta figura, incluida en el informe de segundo debate de la Asamblea, se aprobó con 84 votos a favor el sábado 7 de junio de 2025 en el Legislativo. Y fue publicada en el Registro Oficial dos días después, el 9 de junio.
Sin embargo, como parte del tratamiento de la Ley de Integridad Pública, que también se encuentra en la Comisión de Desarrollo Económico, que también fue envíada con carácter económico urgente el 27 de mayo por Noboa, la Comisión ya incluyó reformas a la primera Ley aprobada y al Código Orgánico Integral Penal en relación al indulto diferido.
Como parte de la disposición quinta de la ley que ya está en debate en el Pleno, se incluyen dos reformas a la Ley Orgánica de Solidaridad Nacional. Una de estas cambia el texto incluído en el artículo 14 de la ley, que dicta:
“En ningún caso podrán ser beneficiarios de esta medida quienes se encuentren procesados por delitos contra la administración pública, genocidio, tortura, desaparción forzada de personas, secuestro y homicidio por razones políticas o de conciencia”.
Con la reforma se busca cambiar ese texto por el siguiente:
“En ningún caso podrán ser beneficiarios de esta medida quienes se encuentren procesados por delitos contra la eficiencia de la administración pública, a excepción del delito de extralimitación en la ejecución de un acto de servicio. Tampoco podrán beneficiarse del indulto presidencial con efecto diferido en el marco del conflicto armado interno quienes se encuentren procesados por delitos de genocidio, tortura, desaparición forzada de personas, secuestro y homicidio pro razones políticas o de consciencia”.
Así, el cambio que plantea la Asamblea en este inciso busca excluir de quienes no pueden acceder al indulto a los funcionarios que hayan cometido presuntos delitos relacionados a la extralimitación en la ejecución de un acto de servicio, lo que refuerza la posición a favor de las fuerzas del orden.
Asimismo, el proyecto de Ley de Integridad Pública también busca con su segunda disposición reformatoria corregir un error de fondo que existe en la Ley de Solidaridad Nacional aprobada. Esta, en el inciso 1 sustituye el numeral 8 del artículo 72 del Código Orgánico Integral Penal.
En este apartado, el problema radica en que la reforma penal que incluía el nuevo indulto presidencial diferido en la lista de formas de extinción de las penas, mantuvo la figura como “indulto anticipado”. Es decir, mientras no se corrija ese error, hay una discordancia entre la nueva Ley de Solidaridad Nacional y la última reforma al Código Orgánico Integral Penal.
Por esto, la Comisión de Desarrollo Económico decidió también incluir esta reforma penal, al artículo para cambiar el “indulto anticipado” por un “indulto presidencial con efecto diferido en el marco del conflicto armado interno”. Habrá que esperar a que esta nueva ley sea aprobada para poder corregir el error.
Así, se puede ver que lo que dice la publicación es cierto y las reformas llegan 10 días después de la aprobación de la Ley de Solidaridad Nacional en el mismo Legislativo. Además, cabe recordar que la Ley de Integridad Pública superó ya el primer debate en el Legislativo el 16 de junio; por lo que todavía tiene un debate pendiente en el Pleno antes de poder ser aprobada.
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