Los consejeros aseguran que han actuado en el marco de la Ley en la designación de diferentes autoridades; pero sus interpelantes presentaron sus acusaciones, en medio de la polémica por la cercanía de las elecciones. 

En la Comisión de Fiscalización de la Asamblea continúan las comparecencias dentro del juicio político planteado contra los siete vocales del Consejo de Participación Ciudadana (CPC), por presunto incumplimiento de funciones.

Está previsto que, a partir del viernes, cuando concluya la etapa de pruebas de cargo y de descargo, inicie la redacción del informe no vinculante, que será presentado al Pleno, para que determine si hay censura y destitución o no. 

Dos solicitudes de juicio se presentaron y, finalmente, se unificaron en un solo proceso. La primera fue presentada por los asambleístas del ala rebelde de Pachakutik Ángel Maita y Mireya Pazmiño, en contra de los consejeros de mayoría: Hernán Ulloa, María Fernanda Rivadeneira, Ibeth Estupiñán y Francisco Bravo; la segunda fue presentada por Ricardo Vanegas y José Chimbo, de esa misma bancada pero del ala orgánica, contra la totalidad de consejeros. Es decir, los cuatro de mayoría más los tres de minoría: David Rosero, Xavier Dávalos y Sofía Almeida.

Los cuestionamientos contra las autoridades son varios, van desde irregular designación del Superintendente de Ordenamiento Territorial, cuestionamientos al reglamento para seleccionar al Contralor General, hasta conflicto de intereses en la designación del Defensor del Pueblo, César Córdova; e incumplimiento de funciones en el proceso de remoción de Fausto Murillo como vocal del Consejo de la Judicatura. 

Días polémicos

El proceso se da en medio de la polémica desatada tras la consulta de los consejeros de mayoría a la Procuraduría General, para que establezca si los consejeros que se han presentado para la reelección en los comicios del 2023 son sujetos de juicio político. Una consulta que tendría que absolver el nuevo Procurador, designado por esa mayoría, Juan Carlos Larrea, cuya posesión en el cargo está pendiente de realizarse en la Asamblea.

Ulloa aseguró que aún están analizando si es pertinente o no remitir la consulta a la Procuraduría y aclaró que él no es candidato a la reelección, como sí lo son cinco de sus colegas: Rivadeneira, Rosero, Dávalos, Estupiñán y Bravo. 

Sin embargo, la asambleísta del oficialismo Belén Cordero, integrante de la Comisión de Fiscalización, aseguró que la normativa electoral blinda a los candidatos calificados en general  sólo ante procesos de índole penal, no en casos de fiscalización política. 

La otra polémica que ronda a la mayoría del Consejo de Participación es la designación de Larrea, a pesar de ser accionista del Banco Guayaquil, según consta en el catastro de la Superintendencia de Bancos. Pero Ulla defendió esa designación y aseguró que Larrea fue el único de la terna que no fue impugnado por la ciudadanía. Agregó que la condición de accionista no constituye una inhabilidad o prohibición para ejercer como Procurador. 

La fiscalización 

En el marco de la sustanciación del juicio político, Vanegas presentó 46 pruebas documentales. Dijo que el Consejo de Participación Ciudadana no tenía competencia legal para remover a Murillo como vocal de la Judicatura; que se había designado a Córdova como Defensor del Pueblo a pesar de que poco antes se había desempeñado como secretario general del Consejo de Participación, lo que le daba no uno, sino “siete padrinos” para ocupar el nuevo cargo. “Ese es un conflicto de intereses porque nadie puede designar para un organismo de control a alguien que sale de la misma fuente nominadora”, dijo. Vanegas aseguró que las pruebas presentadas demuestran que los consejeros en los diferentes casos incumplieron con sus funciones, por lo que deben ser sometidos a juicio político en el Pleno de la Asamblea para que los censure y destituya. 

Al momento de ejercer su derecho a la defensa, los consejeros interpelados justificaron sus votaciones en el pleno del organismo y salvaron la responsabilidad de las acusaciones realizadas por los interpelantes. Manifestaron que en todo momento se han ajustado a lo que determina la Ley y los reglamentos de los diferentes concursos o procesos de designación realizados.

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