El 21 de mayo vence el plazo de 10 días hábiles que dio la Comunidad Andina a Ecuador y Colombia para retirar gravámenes y restricciones comerciales. Expertos dicen que la resolución es vinculante; transportistas de Carchi anuncian demanda si el Gobierno no cumple.
La guerra comercial entre Ecuador y Colombia podría terminar en 10 días hábiles “hábiles” o laborables, es decir en dos semanas más, pero no está garantizado.
Esto luego de que ayer la Secretaría General de la Comunidad Andina de Nacionnes, CAN, ordenara a ambos países retirar los aranceles que encarecieron o restringieron el comercio bilateral: a Ecuador, la llamada “tasa de seguridad” o de control aduanero y la restricción de ingreso por Rumichaca; a Colombia, sus aranceles recíprocos y restricciones de ingreso a mercancías ecuatorianas.
Se trata de la resolución 2582 publciada este jueve en la Gaceta Oficial 5755 de la CAN en la que el organismos calificó la tasa impuesta por el gobierno de Daniel Noboa como un “gravamen” contrario al Programa de Liberación andino y dio a Ecuador un plazo máximo de 10 días hábiles contados desde el día siguiente de la publicación para retirarla. Es decir, el retiro debería cumplirse hasta el jueves 21 de mayo.
Similar orden dio la CAN al gobierno del presidente Colombiano, Gustavo Petro, en la Resolución 2583, para que retire el arancel recíproco y restricciones de Colombia.
En su pronunciamiento, el organismo hace referencia al Acuerdo de Cartagena como base jurídica que establece que el Programa de Liberación busca eliminar “gravámenes” y “restricciones de todo orden” sobre productos originarios de los países miembros. También recuerda que eso faculta a la Secretaría General a determinar si una medida unilateral constituye gravamen o restricción.
Consultado por Ecuador Chequea sobre el alcance de esta resolución, el exminsitro de Producción y Comercio Exterior, Julio José Prado fue directo al señalar que “la respuesta concreta es que sí, sí es vinculante para ambos países”.
Sin embargo, dijo, eso no significa que automáticamente se acabe el conflicto comercial en 10 días. Así, explicó que si los gobiernos acatan, el comercio debería empezar a normalizarse. Si uno de los dos impugna o demora el cumplimiento, el conflicto puede trasladarse al plano judicial de la CAN. Si incumplen sin activar una vía jurídica, el choque escalaría a una crisis de cumplimiento del ordenamiento comunitario establecido por el organismo.
En este sentido, Prado explicó que, al ser Ecuador y Colombia parte de la CAN, las normas comunitarias son supranacionales y obligatorias. Por tanto, puntualizó, hay tres escenarios: cumplimiento y fin de la guerra comercial en el plazo fijado; apelación ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; o desacato abierto, que sería el escenario “más peligroso” porque implicaría desconocer una decisión vinculante.
Como es de dominio público, la guerra de aranceles empezó a fines de enero cuando el presidente, Daniel Noboa, ordenó que a partir de febrero se impongan aranceles del 50% a Colombia con el argumento de falta de esfuerzos para controlar la violencia criminal y el narcotráfico en la frontera.
Colombia respondió con medidas espejo. El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia publicó el Decreto 0170 del 20 de febrero de 2026, que adoptó un arancel recíproco del 30% ad valorem a productos importados desde Ecuador y restricciones de ingreso por razones de seguridad nacional.
Después, a fines de abril, el Decreto 0455 del 28 de abril modificó el Decreto 0170 y fijó aranceles de 35%, 50% y 75% para 191 productos ecuatorianos agrupados en 758 subpartidas.
El analista económico Jorge Calderón, también coincidió en que la decisión de la CAN es vinculante porque Ecuador y Colombia están sujetos al marco suprarregional andino. Para él, la orden abre la puerta a reactivar flujos de comercio, logística, servicios y actividad fronteriza, aunque advierte que el problema de fondo no se resuelve solo con eliminar aranceles: la seguridad fronteriza y el control de actividades ilícitas siguen siendo parte de la tensión bilateral.
Consultado por Ecuador Chequea sobre el impacto para ambos países, el analista económico Jorge Calderón, sostuvo que el conflicto golpeó especialmente la dinámica económica de la frontera. Así, dijo que la reducción del comercio no solo afecta a exportadores e importadores, sino también a actividades vinculadas como transporte, logística, servicios, hotelería y comercio local.
“Hemos observado cómo la dinámica económica entre estos dos países por zona de frontera se ha paralizado en base a esta situación que cada vez ha ido escalando más”, dijo Calderón.
Para el economista, el levantamiento de los gravámenes permitiría retomar una relación comercial que sigue siendo importante para Ecuador. Calderón recordó que Colombia continúa entre los principales socios comerciales del país, pese a las restricciones aplicadas durante la disputa.
“A pesar de este tipo de impases por los cuales estamos atravesando, igual la actividad sigue”, afirmó. “Lo ideal sería que estos impases ya no existan y que la actividad comercial pueda reactivarse”.
Calderón también vinculó el conflicto comercial con un problema de seguridad fronteriza más amplio. A su criterio, Colombia debe fortalecer el control en su frontera sur y reconocer el impacto que tienen el narcotráfico y otras actividades ilícitas en Ecuador.
“Es importante que desde el lado colombiano se reconozca que falta más acción con respecto al control de la frontera sur, al aumento del cultivo de drogas, porque al final del día es una situación que nos está permeando como país”, señaló.
En suspenso
Tras la resolución de la CAN, el gobierno no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre el acatamiento de la resolución del organismo.
Ante consultas de periodistas sobre una reacción oficial de la Cancillería, su dirección de comunicación indicó de manera escueta que el tema está siendo analizado de forma coordinada por Aduana, el Ministerio de Producción, Comercio Exterior e Inversiones (MPCEI), la Secretaría General Jurídica de la Presidencia, la Procuraduría General del Estado y la Cancillería en el ámbito diplomático.
También señaló que la competencia constitucional corresponde a la Procuraduría, con sustento técnico del MPCEI.
Transportistas preparan demanda de inconstitucionalidad si el Gobierno no acata orden de la CAN sobre aranceles a Colombia
El gremio de transportistas pesados de Carchi se anticipa a un eventual incumplimiento del Gobierno de Daniel Noboa de la resolución de la Comunidad Andina que ordenó levantar los gravámenes aplicados al comercio con Colombia. Por ello, anunció que presentará una demanda de inconstitucionalidad contra la medida que encareció las importaciones provenientes de ese país.
Pablo Cerón, vicepresidente internacional de la Confederación de Transporte Pesado de Ecuador, dijo a Ecuador Chequea que los transportistas de Carchi recibieron la decisión de la CAN “con esperanza”, pero advirtió que el sector no descarta que el Ejecutivo ecuatoriano decida no cumplirla.
“Nosotros también tenemos conocimiento y estamos conscientes de que posiblemente el Gobierno ecuatoriano no cumpla o no acate la disposición de la Comunidad Andina de Naciones”, afirmó Cerón.
El dirigente sostuvo que, si eso ocurre, acudirá a la Corte Constitucional con una demanda de inconstitucionalidad. Según dijo, la resolución de la CAN servirá como uno de los principales sustentos jurídicos del reclamo.
“Nos hacía falta esta decisión de la CAN de manera contundente, como para apoyarnos en ello y presentar la demanda de inconstitucionalidad”, señaló.
Cerón indicó que los argumentos centrales serán la decisión del organismo andino y la presunta vulneración de derechos de los transportistas y actores económicos de la frontera norte.
“El primer argumento es la decisión de la CAN. El segundo argumento es la vulneración de derechos”, dijo.
El conflicto comercial golpeó con fuerza al transporte pesado en la provincia de Carchi, según el dirigente. Cerón aseguró que unas 150 empresas y más de 5.000 transportistas de esa provincia han sido afectados por la reducción del flujo comercial entre Ecuador y Colombia.
De acuerdo con sus cifras, antes de la medida circulaban alrededor de 300 camiones diarios entre ambos países. Ahora, sostuvo, el tránsito por Rumichaca se redujo prácticamente al mínimo.
“Hoy pasa uno, un vehículo de ida y un vehículo de regreso”, afirmó. “El Puente de Rumichaca es un desierto”.
Cerón también dijo que, en 2025, se realizaron 16.600 viajes de transporte internacional entre Ecuador y Colombia. Añadió que, tras la aplicación de los gravámenes, varios transportistas tuvieron que trasladarse a otras ciudades como Santo Domingo, Guayaquil, Portoviejo y Manta para buscar trabajo.
“El transporte internacional en la provincia del Carchi prácticamente se debilitó al 100%”, aseguró.
El dirigente calificó la tasa como ilegal y sostuvo que los transportistas ya pagan valores asociados a matrícula y rodaje. A su criterio, el Estado no puede cobrar un gravamen adicional bajo el argumento de seguridad.
“La CAN ha ratificado lo que nosotros como transportistas dijimos desde el inicio, que la tasa de seguridad es una llamada tasa ilegal”, dijo.
