El post es antiguo y circula desde junio del año pasado

Aunque Luisa González sí tiene una glosa de Contraloría, no se encontraron registros en Fiscalía ni en la Función Judicial por cohecho. Actualmente González sigue un proceso administrativo para eliminar esa glosa.

Los ecuatorianos volverán a las urnas en febrero del 2025 y hasta que ese día llegue, los movimientos políticos alistan los nombres de quienes podrían estar en esta carrera presidencial.

El hecho tiene a los generadores de desinformación desempolvando publicaciones antiguas para hacerlas pasar como actuales. Un post en Facebook asegura que la excandidata presidencial del correísmo Luisa González está siendo investigada por cohecho y debe una glosa de $800.000. Se califica este contenido como engañoso. La publicación circula desde junio del 2023. Ni en la Fiscalía ni en la Función Judicial hay registros de un proceso por cohecho. Ella apeló la glosa y el caso está en el Contencioso Administrativo, actualmente este caso está en la etapa de auto de sustanciación.

En junio del 2023, Ecuador Chequea verificó el mismo post. Además, realizamos un monitoreo en la Fiscalía General y en la Función Judicial, en ninguna de estas dos entidades se encontraron registros de investigaciones por cohecho contra González, como quiere hacer creer el contenido de Facebook.  Lo que sí se pudo constatar es la existencia de una glosa. 

Al ingresar a la página web de la Contraloría se pudo confirmar la existencia de una glosa (DNPR-01948-80) por $880.473,47, contra Luisa González.  Esta fue emitida el 19 de abril del 2019, con base en el informe de Contraloría DNA1-0002-2019, que detalla: “Examen especial al uso de los aviones presidenciales y vuelos presidenciales (…), por el periodo comprendido entre el 1 de enero del 2012 y el 24 de mayo del 2017”. 

“Se realizaron 33 desplazamientos internacionales en los aviones presidenciales LEGACY y FALCON, 23 vuelos en TAME; y 2 vuelos en la aeronave de PETROECUADOR, sin la autorización de la Presidencia de la República (Subsecretaría General de Despacho Presidencial y/o Servicio de Protección Presidencial), desconociéndose si los viajes fueron o no para el cumplimiento de actividades oficiales, vuelos que costaron al Estado $9’649.761,36, situación originada por cuanto, el Presidente de la República, como máxima autoridad, no emitió disposiciones para asegurar, ni veló por la adecuada administración de los aviones presidenciales respecto del uso de los mismos con la finalidad de salvaguardar los recursos del Estado”, dicta el informe, que incluye a varios servidores públicos. “De los 24 vuelos internacionales con los aviones presidenciales a cargo del GTAE, cuyo destino fueron países que el Servicio de Rentas Internas (SRI) considera como paraísos fiscales, a más de no disponer con la autorización ni el objetivo de viaje, 12 no contaron con el manifiesto de pasajeros en varias de sus rutas ni con los registros de los pesos exactos del equipaje y/o carga”.

Entre los destinos constan: Emiratos Árabes Unidos, Luxemburgo, Panamá, Cabo Verde, Belice, Barbados y Trinidad y Tobago. Luisa González consta en la lista de funcionarios implicados en el informe, por lo que la Contraloría le generó la glosa. 

En ese entonces, la entidad informó a Ecuador Chequea que González apeló al acto administrativo y agotó los recursos de revisión en la Contraloría, por lo que la glosa permanece en firme. 

Pero, González presentó una acción en el Tribunal Contencioso Administrativo, como última instancia de apelación contra la decisión de la Contraloría. 

En el Sistema Automático de Trámite Judicial de Ecuador (Satje), se puede confirmar que el recurso subjetivo, ingresado el 29 de marzo del 2023, contra el Procurador general del Estado y el Contralor General, se mantiene activo y en trámite. Lo último que se conoce sobre este tema es del 30 de enero de este año, en donde se notificó la “auto de sustanciación”, que es la providencia de trámite para la prosecución de la causa, es decir que el proceso continúe. 

Como podemos observar hasta julio del 2024, no hay una sentencia frente a este tema. 

Con este proceso, González buscaría anular la glosa. Sentencias del Tribunal Contencioso Administrativo ya beneficiaron previamente a actores políticos como Marcela Aguiñaga (en el 2022), cuando el Tribunal anuló la glosa por $41 millones por la compra de terrenos del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas. Lo mismo ocurrió en el caso de Pabel Muñoz, a quien el Tribunal anuló una glosa por $19 millones en el 2021.

Como parte de su pasado judicial, González también cuenta con una medida cautelar interpuesta por Andrés Pérez Sandoval, representante del CONSORCIO SPR, cuando fue Secretaria Nacional de Administración Pública.

¿Por qué vuelven a circular antiguas publicaciones? 

El experto digital Pablo Escandón explicó a Ecuador Chequea que la desinformación y quienes manejan estás redes desinformativas “aprovechan”, momentos coyunturales para hacer de las suyas, más cuando empiezan a sonar los nombres para las elecciones presidenciales. 

“Sacar antiguas publicaciones es una de las estrategias de estas redes de desinformación, porque quieren crear un discurso que ya estuvo presente, lo hacen con el fin de que no se les olvide el pasado de los candidatos. Cada uno está identificado con algo”, aseguró Escandón. 

El experto consideró que estas ‘estrategias’ de desinformación, también se van caducando y habrá un punto en el que creen nuevas para hacer creer a la ciudadanía falsos hechos.  

“Cada red tiene su propósito y un discurso bien marcado, pero hay ideas que se caducan, lo único que buscan estas publicaciones es manipular la información a su beneficio, sin mostrar lo que es real. Esto, respondiendo a intereses políticos y personales”, enfatizó.

Escandón recomendó a los usuarios digitales que antes de compartir cualquier contenido se debe hacer un chequeo previo, para evitar la propagación de desinformación.

“Hay que ser responsables con lo que se comparte, con lo que se mira y escucha, dudar de todo siempre es un buen primer paso. Las redes sociales ayudan, pero no pueden ser el único medio para informarse”, dijo el experto. 

Al respecto, la Fundación Gabo compartió un resumen del Digital News Report creado por el Instituto Reuters de la Universidad de Oxford. En el que resalta la preocupación de los usuarios de TikTok y X, redes donde según la investigación se propagan más notas desinformativas generadas o apoyadas por la inteligencia artificial (IA). 

En el documento mencionan que la desinformación sigue siendo un problema latente en la región y algunos “gobiernos han intentado atajarla”. 

“En Brasil hubo intentos fallidos de aprobar una Ley que regularía la desinformación, con fuerte oposición de las empresas tecnológicas, mientras que en Chile se creó una Comisión asesora contra la desinformación, con opiniones encontradas sobre su efectividad y motivación”, se detalla en el informe. 

Esta investigación también dice que la influencia de las redes sociales, especialmente plataformas como TikTok, “están creciendo como fuente de noticias en todos estos países, aunque la confiabilidad de esta información es cuestionada”.  

Te puede interesar:

· Venezolanos mirarán con “arrechera” las elecciones en su país

· Abad entregará a Glas a México al asumir la Presidencia  

· Miles de venezolanos están asaltando y asesinando en Ecuador