En la Asamblea el bloque de ADN quiere recuperar leyes que se quedaron sin efecto por la inconstitucionalidad de la Ley de Integridad Pública o por la negativa a la consulta popular.
A pesar de los resultados adversos en la consulta popular, que le negó al Gobierno la posibilidad de modificar la Constitución, el oficialismo asegura que el país necesita reformas normativas para sacar al país de la crisis que vive, sobre todo en materia de seguridad.
Desde el Presidente de la República, Daniel Noboa, pasando por su ministros y hasta sus asambleístas, han manifestado que no cesarán en su empeño de reformar leyes para combatir la corrupción, el crimen organizado, para mejorar el sistema de administración de justicia, entre otras necesidades.
El asambleísta Adrián Castro (ADN) recordó que en varias ocasiones la oposición indicó que no se necesitan reformas a la Constituciòn para cumplir reformas legales y dotar al país de herramientas legales para combatir la inseguridad, por ejemplo.
Castro señaló que los temas que retomarían son la del incremento de penas para los delitos más graves, el “registro de violadores” o el régimen especial para el crimen organizado. “La oposición ha dicho que no se necesita de una nueva Constitución. Entonces, ahora queremos ver que apoyen lo que verdaderamente necesita el país”, dijo el legislador.
Liliana Durán, asambleísta del correísmo, lamentó que el oficialismo no haya entendido el mensaje que el pueblo le dio en las urnas el 16 de noviembre y quiera revivir temas que ya le fueron negados. “Primero fueron negadas las leyes económicas urgentes que fueron declaradas inconstitucionales por la Corte Constitucional; luego dijeron que todos los problemas se iban a solucionar con el proceso Constituyente, pero el pueblo les dijo que estaban equivocados y ratificaron la Constitución de Montecristi ”, manifestó Duràn.
Lo que ya está en marcha
En septiembre de este año la Corte Constitucional declaró la inconstitucionalidad de las Leyes de Integridad Pública y la de Solidaridad Nacional que habían sido aprobadas por la mayoría oficialista de la Asamblea.
Las sentencias fueron por la forma, básicamente porque no cumplieron con el principio de unidad de materia. En ningún momento los jueces constitucionales se pronunciaron por el fondo, por el contenido mismo de las Leyes.
Desde entonces en la Asamblea el oficialismo incorporó artículos de esas leyes negadas a normativas específicas, de acuerdo a la temática correspondiente. Por ejemplo, está por tratarse en segundo debate el proyecto de Ley reformatoria a varias Leyes para el “Fortalecimiento del Trabajo en el Sector Público y Privado y de sus organizaciones sindicales”.
Esta propuesta de reforma contiene 36 artículos, de los cuales 25 constaban en la Ley de Integridad Pública como reformas al servicio público.
Entre los temas que el oficialismo busca “reciclar” de la Ley de Integridad Pública constan prohibiciones para el desempeño de un puesto, condiciones para el reingreso al sector pùblico,regulación del teletrabajo, causales para la destituciòn y, entre otros temas, el tan cuestionado proceso de evaluación.
El informe para segundo debate recoge también otras reformas menores que quedaron sin efecto cuando se declaró la inconstitucionalidad de la Ley de Integridad Pública: al Código de la Economía Social del Conocimiento, al Código Orgánico Administrativo, y a la Ley Orgánica de Empresas Públicas.
Para el presidente del Frente Unitario de Trabajadores (FUT), Edwin Bedoya, este informe que deberá ser tratado en el pleno de la Asamblea es tan solo una copia de la Ley de Integridad Pùblica que ya fue negada por la Corte Constitucional y que afecta, asegura, los derechos de los trabajadores.
Sin embargo, la asambleísta del oficialismo, Nathaly Farinango, manifestó que son normas técnicas que atienden la realidad nacional y que responden a una planificación legislativa.
