El Gobierno y los legisladores de ADN han tratado de desprestigiar las decisiones de una reputada Corte Constitucional tras la suspensión temporal de 16 artículos de las Leyes de Inteligencia y de la de Solidaridad Nacional.
POR: Hugo Constante
Un remezón ṕolítico le causó al oficialismo la decisión de la Corte Constitucional de suspender provisionalmente 12 artículos de la Ley de Inteligencia; 8 artículos y una disposición general del reglamento de esta Ley; una disposición transitoria de la Ley de Integridad Pública; y cuatro artículos de la Ley de Solidaridad Nacional.
La suspensión de ese grupo normativo será hasta que se resuelvan los temas de fondo de las demandas de inconstitucionalidad que se han presentado en contra de esas leyes, pero los primeros en reaccionar, aunque tarde, fueron el ministro de Gobierno, Zaida Rovira, y el presidente de la Asamblea, Niels Olsen, quienes en un video institucional se presentaron con policías y militares para asegurar que esas leyes son herramientas para luchar contra el crimen, la desigualdad y la impunidad; y que, sin embargo, fueron suspendidas por el organismo constitucional “detrás de un boletín, como si un boletín pudiera anular la voluntad de millones de ecuatorianos”, según Rovira.
Olsen se sumó al rechazo y aseguró que la Asamblea trató con responsabilidad esas leyes y que fueron aprobadas por la mayoría legislativa. “A la ciudadanía que nos ve le corresponde saber quién responde por esta suspensión, quién se hace cargo de haber dejado sin efecto las herramientas legales que ya eran Ley de la República”, dijo el titular de la Legislatura y exigió a la Corte Constitucional que explique las decisiones tomadas aduciendo que un “boletín no es suficiente”.
Aunque los dos funcionarios —replicados luego por algunos asambleístas del oficialismo—, manifestaron que las decisiones tomadas por la Corte Constitucional se reducen a un boletín, la realidad es muy diferente. El boletín al que se refieren Rovira y Olsen es apenas un material de prensa con el resumen puntual de las resoluciones tomadas por el organismo para conocimiento de la ciudadanía y difundida a través de las redes sociales del organismo constitucional, mecanismo y formato que también son usados por la Asamblea, por el Ministerio de Gobierno y por otras instituciones para difundir sus actividades.
Lo cierto es que las decisiones tomadas por los jueces constitucionales están registradas en su portal institucional e implican toda una reflexión jurídica de las demandas de inconstitucionalidad que están tratando, donde analizan antecedentes procesales, oportunidad, normas impugnadas, pretensiones y fundamentos, admisibilidad, solicitud de suspensión de la norma, y decisión.
Por ejemplo, el auto de admisión de la causa 57-25-IN es un documento de 33 páginas. Está suscrito por el juez ponente Jhoel Escudero, por Jorge Benavides y por José Luis Terán, todos ellos magistrados de la Corte Constitucional. En ella se revisa la demanda de inconstitucionalidad presentada por 11 activistas en contra de 15 artículos de la Ley de Solidaridad Nacional y se la admite a trámite.
Aunque los proponentes de la demanda pedían la suspensión temporal de 9 artículos de la mencionada Ley, los jueces sólo aceptaron que se suspendan cuatro artículos al justificar “el cumplimiento de criterios para la concesión de medidas cautelares, así como
justificar las consecuencias de extrema gravedad que generaría la aplicación de normas”, consta en el texto de admisión. El resto de artículos no fueron suspendidos, ya que, a criterio de los jueces, no hubo cumplimiento de los criterios para la concesión de medidas cautelares.
Las posiciones políticas
En rueda de prensa, ADN expresó su rechazo a la decisión de la Corte Constitucional. La jefa de bancada, Valentina Centeno, se ajustó al relato de los funcionarios de Gobierno y del presidente de la Asamblea. Opinó que el organismo constitucional le ha dado la espalda al pueblo en la lucha contra el crimen organizado, el lavado de activos, la minería ilegal y otros tantos delitos. “Es lamentable que, desde la comodidad de una sesión de zoom y a través de un boletín, le den la espalda a nuestros militares, a nuestros policías y todos nosotros, que estamos poniendo el pecho a esta guerra, arriesgando todo”, dijo, repitiendo una posición de anteriores Asambleas que igual cuestionaban a las instituciones que no fallaban como ellos querían. “Estamos en nuestro pleno derecho de poder cuestionar las decisiones subjetivas que ha tomado la Corte Constitucional”, se justificó Centeno.
Por su parte, Ana Herrera, del correísmo, manifestó que la decisión de la Corte evidencia que en el tratamiento legislativo de esas normas se cometieron algunas inconstitucionalidades que fueron advertidas con anticipación por algunos legisladores, como la unidad de materia, pero que esos criterios no fueron tomados en cuenta por el oficialismo.
Lo que a Herrera le llama la atención es que al día siguiente de que la Corte suspendió la vigencia de alguno artículos, el presidente de la República, Daniel Noboa, haya anunciado un paquete de siete preguntas para que vayan a consulta popular, en las que incluyó la posibilidad de que los jueces de la Corte Constitucional también estén sujetos a juicios políticos. “No puede pasar que cuando hay control constitucional hay retaliación”, dijo Herrera.
Mientras que Mariana Yumbay, de la facción opositora de Pachakutik, comentó que las leyes aprobadas por la Asamblea y observadas por la Corte Constitucional violentan derechos constitucionales e instrumentos internacionales. “La decisión de la Corte me parece correcta y ahora hay que dejar que actúe con independencia y que resuelva en el marco de lo que dispone la normativa constitucional”, dijo la legisladora.
Los sectores sociales
El presidente del Frente Unitario de Trabajadores (FUT), Edwin Bedoya, respaldó la decisión de la Corte, pero aseguró que las medidas de presión como plantones y marchas continuarán, ya que la suspensión de los artículos es temporal, y porque no se tomó en cuenta la normativa que a su criterio perjudica la estabilidad de los servidores públicos. Asegura que el pronunciamiento de los jueces no le gustó al Gobierno y que, por ello, se ha iniciado una campaña de desprestigio en contra del organismo constitucional, con lo que considera que son declaraciones antidemocráticas. Bedoya cree que en el fondo el mensaje del Gobierno, a través del video de Rovira y Olsen, era decirle a la Corte Constitucional: “Tenían que obedecernos a nosotros y no hacer lo que han hecho”.
Ingrid García, coordinadora ejecutiva de Inredh, asegura que la Corte es un órgano esencial para el Estado, ya que impide que cualquier norma exceda los límites de la Constitución, y que eso es lo que se ha hecho con la suspensión de algunos de los artículos de las cuestionadas leyes. “Eso responde al respeto de la Constitución y va más allá de una decisión política”, dijo García. La representante de Inredh considera que la sociedad civil debe definir en el espacio de sus propias realidades y actividades si continúa o no con las medidas de presión anunciadas. “Lo que se busca es que en algún punto tanto los gobernantes como la sociedad civil puedan mantener un diálogo por un país mejor”, concluyó.
La suspensión provisional
Estos son los artículos y el tema del que tratan y que fueron suspendidos provisionalmente por la Corte Constitucional hasta la resolución definitiva de las causas:
Ley de Inteligencia:
Art. 5: Definiciones de términos como: amenazas, disuasión, inteligencia táctica.
Art. 13: Fondos permanentes de gastos especiales para el Sistema Nacional de Inteligencia.
Art. 22: De la protección de los especialistas en Inteligencia.
Art. 41: Protección de la identidad de los agentes de Inteligencia a través de nuevas identidades.
Art. 42: Fachada de los medios logísticos del Sistema Nacional de Inteligencia.
Art. 43: Tecnología para el cumplimiento de las operaciones de inteligencia
Art. 47: Requerimientos de información específica.
Art. 48: Requerimientos de bases de datos e información de la cual dispone cada entidad.
Art. 50: Obligación de entregar información.
Art. 51: Requerimiento de información a las operadoras de servicios de telecomunicaciones.
Art. 52: Coordinación para obtener documentos o comunicaciones.
Art. 55: Información clasificada
Reglamento Ley de Inteligencia
Art. 9: Gestión y control del fondo de gastos especiales del Sistema de Inteligencia.
Art. 16: Actividades de Inteligencia y de Contra inteligencia.
Art. 17: De las operaciones de inteligencia y contrainteligencia.
Art. 25: Calificación y clasificación de documentos.
Art. 33: Requerimientos de información a entidades públicas.
Art. 34: Requerimiento de información a las operadoras de servicios de telecomunicaciones.
Art. 35: Requerimientos de información general.
Art. 36: Coordinación para examinar documentos o comunicaciones.
Disposición general primera: Potestad del director de la UAFE para, por motivos de seguridad del Estado, pedir información de las bases de datos de las entidades públicas.
Ley de Solidaridad Nacional
Art. 6: Del Conflicto Armado Interno a través de Decreto con régimen jurídico especial.
Art. 9: Definición de grupos armados organizados.
Art. 13: Bienes que se presumen como objetivos militares.
Art. 14: Indulto presidencial con efecto diferido en el marco del conflicto armado interno.
Ley de Integridad Pública:
Disposición transitoria décimo primera: el plazo dado a la Junta de Politica y Regulación Financiera para identificar a las cooperativas de ahorro y crédito que puedan convertirse en bancos bajo el control de la respectiva Superintendencia.
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