El Gobierno y el CPC desconocen la posesión de Raúl González como Superintendente de Bancos; en la Asamblea hablan de negociación de votos. La crisis institucional que vive el país se ahonda con cada capítulo.
Las instalaciones de la Superintendencia de Bancos, en Quito, amanecieron con fuerte resguardo policial y permanecieron con las puertas cerradas al público. Esto, tras la decisión del Gobierno de desconocer la posesión de Raúl González como titular de esa entidad. Un papel pegado en la fachada indicaba que todos los trámites serán atendidos en línea. El teniente coronel Giovanny Parades informó que cerca de 100 policías se encontraban en el lugar cumpliendo órdenes del mando institucional para precautelar la seguridad de los servidores públicos y de las instalaciones.
El pasado jueves, justo cuando iniciaba el feriado, la Asamblea aprobó —con 70 votos a favor— una polémica resolución, a través de la cual dispuso la posesión de González, a pesar de que un fallo de la jueza de Samborondón Larissa Ibarra ordenó la suspensión de dicho acto, debido a que la designación a cargo del Consejo de Participación Ciudadana (CPC) había vulnerado los derechos constitucionales del debido proceso, seguridad jurídica y de participación ciudadana.
El ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, a través de un comunicado oficial, manifestó que “el Gobierno Nacional no admite que se intente pisotear el Estado de Derecho”, ya que la Función Judicial anuló la designación de González, lo que conlleva a que “simplemente no puede posesionarse a alguien cuyo nombramiento no existe, por lo que el Ejecutivo no reconoce ni puede reconocer a González como Superintendente de Bancos y las otras dependencias públicas como el Ministerio de Trabajo, Banco Central, Junta Monetaria tampoco lo aceptarán como tal”.
En el CPC
Hernán Ulloa, presidente del CPC, considera que la actuación de la Asamblea es una injerencia de funciones. Explicó que el organismo que preside designó a González el 20 de julio y notificó a la Asamblea para que lo posesione. Sin embargo, el 1 de agosto Ibarra, a través de una sentencia, declaró nula la designación, por lo que la decisión del pleno del CPC no tenía efecto jurídico mientras no se resuelva una apelación que está en tratamiento de la Corte Provincial del Guayas.
En virtud de esa sentencia, dijo Ulloa, se pidió una nueva terna al Ejecutivo, que ya fue remitida y está bajo análisis del equipo técnico, para ver si cumple los requisitos y proceder a designar a la nueva autoridad. Ulloa aclaró que la apelación ante la Corte Provincial no suspende la aplicación de la sentencia dictada por la jueza de Samborondón. “Si la sentencia no se cumple por parte de los servidores públicos, la Jueza ordenará su destitución del cargo sin perjuicio de la responsabilidad penal a que haya lugar”, dijo Ulloa.
Es decir, que los legisladores que votaron a favor de la resolución podrían ser destituidos de los cargos. “Si hay una sentencia que anula la designación de González como Superintendente de Bancos, la Asamblea no podía posesionar a esta autoridad”, agregó.
Por su parte, a través de una rueda de prensa desde Guayaquil, González defendió su nombramiento y agregó que seguirá en la lucha para ejercer el cargo. Mientras que su abogado, Robert Friend, agregó que era previsible que las autoridades iban a hacer todo lo posible para que González no pueda ejercer y cuestionó el operativo de la Policía en esa institución. “¿Qué hay detrás de la Superintendencia de Bancos? ¿qué hay detrás de la venta del Banco del Pacífico? ¿qué hay detrás de toda la documentación de casos que han acusado a la Presidencia de la República? ¿cuál es el miedo? No podemos usar a la fuerza pública ni a la Justicia constitucional para impedir que un profesional designado por el CPC y posesionado por la Asamblea, ejerza sus funciones”, manifestó Friend.
Por su parte, el consejero de Participación David Rosero, aseguró a través de un comunicado que el Gobierno se ha tomado las instalaciones de la Superintendencia de manera arbitraria, ilegal y por la fuerza. Para Rosero, el Pleno del CPC no ha resuelto iniciar ningún proceso para designar a otro Superintendente de Bancos y calificó la posición de Ulloa de unilateral y arbitraria que constituye arrogación de funciones.
Presiones en la Asamblea
¿Cómo logró la Asamblea reunir los 70 votos para posesionar a González? La moción fue presentada por la asambleísta Mireya Pazmiño (ala rebelde de Pachakutik) y obtuvo los votos de las bancadas del correísmo, Partido Social Cristiano y una parte de Pachakutik. Una votación con el mínimo requerido. “Robándole un voto al Ejecutivo, porque hay que ver de quién es ese voto número 70, logran esa atrocidad”, manifestó el asambleísta independiente Fernando Villavicencio, quien respaldó la decisión del Gobierno de desconocer la posesión de González.
El voto al que se refiere Villavicencio corresponde a Diana Pesántez, independiente que es parte de la bancada oficialista. El jefe de esta bancada, Juan Fernando Flores, dijo que ha sido llamada para que explique su posición, no sólo por esa votación. “Tiene ya varias votaciones alejada a la posición de la bancada legislativa”, dijo Flores.
En la sesión del jueves, la primera moción de Pazmiño fue para que se cambiara el orden del día y se tratara el tema de González, que una vez aprobado, Saquicela le puso como segundo punto del orden del día para su debate (después del Himno Nacional), cuando había dos puntos más que tratar como parte de la agenda convocada para ese día. Es potestad del Presidente decidir el orden en que se ubican los temas. Y luego, aprobada la resolución, de inmediato González se conectó vía telemática para juramentar en el cargo. “Nada estaba ‘preparado’ pero tenían listas hasta banderas para el show”, mencionó Flores.
Por su parte, Jessica Castillo, de Pachakutik, señaló que la bancada había tomado la decisión de abstenerse pero que, en el desarrollo de la sesión, legisladores del correísmo habrían presionado a los legisladores amazónicos de Pachakutik para que voten a favor de la posesión, y que se habrían negociado los votos a cambio de que UNES vote a favor de la creación de la Universidad Amazónica.
“Creo que los intereses políticos se están yendo sobre la Ley, sobre lo que necesita el país. El correísmo sigue negociando votos y apostando por esos votos. Nosotros conocemos la necesidad de crear una universidad, pero no podemos jugar con estos votos”, dijo la legisladora. Mientras que Esteban Torres (PSC) aseguró que la disputa por la Superintendencia de Bancos se da entre el Ejecutivo y el CPC, ya que la Asamblea no es ni ente nominador ni selecciona al ganador del proceso. “Lo que sí resulta paradójico es que el Gobierno desconozca a alguien que puso en la terna”, dijo Torres.
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