Luego de unos videos filtrados, en los que el Presidente daba a entender que retrasará el cumplimiento de la consulta, el Ministro del Interior aseguró que sí se cumplirá. El abogado de Yasunidos recuerda sanciones en caso de no aplicar lo aprobado en las urnas.
Tras dos semanas de la consulta popular del 20 de agosto, en la que ganó un ‘Sí’ favorable a cesar la producción petrolera en la reserva natural del Yasuní, el gobierno de Guillermo Lasso vuelve al ‘ojo del huracán’, tras una declaración presidencial de que no se acatará de inmediato el mandato de la consulta popular y una aclaración del ministro de Gobierno, Fernando Cucalón, de que sí se la acatará, aunque sin precisar tiempos.
Se trató de la segunda contradicción de la administración Lasso sobre este tema, luego de una semana en la que desautorizó a su propio ministro de Energía, Fernando Santos Alvite, quien declaró que, a pesar del ‘Sí’ en la consulta, se mantendrá la producción petrolera en el Yasuní, en concreto en el denominado ‘bloque 43 ITT’, en la Amazonía, donde se concentran las operaciones de explotación.
En este contexto, la mencionada declaración de Lasso —filtrada tras una reunión con representantes de comunidades amazónicas este martes en el Palacio de Carondelet— indignó a los representantes de Yasunidos y de otras organizaciones ambientalistas, que durante casi una década impulsaron la realización de la consulta.
En un video difundido por un representante de la organización ambientalista se escucha decir a Lasso: “La autoridad puede poner una ley que quiera, pero si no es aplicable la ley, ¿cómo quiere que haga?¿qué quiere que yo haga, señor? Si esta ley lo que va es afectar a las comunidades, a parte de que técnicamente tampoco es posible cerrar un pozo petrolero de la noche a la mañana. No es posible. Nos estamos yendo por el camino de: es inaplicable la consulta. No es posible aplicar el sí. Comprendan que no es posible y que vamos a sostener esta posición el mayor tiempo posible”.
«Nosotros no queremos que termine la producción del bloque 43. No queremos y no vamos a apoyar y a jugar ningún trámite, por ahora no», agregó Lasso en un tono de molestia y frustración contenida.
Consultado por periodistas sobre estas aseveraciones, Cucalón dijo: “Lo que sí dijo, y sale en el video, es que tiene una profunda preocupación sobre la aplicabilidad del tema». También dijo que Lasso se refirió a un pedido de los dirigentes sobre que «eso (explotación petrolera) no debe parar porque ellos viven de eso».
Cucalón calificón a las declaraciones de Lasso como “reflexiones” y dijo que, hasta el término de su mandato, Lasso sí respetará los resultados de la consulta popular.
REACCIÓN AMBIENTALISTA
El abogado del colectivo ecológico, Ramiro Ávila, exjuez constitucional, expresó que, si bien no existe un mecanismo legal que permita exigir al Estado el cumplimiento inmediato de lo dispuesto en la consulta popular, la legislación vigente en el país establece un plazo de un año, después del cual se puede presentar una demanda constitucional por incumplimiento, la cual se sanciona con la destitución de las autoridades responsables en funciones, que serían quienes el próximo año ocupen los cargos de Presidente de la República, Ministro de Energía y Presidente de Petroecuador.
Ávila también sostuvo que no existe pretexto ni justificativo legal válido para retrasar el inicio del desmantelamiento de las operaciones petroleras. Para ello, dijo, no se necesita presentar ni aprobar un nuevo presupuesto específico, sino utilizar los propios recursos con los que Petroecuador ya cuenta para las operaciones de este mismo año.
El abogado constitucionalista André Benavides sostuvo que el plazo de un año empieza a correr desde el momento en que la autoridad electoral, es decir, el Consejo Nacional Electoral (CNE) proclamó los resultados oficiales de las votaciones de la Consulta Popular.
Este trámite, con una ceremonia oficial de por medio, se realizó el 31 de agosto, con lo cual se oficializaron las siguientes cifras que alcanzaron las opciones del Sí y del No a la explotación petrolera:
Asimismo, las autoridades electorales proclamaron los resultados de la Consulta Popular del Yasuní sobre la pregunta: ¿Está usted de acuerdo con que el gobierno ecuatoriano mantenga el crudo del ITT, conocido como bloque 43, indefinidamente bajo el subsuelo?, con los siguientes datos:
| OPCIÓN | TOTAL | % |
| SI | 5´541.585 | 58,95 |
| NO | 3´859.507 | 41,05 |
Tras recordar esta proclamación oficial de resultados, el constitucionalista Benavides explicó, además, que el cumplimiento obligatorio de lo resuelto en una consulta popular está estipulado en la Constitución; por lo tanto, en su calidad de norma superior prevalece por sobre cualquier norma, ley o disposición de la legislación vigente en el país.
A continuación reproducimos textualmente el artículo 106 de la Constitución, que establece este obligatorio cumplimiento:
PRESUPUESTO DEFINITIVO
El abogado especializado en finanzas y tributos Napoleón Santamaría, en cambio, explicó que, después de cuatro meses de la disolución de la Asamblea Nacional, como resultado de la ‘Muerte cruzada’, el país enfrenta un vacío legal que impide planificar, aprobar y asignar de manera efectiva los recursos que Petroecuador necesita para desmantelar las operaciones de extracción de petróleo en el Yasuní.
Esto se debe, explicó, a que, ante la ausencia de la Asamblea, no se pueden cumplir los dos trámites establecidos en la Constitución para aprobar el Presupuesto General del Estado para el 2025, en el que se establezca una “partida” específica para el mencionado desmantelamiento.
El primero, que hasta octubre el gobierno envíe a la Asamblea una proforma del presupuesto; y, el segundo, que hasta noviembre la Asamblea la apruebe. Por ahora, la presidenta del CNE declaró a Radio Sonorama que en diciembre próximo entregará las credenciales de asambleístas a quienes resultaron ganadores para cada una de las 137 curules nacionales y provinciales del próximo periodo de sesiones de la Asamblea Nacional.
PETROECUADOR
Hasta el cierre de esta edición esperábamos que Petroecuador responda un pedido formal de información sobre la definición de un posible plan de abandono y otras decisiones adoptadas para implementar la resolución de la consulta, en particular sobre el uso de sus actuales recursos para iniciar el desmantelamiento de las estructuras petroleras en el Yasuní.
El departamento de Comunicación, sin embargo, anticipó que una comisión de representantes del sector petrolero y del gobierno adelantan, desde días recientes, los detalles del mencionado plan de abandono.
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