El Ministerio de Energía y Ambiente rechazó el pedido de cuatro alcaldes de El Oro para derogar la suspensión de piscinas de tratamiento minero y ratificó que la medida sigue vigente por razones ambientales.
El Gobierno rechazó el pedido de autoridades locales de la provincia de El Oro para derogar la orden que suspende las actividades de las piscinas de tratamiento minero y ratificó que la medida se mantiene vigente por razones ambientales.
Se trató de la respuesta que hoy dio el Ministerio de Energía y Ambiente a Yulissa Aguilar, alcaldesa de Portovelo; Teresa Feijoo, alcaldesa de Piñas; Exar Quezada, alcalde de Atahualpa; y Carlos Aguilar, alcalde de Zaruma, quienes interpusieron sus buenos oficios para que se levante la disposición.
Las autoridades locales se reunieron durante más de dos horas, en Quito, con la ministra de Energía y Ambiente, Inés Manzano, y su equipo técnico. En el encuentro argumentaron que las operaciones de las plantas mineras que sí cuentan con autorizaciones legales y ambientales generan empleo directo e indirecto para aproximadamente 80 mil personas en la zona alta de la provincia.
Hasta el cierre de esta nota, los alcaldes mantenían conversaciones con los equipos técnicos del Ministerio sobre un posible acuerdo para que los gobiernos locales, en coordinación con esa cartera de Estado, ejerzan sus atribuciones de control y hagan cumplir las remediaciones ambientales por los daños relacionados con la actividad minera en la provincia.
Consultado sobre este tema, el ingeniero ambiental Paúl Paredes, experto en remediación, explicó que cualquier proceso serio debe empezar por identificar con precisión el impacto que se busca corregir, si es contaminación de agua, suelo u otro componente, y levantar una línea base antes de plantear medidas.
“Para hacer un proceso de remediación es porque hubo un impacto. Ahora lo que no sabemos es qué tipo de impacto están catalogando que van a remediar”, señaló.
Paredes explicó que la remediación no es inmediata: requiere diagnóstico, análisis técnicos y definición de técnicas y métodos de reparación físico-químicas o biológicas. Así, dijo, la duración dependerá tanto del tipo de contaminante como del presupuesto y la información disponible. En cualquier caso, dijo, es un proceso “complejo” que potencialmente tome años, sobre todo si se trata de afectaciones acumuladas por décadas en cantones con historia minera como Zaruma y Portovelo.
El experto añadió que, incluso en escenarios donde se opte por alternativas consideradas “más rápidas”, el resultado no se observa en semanas. “No dan resultado como en tres meses, mínimo un año para lograr ver algún cambio”, dijo tras reiterar la necesidad de diagnósticos técnicos de las plantas mineras y del entorno para escoger una estrategia aplicable.
El representante legal de dos de las plantas mineras de Portovelo, Diego Pozo, manifestó que sus clientes no descartan iniciar acciones legales, incluida una acción constitucional, para que se deje sin efecto la medida. Esto, dijo, debido a que las plantas mineras cuentan con permisos ambientales y respetan las normas técnicas de operación.
Así, calificó como “generalizado” al informe técnico con el que el gobierno justificó la suspensión de actividades de las plantas mineras en El Oro. “Cada planta y cada concesión debe ser responsable por la actividad minera que realizan. Y eso no se ha hecho y pedimos que lo haga la autoridad de control minero”, comento.
PEQUEÑOS MINEROS DE NAPO ANUNCIAN MARCHA A QUITO
Los mineros de la provincia de Napo preparan una marcha hacia Quito si el gobierno de Daniel Noboa no conforma una comisión tripartita integrada por autoridades ambientales, mineras y titulares de concesiones, con el fin de reabrir las operaciones que cuentan con licencias y permisos ambientales vigentes.
El anuncio lo realizó por Guillermo Godoy, presidente de la Cámara de Pequeña Minería del Ecuador, en reacción a la reciente resolución del Ministerio de Energía y Ambiente que dispuso la suspensión de las actividades mineras en esa provincia amazónica.
