Pachakutik, el correísmo y la ID van por el archivo. Se necesitan 70 votos para archivar la Ley y las tres bancadas suman 87. Y como a esta Asamblea le encanta la adrenalina, la votación será el jueves, el último día del plazo.
Al oficialismo se le ha puesto cuesta arriba la aprobación en la Asamblea del proyecto de Ley de Inversiones, que el Ejecutivo remitió con el carácter de urgente en materia económica. El Gobierno argumenta que con esta ley se podría generar empleo y que ingresen al país 30 mil millones de dólares en inversión extranjera durante su mandato.
Pero durante el segundo debate del informe preparado por la Comisión de Desarrollo Económico, las bancadas de UNES, ID y Pachakutik anticiparon que no apoyan el texto y promoverán el archivo. Juntos suman 87 votos, suficientes para bloquear la iniciativa y tendrían, además, los votos de algunos independientes.
Esto dejaría al BAN (que aglutina a CREO y otro grupo de independientes afines al Gobierno) y al PSC, que apoya la propuesta, con apenas 44 votos fijos a favor del proyecto. Se necesitan 70 votos, ya sea para su aprobación o para el archivo.
El debate
El Libro I, sobre las Alianzas Público Privadas es el punto de polémica entre asambleístas que están a favor y en contra del proyecto. Quienes están en contra aseguran que este tema la convierte en una ley privatizadora, que busca entregar al sector privado los recursos naturales y los sectores estratégicos bajo la figura de delegacion.
De manera radical Pachakutik pide que se elimine este libro del proyecto. Joel Abad, de esa organización, manifiesta que la iniciativa da potestad al Presidente de la República de transferir los servicios públicos al sector privado; al igual que con las empresas provinciales y municipales, que quedarían a discreción de los alcaldes y prefectos, aseguró. «El archivo es el único camino para proteger los recursos nacionales», agregó. Su coideario Darwin Pereira mocionó la negación y archivo del proyecto.
Viviana Veloz, de UNES, coincide en que con las alianzas público privadas el Gobierno pretende la sustitución del Estado, privatizar los sectores estratégicos que son de manejo exclusivo del Estado. «Quieren privatizar los activos, quieren aprobar normas para beneficiar al sector financiero», dijo.
Marlon Cadena, jefe de bancada de Izquierda Democrática, respaldó la propuesta de archivo y dijo que, si bien es necesaria la generación de empleo, el proyecto no va en ese camino.
«Estamos a favor de las inversiones, pero no como plantea el proyecto de Ley que permite inversiones sin control. Debe haber participación mayoritaria del Estado en las alianza públicas privadas», manifestó. Agregó que la figura de la delegación es una forma de privatizar.
Los asambleístas del BAN, por su parte, descartan que sea una Ley privatizadora y aseguran que han puesto todos los «candados necesarios» para garantizar la administración de los sectores estratégicos por parte del Estado.
«Se prohíbe en la modalidad contractual de delegación a través de asociaciones público-privadas, privatizar o enajenar activos o infraestructura pública o estatal, nueva o existente», consta en el último inciso del artículo 6 del proyecto de Ley.
«Candados» que no son suficientes para la oposición, ya que les preocupa el artículo 7, que establece la excepcionalidad, en el sentido de que la delegación de los sectores estratégicos o servicios públicos es excepcional.
«Por lo tanto, cuando, de manera justificada, no se tenga la capacidad técnica o económica o cuando la demanda del servicio no pueda ser cubierta por empresas públicas o mixtas o cuando la ley del sector no la haya determinado de modo general, le corresponderá al Presidente de la República, de conformidad con lo dispuesto por el Código Orgánico Administrativo, dicha calificación, mediante decreto ejecutivo», consta en el mencionado artículo. Lo mismo establece en el caso de los gobiernos seccionales.
El oficialismo busca ‘oxígeno’
Nathalie Arias y Francisco Jiménez, del BAN, dicen que es una Ley necesaria para el país, para atraer la inversión privada sin intenciones de privatización, sino con el objetivo de dinamizar la economía. Arias mencionó que sepueden realizar los ajustes necesarios para que la Ley sea aprobada por el Pleno.
«Esta Ley va a tener un camino un poco tortuoso. El debate habla de una supuesta privatización, lo que es una falacia», agregó Jiménez.
El Gobierno, a través de un comunicado, exhortó a la Asamblea a que apoye la Ley de Inversiones. «Quien se opone a esta Ley, claramente se opone a la creación de fuentes laborales y le da la espalda a la voz que todos juntos levantamos como ecuatorianos», señala el comunicado.
En tanto que Henry Kronfle (PSC) explicó que una ley de inversión fue parte del compromiso de campaña de su organización y, aunque el texto no satisface todas las expectativas, incorpora las propuestas del bloque. «Lo apoyaremos venga de donde venga. La inversión fluye cuando hay incentivos, reglas claras y seguridad jurídica, pero se requieren algunos cambios», dijo Kronfle. Agregó que los articulados que generen dudas sobre privatización deben tener los respectivos candados. «La delegación en alianzas públicas privadas no es privatización», mencionó.
La votación al límite del tiempo
La presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori (Pachakutik) suspendió el debate para retomarlo el jueves, a partir de las 13:00, con el objetivo de que la Comisión de Desarrollo Económico se reuna, incorpore algunas observaciones y presente el texto final que se someterá a votación.
Daniel Noboa (independiente), presidente de la Comisión, dijo que espera lograr un documento de consenso.
Por su parte, Cadena espera que la decisión de suspender la sesión y retomarla el jueves en la tarde no sea una estrategia para que la Ley de Inversiones pase por el ministerio de la Ley, ya que el plazo para su tratamiento vence a las 23:59 de ese día.
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