El 9 de octubre el vicepresidente Otto Sonenholzner informó que en declaraciones a la prensa nacional y mundial que “ciudadanos extranjeros detenidos confesaron que cobraron entre 40 USD y 50 USD por asistir a las manifestaciones. El burócrata enfatizó que cualquier acción violenta cometida por un ciudadano extranjero sería castigada con la deportación.
El 10 de octubre la Ministra de Gobierno, María Paula Romo señaló el 10 de octubre que 17 venezolanos fueron detenidos en las inmediaciones del aeropuerto Mariscal Sucre de Quito con información sobre la movilización del presidente Lenín Moreno y del vicepresidente. La acusación fue lanzada a través de su cuenta de Twitter.
Al día siguiente se desarrolló la audiencia en contra de 19 extranjeros implicados, esto pese a que siempre se manejó la cifra de 17. Previamente representantes de la Asociación de Venezolanos en Ecuador y la Asociación de Periodistas Venezolanos en Ecuador afirmaron que la mayoría de los detenidos eran trabajadores de Uber y Cabify. Finalmente, la justicia ecuatoriana dejó en libertad a los 19 sospechosos; 4 quedaron bajo régimen de presentación, 3 acusados de “actitud sospechosa”, 1 de ellos por portar marihuana.
