Juan Pablo Albán y Sybel Martínez consideran que la violencia de género se ha normalizado en el país, lo que la vuelve estructural, sistemática y cultural.. Ellos comparecieron a la Comisión ocasional de la Asamblea que investiga el caso de María Belén Bernal.
Definitivamente, la cifra de femicidios enciende las alertas. En lo que va de este año, hasta septiembre, se han registrado 206 casos, por lo que se prevé que el 2022 será el año más violento para las mujeres. Entre el 1 de enero del 2014 y el 31 de diciembre del 2021, se registraron 1.045 femicidios. En ese lapso, los años más violentos fueron: el 2017, con 159 casos; y el 2021, con 197. Son cifras que constan en el estudio ‘Femicidios en Ecuador, realidades ocultas, datos olvidados e invisibilizados’, levantado por la Fundación Aldea, con el apoyo de instancias internacionales como las Naciones Unidas.
Para Juan Pablo Albán y Sybel Martínez, expertos en Derechos Humanos, el Estado, independiente del Gobierno de turno, ha fallado en la prevención de la violencia de género.
En el 2014, el femicidio se tipificó cómo delito en Código Orgánico Integral Penal (COIP); y en el 2017 se aprobó la Ley para prevenir y erradicar la violencia contra la mujer.
«No se trata simplemente de dictar una Ley (…) Es necesario adoptar acciones para que ese marco normativo no sea letra muerta», mencionó Albán. Y en el país ha quedado en letra muerta, añadió, porque, a pesar de la normativa existente hay un patrón recurrente de violencia contra las mujeres que se ha normalizado en todos las dimensiones, desde el ciudadano común hasta las altas esferas del poder público. «Cuando las organizaciones defensoras de derechos de las mujeres reclaman, con justa causa, que se tome algún tipo de acción para erradicar esos patrones de violencia, enseguida se las descalifica de diferentes maneras», manifestó Albán. Agregó que el Estado está fallando en su deber de promover una cultura de respeto a los derechos de la mujer, en especial a una vida libre de violencia, por lo que debería empezarse a hablar de «feminicidio», que implica la actitud tolerante del Estado, que sabe que ocurren estos casos, pero no lo previene. «El Estado sabe que esto ocurre pero no lo investiga adecuadamente, no lo sanciona como se debe», indicó.
Por su parte, Martínez manifestó que las cifras demuestran que la violencia contra la mujer es estructural, sistemática y cultural. Inclusive aseguró que en «Ecuador está violencia de género es un crimen socialmente aceptado, tolerado de larga data».
Según las estadísticas de la Fundación Aldea, el 72% de los casos de femicidio fue causado por la pareja o expareja; el 9% por el padre, padrastro o familiar; y en el 4% por un conocido o amigo. Martínez dijo que es una violencia que no se advierte, que no se entiende, y ante la cual la víctima se encuentra totalmente desarmada. «Para nosotras el riesgo es permanente», aseguró.
El caso puntual
Las intervenciones de Albán y Martínez se dieron durante sus comparecencias ante la Comisión ocasional de la Asamblea que investiga el femicidio de María Belén Bernal, ocurrido en la Escuela Superior de Policía ,presuntamente por parte de su pareja, el teniente e instructor de ese lugar, Germán Cáceres, hoy prófugo de la justicia.
Albán considera que se trata de un femicidio con responsabilidad estatal, pero que no se trata de un crimen de Estado. Responsabilidad estatal porque ocurrió en una instalación policial, con al menos de un agente del Estado que abusó de su poder y ocurrió estando en la misma instalación otros agentes del Estado, que adoptaron una actitud pasiva-omisiva, a pesar de que la misión institucional a la que pertenecen es la de salvaguardar la seguridad ciudadana y proteger a las personas frente a la violencia. Mientras que un crimen de Estado, dijo, se configura cuando hay la intencionalidad de perpetrar el delito, cuando hay una voluntad persistente, sistemática y generalizada de violación de los Derechos Humanos. «Este no es el caso. Yo no creo que el Estado mandó a matar a María Belén Bernal», manifestó.
Mientras que Martínez agregó que en este caso el Estado ha mirado a la distancia, como «convidado de piedra» y se ha desconectado de las acciones y omisiones de sus funcionarios, en este caso de la fuerza del orden. Para la especialista, se ha evidenciado un mal llamado ‘espíritu de cuerpo’ en la Policía y considera que el crimen de Bernal sí se podía evitar, si alguno de los oficiales o cadetes que se encontraba en las instalaciones acudía en su auxilio a cumplir con su misión de garantizar la seguridad de las personas.
Lo pendiente
A la Comisión no asistieron funcionarios de la Policía relacionados con el tema, que fueron convocados para que den su versión de los hechos, lo que generó el rechazo de las integrantes de la Comisión. Tampoco acudió el abogado de la cadete Joselyn S., la única detenida en este caso.
Sólo al ministro de Interior, Juan Zapata, se le justificó la ausencia, ya que en idéntico horario asistía al funeral de la policía Verónica Songor, quien falleció una semana después de haber sido baleada cuando se encontraba de guardia en la UPC de Socio Vivienda, en Guayaquil.
Zapata pidió ser recibido en una próxima sesión y se le programó para que asista este jueves. Para ese día también se insistirá en la comparecencia del presidente de la República, Guillermo Lasso; del ministro de Gobierno, Francisco Jiménez; del secretario de Seguridad, Diego Ordóñez; y de la fiscal general, Diana Salazar.
La presidenta de la Comisión, Cecilia Herrera (UNES), informó que con eso se cerraría el ciclo de comparecencias, ya que la próxima semana se dedicarán a elaborar el informe que deben entregar al Pleno de la Asamblea máximo el 2 de noviembre.
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