El texto expone la crisis carcelaria estructural que vive el país, desde falta de una política criminal, hasta corrupción en las prisiones. Es un informe indispensable para entender la situación de las prisiones. 

Crisis penitenciaria estructural caracterizada por niveles de violencia y corrupción sin precedentes dentro de las prisiones y que responde al abandono del sistema penitenciario por parte del Estado; ausencia de una política criminal integral, falta de medidas estatales dirigidas a la prevención y control de la delincuencia con enfoque de Derechos Humanos; excesivo uso de la prisión preventiva, imposibilidad de garantizar la reinserción social de detenidos. Esos son algunos factores que la misión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) identificó en el sistema carcelario del país. 

La misión visitó Ecuador en diciembre del 2021, tras las masacres ocurridas en las cárceles, que en ese año dejaron 316 detenidos asesinados, víctimas de extrema violencia por parte de otros presos. 

Los delegados de la CIDH se reunieron con diferentes actores relacionados con la problemática para recabar información. Entre ellos, autoridades del Gobierno, del sistema carcelario, asambleístas y activistas de Derechos Humanos. También visitaron algunas cárceles del país para dialogar con los internos. Estos son los resultados de la investigación:

Las cifras

De acuerdo con las cifras oficiales se determinó que, al 29 de noviembre de 2021, había un total de 36.599 presos, distribuidos en 36 cárceles. Las prisiones con más detenidos son las denominadas “megacárceles” de Guayas N. 1, con 7.231; Guayas N. 4, con 4.978; y Cotopaxi N. 1, con 4.890, justamente donde se produjeron los peores hechos de violencia.  

El 93,46% de los detenidos son hombres y el 6,54% mujeres; el 44,24% tiene entre 18 y 30 años, y la mayoría de estas personas es reincidente. El 71% cuenta con educación básica y proviene de contextos caracterizados por altos niveles de violencia, pobreza o pobreza extrema y por consumo de drogas desde temprana edad.

Los delitos más frecuentes por los que están detenidos son: drogas (28,19%), delitos contra la propiedad (26,17%), delitos sexuales (16,18%), delitos contra la vida (13,47%), y delitos contra las personas (4,36%). 

Según la Comisión, durante los últimos 20 años la tasa de población carcelaria se ha incrementado en un 469,29%, que responde a una política de encarcelamiento como solución a la inseguridad. 

Incide la aplicación de la prisión preventiva, ya que al 29 de octubre de 2021, más del 39% de la población carcelaria se encontraba bajo este régimen. “Esta cifra refleja que la prisión preventiva se aplica de manera contraria a la excepcionalidad que exige su naturaleza”, consta en el informe. 

Además, se identificó que las condiciones de detención no responden a los estándares interamericanos, ya que, además de la sobrepoblación y la violencia, las cárceles ecuatorianas se caracterizan por falta de separación por categorías; deficiente infraestructura y atención médica; alimentación inadecuada; obstáculos en el acceso al agua; insuficiente personal penitenciario; falta de perspectiva de género en el tratamiento penitenciario; y, obstáculos para la efectiva reinserción social. 

El Cuerpo de Seguridad Penitenciaria cuenta con 1.632 funcionarios, lo que equivale en promedio a un agente por cada 20 detenidos. Pero como el personal se divide en turnos en promedio hay, en la práctica, un guardia penitenciario por cada 62 reclusos, cuando lo ideal es que sea un agente por cada 10.

Factores que inciden 

Como causas de la violencia intracarcelaria la CIDH identificó la falta de control efectivo de los centros penitenciarios por parte del Estado, y en las cárceles donde se dieron los hechos más violentos se rigen en la práctica por sistemas de “autogobierno”, en los cuales los presos  ejercen el control interno. 

Estas cárceles están siendo dominadas por grupos del crimen organizado, incluso vinculados con bandas internacionales, lo que ha generado una “progresiva pérdida de soberanía estatal dentro de los centros de rehabilitación social”. 

Así se ha dado la disputa por el control de pabellones y de las cárceles por parte de diferentes bandas delincuenciales, motivadas principalmente por los beneficios generados por la economía ilegal existente.

Entre las principales bandas que se disputan el poder carcelario   constan Los Choneros, Los Lobos, Triguerones, Latin Kings y Nueva Generación.

Este debilitamiento institucional es el resultado de una serie de medidas de gestión gubernamental, no de ahora, sino desde varios años atrás, debido al recorte del gasto

público y la precarización de recursos humanos y materiales. 

También se debe a la expansión del fenómeno de la corrupción a todos los niveles. Esto ha facilitado el ingreso a las prisiones de drogas, armas corto punzantes, armas de fuego de corto y largo alcance, armas artesanales, e incluso explosivos.

La CIDH identificó que, por lo general, estas estructuras operan en complicidad con

autoridades penitenciarias y de otras fuerzas de seguridad y que la construcción de megacárceles no ha sido la solución. 

Los criterios 

El asambleísta Ramiro Narváez (ID), presidente de la Comisión de Seguridad de la Asamblea, manifestó que los hallazgos de la CIDH coinciden con los resultados de la investigación que cumplió esa Mesa Legislativa en un informe que fue aprobado por el Pleno.

“Se ratifica así la necesidad de tomar acciones contundentes para una reforma integral al Sistema de Rehabilitación Social. Esperamos que el Gobierno y el sistema judicial actúen con responsabilidad y diligencia”, manifestó. Agregó que un sistema de rehabilitación que no rehabilita constituye uno de los mayores atentados a la seguridad y a la paz social de los ecuatorianos.

Por su parte, Mario Carrillo, exdirector de la cárcel de Latacunga, aseguró que en junio de 2021 junto a su equipo de trabajo presentó a la Comisión y la Presidencia de la República un diagnóstico con problemas y soluciones del sistema carcelario, que coincide con lo elaborado por la CIDH. 

Por ejemplo, la mala utilización de la prisión preventiva como factor para el hacinamiento y el incremento de la población penitenciaria, cuando existen otras medidas para garantizar la presencia del procesado. Y propone desarrollar programas de educación, laboral y psicológicas que fomenten una real inserción social.

El también experto en seguridad asegura que la calma que hoy se vive en las cárceles es una “paz mentirosa”, ya que luego de los hechos violentos en la cárcel del Litoral, de noviembre, las mafias que controlan ese sitio no han entregado las armas ni la comisión de pacificación que nombró el Gobierno ha podido ingresar al lugar. 

Nelsa Curbelo, activista de Derechos Humanos, agregó que la sociedad en su conjunto ha empezado a reflexionar sobre la problemática carcelaria y a trabajar en búsqueda de soluciones; pero que el primer paso es que se apliquen las recomendaciones del organismo internacional, como no abusar de la prisión preventiva, que salgan las personas que tienen boleta de prelibertad, entre otras. 

La CIDH también recomienda fortalecer programas de reinserción, garantizar condiciones de detención compatibles con la dignidad humana, que el sistema judicial revise los procesos de los detenidos sin sentencia, adoptar medidas para contar con una política criminal.

Por su parte, la Defensoría del Pueblo, a través de un comunicado, resaltó el trabajo de la misión y sus resultados. Además, instó a las instituciones del Estado a implementar las recomendaciones formuladas.

Se pidió un pronunciamiento del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI), pero no hubo contestación.

FACT CHECKING:

Una publicación en Facebook, de la cuenta Revolución Ciudadana Yantzaza Lista 5, afirma que el informe de la CIDH responsabiliza al Gobierno de Guillermo Lasso por la crisis carcelaria.

https://www.facebook.com/100069270217163/posts/277287214590284/?sfnsn=mo

La información es falsa. En el informe consta que la crisis carcelaria es un problema estructural que se viene desarrollando desde hace, por lo menos, dos décadas “bajo la responsabilidad de diferentes Funciones del Estado”.

Agrega que el debilitamiento institucional del sistema carcelario se intensificó en el 2017, por la disminución presupuestaria, y con la reforma del 2018, cuando se eliminó el Ministerio de Justicia y se crearon la Secretaría de Derechos Humanos y el SNAI, este último a cargo de la gestión penitenciaria, que se constituye como un servicio, “por lo que carece de rectoría y presencia territorial en comparación de un Ministerio”.

Además, el informe señala algunos esfuerzos del Estado en general para atender la crisis penitenciaria y del Gobierno de Guillermo Lasso en particular.  

“La problemática que enfrenta el actual gobierno –que asumió funciones en mayo de 2021– responde a una situación originada años atrás por diferentes gestiones gubernamentales que no han abordado las causas estructurales que han dado origen a esta crisis carcelaria”, consta textualmente en una parte del informe. Y destaca algunas medidas del presente Gobierno, como la de crear una comisión pacificadora. 

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