La Comisión de Fiscalización inició el tratamiento del juicio político en contra del exministro del Interior, Juan Zapata. Este podría durar unos 45 días. Luego, le tocará el turno a la fiscal Diana Salazar.
La Comisión de Fiscalización de la Asamblea, con predominio correísta, avanza con paso acelerado la tramitación de los juicios políticos. El lunes aprobó el informe que recomienda al Pleno que continúe la interpelación al exministro de Energía, Fernando Santos Alvite, y hoy sesionó de nuevo para calificar la solicitud de juicio político en contra del exministro del Interior, Juan Zapata. Los dos son exfuncionarios del Gobierno de Guillermo Lasso.
El proceso de sustanciación de la interpelación a Zapata le tomará a Fiscalización entre 40 y 45 días. Luego pasarán a tramitar la solicitud de juicio político, que la legisladora correísta Gissela Garzón presentó en contra de la fiscal, Diana Salazar, que se ha convertido en una figura incómoda para ese movimiento político por los procesos judiciales que ha iniciado en contra de sus líderes, logrando incluso algunas sentencias como en el caso del expresidente Rafael Correa y de su exvicepresidente Jorge Glas en el caso ‘Sobornos’. Este último también tiene abierto un proceso judicial por presunto peculado en el caso ‘Reconstrucción de Manabí’.
La también asambleísta correísta, Pamela Aguirre, presidenta de la Comisión, aseguró que tan sólo cumplen con la notificación y cronograma establecido por el Consejo de Administración Legislativa (CAL). “La Comisión de Fiscalización no se puede negar a tratar ningún juicio político y al haber sido notificados por el CAL, nos toca darle tratamiento como lo hemos hecho con todos los casos que nos han notificado”, dijo Aguirre.
Interpelación a Zapata
El proponente del juicio político al exministro Juan Zapata es el legislador socialcristiano, Carlos Vera Mora, quien señala como causal, el incumplimiento de funciones al haber ejecutado entre enero y octubre del 2023 tan solo el 29% de la totalidad del presupuesto asignado a esa cartera de Estado, “pese a la gran ola de criminalidad e inseguridad que vive el país”.
En el plano político le responsabiliza el haber debilitado, dice, el accionar de la Policía en su combate contra la inseguridad, criminalidad, muertes violentas, entre otros delitos. Además considera que no implementó mecanismos ni planes de seguridad lo que permitió que aumente el accionar delincuencial. Inclusive, el legislador no duda en señalar la presunta responsabilidad política del exministro del Interior en el asesinato del entonces candidato presidencial de Construye, Fernando Villavicencio. Según Vera, más allá del esfuerzo que hizo la Policía por proteger al candidato, fue evidente la falta de logística, mecanismos y dotación necesaria para hacerlo.
Aguirre añadió que este juicio político será uno de los más importantes que se tramiten en esta Comisión, ya que además del asesinato de Villavicencio se mencionan la de otros políticos a escala nacional. “Hacer política no puede ser un riesgo para la vida y aquí vemos como en el Ecuador cada día se asesinan a más políticos: no estamos a salvo”, argumentó.
Por su parte, César Umajinga (Suma) y Adriana García (Gente Buena), asambleístas integrantes de Fiscalización, también coincidieron en responsabilizar políticamente a Zapata por la ola de violencia desatada en el país, por el incremento de las muertes violentas, de las llamadas “vacunas”, sin que exista un plan disuasivo, sin que haya una reacción a ese ambiente de inseguridad que se tomó el país.
La “moda” de los juicios políticos
La Asamblea ha entrado en una suerte de resolver, a través de los juicios políticos, sus conflictos y diferencias con funcionarios o exfuncionarios de otras entidades. De acuerdo al cronograma, luego de la interpelación que se cumpla en contra de la Fiscal, se deberá tratar un juicio político en contra de los exvocales del Consejo de la Judicatura Wilman Terán, Xavier Muñoz y Maribel Barreno, aunque los dos primeros están actualmente presos y procesados por presuntos actos de corrupción.
La semana pasada, el CAL calificó la solicitud de juicio político en contra del exsecretario de Administración Pública, Sebastián Corral. Mientras que, están a la espera del informe de la Unidad de Técnica Legislativa los procesos presentados, de manera independiente, en contra de Andrea Montalvo, exsecretaria de la Senescyt; Ana Belén Cordero, exsecretaria Anticorrupción; Pablo Arosemena, exministro de Finanzas; Gabriela Sommerfeld, canciller; y Mónica Palencia, ministra de Gobierno.
En las últimas horas y a raíz del regreso de los apagones en el país, los legisladores de Construye, Ana Galarza y Jaime Moreno, informaron que impulsarán el juicio político en contra de la exministra de Energía, Andrea Arrobo. “La Ministra suprimió y deshizo alertas al Comité de Crisis Energética con el propósito de que esta grave situación no fuera conocida para la toma de decisiones oportunas”, posteó Galarza, citando un comunicado emitido por el propio Gobierno.
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