Consejeros de oposición esperaban debatir la polémica desatada alrededor de la terna para designar al titular de la Judicatura, entre acusaciones de injerencia en la Justicia. Pero el presidente, Hernán Ulloa, ordenó un receso de la sesión y no se sabe cuándo la retomará.
Después de que todo parecía en calma y que el trabajo volvía a fluir en el Consejo de Participación Ciudadana (CPC) tras asumir la presidencia Hernán Ulloa, en reemplazo de Sofía Almeida, el Pleno de este organismo volvió hoy a revivir conflictos internos en medio de una pugna con la Corte Nacional de Justicia (CNJ).
Ulloa convocó a sesión del Pleno para las 10:00, de forma presencial y virtual. El único presente fue David Rosero, el resto se conectó vía telemática. Se constató el quórum y, de inmediato, Ulloa manifestó que, debido a situaciones de suma urgencia que debía atender, declaraba (a las 10:22) un ‘receso’ de la sesión permanente y que en su debido momento comunicará la hora de reinstalación, lo que no ocurría hasta pasadas las 17:00. “Es el miedo a la ciudadanía y a los medios de comunicación”, exclamó Rosero.
¿Pura coincidencia?
La suspensión se da un día después de desatada la pugna entre Iván Saquicela, presidente de la CNJ, y Ulloa. El 22 de febrero Saquicela envió al CPC la terna para que el Pleno de ese organismo designe al presidente titular del Consejo de la Judicatura, cargo ocupado actualmente de manera temporal por Fausto Murillo.
Sin embargo, ayer Saquicela informó que procedía a retirar la terna ya que habían pasado más de 83 días de la solicitud y el Pleno del CPC no se había pronunciado, cuestionó a Ulloa y dijo que su conducta implica la vulneración del Estado Constitucional y de la independencia judicial que podría constituir un incumplimiento de funciones que deberá ser fiscalizada por la Asamblea.
“Es necesario comentar al Ecuador que existe la posibilidad real, inminente, de una nueva metida de manos en la Justicia”, dijo Saquicela ante la inacción del CPC para nombrar al titular de la Judicatura, lo que a decir del magistrado impide, por primera vez en la historia, que la Corte tenga un delegado en esa institución.
De acuerdo con la Constitución, quien presida la Judicatura debe salir de la terna que remita la Corte Nacional de Justicia, mientras que Murillo integró la terna que presentó la Asamblea y asumió como presidente encargado tras la renuncia de María del Carmen Maldonado.
Ulloa respondió que no permitirá injerencias ni presiones indebidas en la designación del titular de la Judicatura y que no podía tomar decisiones que afecten su institucionalidad, por lo que estaba a la espera de un informe jurídico del Consejo y del resultado de una acción de protección presentada ante la Corte Constitucional por parte de Álvaro Román, vocal suplente quien reclama la titularidad. “Esto no puede tomarse como una metida de manos a la Justicia; es el respeto a la independencia de la Función Judicial”, dijo. Aseguró también que normativamente no es posible el retiro de la terna por parte de Saquicela, ya que debe esperar el pronunciamiento del pleno del CPC.
Ante esta respuesta el presidente de la Corte remitió hoy un oficio al Consejo de Participación en el que ratifica su decisión de dejar sin efecto el oficio donde consta la terna para que no se pretendan “generar efectos jurídicos y/o administrativos”. Además, asegura que enviará una nueva terna.
Esperaban debate
Aunque en el orden del día de la sesión constaban otros temas, se conoció que los consejeros de oposición iban a plantear mociones de cambio para que se debatiera la situación de la terna.
Ulloa aseguró que no existía una normativa previa para la designación del presidente de la Judicatura donde se establezcan requisitos e inhabilidades de los integrantes del listado.
Pero según Rosero, el presidente del Consejo “se guardó la terna”, ya que nunca la puso en conocimiento del Pleno. Recordó que sí hay normativa para la designación: un reglamento para elegir a los vocales de la Judicatura que se aplica para cualquier dignidad de esa institución.
La consejera Sofía Almeida, a través de su cuenta de Twitter, reiteró que sí existe la normativa y aseguró que lo que está aconteciendo es una “metida de mano en las instituciones del Estado”.
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