En la Comisión de Fiscalización se analiza la labor del Consejo en el proceso de evaluación de los jueces de la Corte Nacional de Justicia, en el 2019. Es parte de la sustentación del pedido de juicio político.
En la Comisión de Fiscalización de la Asamblea se cumple el proceso de sustanciación del juicio político en contra de los vocales del Consejo de la Judicatura Fausto Murillo (presidente en funciones), Ruth Barreno, Juan José Morillo y María de Carmen Maldonado (expresidenta, que renunció a la Judicatura).
La solicitud fue presentada por la asambleísta correísta Viviana Veloz y su coideario, el exlegislador Fausto Jarrín, por presunto incumplimiento de funciones. Las acusaciones concretas se relacionan con el proceso de evaluación de jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), en el 2019, que terminó con la remoción de 23 magistrados; concurso de selección de jueces de la CNJ; nombramiento de conjueces temporales; incumplimiento de la renovación parcial de la Corte; nombramiento de fiscales encargados.
La Corte Constitucional declaró inconstitucional el proceso de evaluación y dispuso una reparación económica para los jueces cesados, sin que esto implique que puedan ser reintegrados al cargo.
A través de un comunicado, el Pleno de la Judicatura indicó que se está violando el debido proceso, ya que dos asambleístas del correísmo, Roberto Cuero y María Molina, solicitaron agregar pruebas de forma extemporánea en el juicio político.
“El pedido de inclusión de esas pruebas contraría abiertamente al artículo 79 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa (LOFL), que dispone que el anuncio de la totalidad de la prueba debe realizarse al momento de la presentación de la solicitud de juicio político. En este caso, la solicitud fue presentada en febrero del 2022 y ninguno de los dos asambleístas entregó en ese momento las pruebas a las que hoy hacen referencia”, consta en el comunicado.
Agrega que las autoridades del Consejo de la Judicatura presentaron sus pruebas de descargo sobre la base de la solicitud presentada hace cinco meses. “Las pruebas de última hora no han sido puestas en conocimiento de las autoridades del CJ y, por lo tanto, atentan contra las garantías del debido proceso y la seguridad jurídica”, dijo el organismo.
El juicio político
En la Comisión la fase de pruebas de cargo inició el 4 de agosto y durante este lapso se han presentado algunos exjueces afectados. Por ejemplo, Rosa Merchán, quien aseguró que fue víctima de persecución por parte de la Judicatura y que, a la par, se le ha intentado desprestigiar con acusaciones de presuntas anomalías en su patrimonio. Mientras que José Luis Terán considera que la evaluación a la que fueron sometidos los exjueces fue ilegal y arbitraria sin respetar el debido proceso y que no se respetó el tiempo de permanencia que debía cumplir en el cargo, que es de nueve años.
En el mismo sentido se pronunció hoy Roger Cusme, quien aseguró que llegó a la Corte Nacional de Justicia a través de un concurso de méritos y oposición e impugnación ciudadana. Añadió que en el proceso de evaluación no se tomó en cuenta su discapacidad visual absoluta, ya que no se le dieron las herramientas necesarias para cumplir las pruebas. “Se vulneró la independencia judicial y mi derecho al trabajo”, dijo.
Por su parte, Henry Arcos, director nacional de Asesoría Jurídica de la Judicatura, manifestó que hay falta de veracidad en los testimonios de algunos de los comparecientes, ya que el proceso de evaluación tuvo aspectos cualitativos y cuantitativos. Informó que, por ejemplo, en el aspecto cuantitativo, se constató que algunos procesos a cargo de los jueces cesados llevaban entre 497 y 1.150 días de demora. “Estamos hablando de causas que se despachaban en más de tres o cuatro años”, dijo.
En cuanto a la queja de Cusme, el funcionario aseguró que sí se le proveyó de un software especial de acuerdo con su discapacidad visual. Arcos explicó que todo el proceso de evaluación se dio cumpliendo los resultados de la consulta popular del 2018.
Por su parte, el presidente de la Corte Constitucional, Alí Lozada, envió una comunicado a la Comisión de Fiscalización solicitando que se les excuse de asistir a las comparecencias solicitadas, ya que sus pronunciamientos están detallados en las sentencias emitidas y que no pueden hablar fuera de ese ámbito.
Los integrantes de esta Mesa rechazaron la negativa de Lozada y decidieron insistir en que comparezca, ya que la Corte Constitucional no está por encima de la Asamblea ni de los procesos de fiscalización que se cumplen.
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