La Fiscalía lleva a adelante la investigación penal; mientras que en la Asamblea el oficialismo trata de fiscalizar los vínculos políticos ante el silencio del correísmo. El Consejo de Participación busca ser acusador particular.
POR: Hugo Constante
En medio del silencio del correísmo, el caso ‘Ligados’, en el que la Fiscalía investiga el presunto delito de asociación ilícita para tomar el control de varias instituciones públicas, se maneja desde varios frentes. En la investigación fiscal están indagados los exconsejeros correistas de la ‘Liga azul’ Augusto Verduga, Yadira Saltos y Eduardo Franco Loor.
Tomaron ese identificativo durante el 2023, ya que para llegar al Consejo de Participación Ciudana (CPC) hicieron campaña con el auspicio de la Revolución Ciudadana y, de manera especial, de su líder Rafael Correa, lo que está prohibido, para el ejercicio de ese cargo en particular, por el Código de la Democracia. De hecho, por ese motivo el Tribunal Contencioso Electoral les destituyó del cargo. La consejera en funciones, Nicole Bonifaz, fue incluida en esta investigación penal.
Según la Fiscalía, los investigados habrían utilizado sus cargos para intentar tomar el control del Estado a través de otros presuntos delitos, como tráfico de influencias, incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente y usurpación de funciones públicas.
La investigación se inició a raíz de una denuncia del actual superintendente de Bancos, Roberto Romero, quien no había podido posesionarse en el cargo porque el correísmo respaldaba para ese puesto a Raúl González.
Pero el proceso no se quedó solo a nivel de la Fiscalía. El Pleno del CPC aprobó que se presente una acusación particular, ya que el informe jurídico de esta institución considera que hay una afectación implícita al Consejo como víctima de los hechos. Andrés Fantoni, presidente del organismo, dijo que es necesario defender su potestad para la designación de autoridades de forma transparente, ya que se habría intentado alterar la mayoría del Pleno para designar autoridades mediante el tráfico de influencias, “lo que es sumamente grave y causa daño institucional”.
Bonifaz argumentó, a través de un oficio, que el CPC se encuentra imposibilitado de presentar una acusación particular en contra de los consejeros, ya que no es una investigación que haya impulsado este organismo y que este obstáculo legal no es sólo normativo, sino también institucional.
Santiago Peñaherrera, coordinador jurídico, aseguró que hay una presunción de afectación institucional, por lo que el Pleno tiene la potestad para presentar una acusación particular. Verduga cuestionó la decisión. En su cuenta de X posteó que los actuales consejeros están más preocupados en presentar una acusación particular que en cumplir sus tareas. “En lugar de defender la sede de la institución, estos consejeros legitiman esa incursión violenta en la casa de la ciudadanía”, agregó Verduga, en referencia al allanamiento que se realizó a la sede del Consejo donde le incautaron sus celulares, cuyos chats, según la Fiscalía, revelan todo un esquema armado entre los consejeros de la ‘Liga azul’ y las principales figuras del correísmo para incidir en la designación de autoridades que sean afines a esa organización política.
Asamblea, el otro frente
Casos como ‘Petronoboa’, adquisición de chalecos para los militares, derrame de petróleo en Esmeraldas y concesión del campo Sacha son fiscalizados por comisiones como las de Justicia, la de Fiscalización y la de Participación Ciudadana. Son comisiones presididas por asambleístas del correísmo, que en algunas tiene mayoría. Ninguna de ellas ha mencionado la intención de fiscalizar el caso ‘Ligados’, a pesar de la repercusión política que se ha generado alrededor de este tema.
La Comisión que ha asumido esa labor es la de Seguridad, presidida por la asambleísta del oficialismo Inés Alarcón, con poco éxito. En la primera sesión que se trató el tema no llegaron todos los legisladores y en la segunda definitivamente no le dieron quórum ni los asambleístas del correísmo ni los del Partido Social Cristiano. Aun así, Alarcón espera tener al menos cinco sesiones más antes de emitir el informe y para el viernes dijo que comparecerán delegados de la Fiscalía y muy posiblemente el ministro de Gobierno, José De la Gasca.
De manera paralela, el también asambleísta oficialista Fausto Fernández presentó una solicitud de juicio político en contra de los tres exconsejeros y de la consejera por incumplimiento de funciones. El argumento que consta en la solicitud es que sometieron al país a “un impresentable show político que afectó la institucionalidad del Estado”.
Agrega que la actuación de los investigados penalmente constituye una clara arrogación de funciones, que actuaron más allá de sus facultades y que se extralimitaron al intentar promover en el cargo de Superintendente de Bancos a González. “Los chats del caso ‘Ligados’ (…) denotan un conjunto de actividades coordinadas y acciones dirigidas para obtener beneficios en instituciones estratégicas, como la Superintendencia de Bancos y el Consejo de la Judicatura”, consta en el escrito.
Agrega que la documentación evidencia un grupo altamente coordinado operando desde instituciones públicas estratégicas, con maniobras cuestionables, para mantener control institucional mediante la cooptación de cargos clave, con el objetivo de convertir a los procesos de selección de autoridades en “pactos políticos oscuros” para manejar entidades de control de forma deliberada.
De ser calificada la solicitud, el tratamiento de este juicio político quedaría para la próxima Asamblea, donde correístas y oficialistas estarán en igualdad de condiciones con relación al número de legisladores, por lo que para tomar decisiones dependerán de los pocos asambleístas “independientes” que ocuparán una curul.
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