POR: Paola Simbaña
Una joven de 15 años, estudiante del Colegio Dillon, fue violada en su transporte escolar. El conductor huyó. La Fiscalía confirmó que existe una investigación y ofreció ayuda a la víctima y a su familia. El caso revive un ‘espíritu de cuerpo’ que pretende ocultar el nombre del colegio.
El jueves de la semana pasada, la vida de una niña de quince años cambió para siempre. La menor y su familia denunciaron ante la Fiscalía que ella fue violada por el conductor del transporte escolar de la Unidad Educativa Luis Napoleón Dillon, en Quito.
De hecho, la Fiscalía, a través de su cuenta de Twitter confirmó el inicio de una investigación por este caso: “El fiscal a cargo dispuso las respectivas diligencias y se ordenaron medidas de protección para la víctima y su familia. El equipo de género de la Fiscalía acompaña a la víctima y a su familia desde el momento en que se conoció el hecho. Además, internamente se solicitó la revisión del accionar de todos quienes intervinieron en la recepción de la denuncia”, dicen los dos mensajes de la entidad.
Un reporte del canal RTU dio a conocer el repudiable hecho. En el reporte, la madre de la niña cuenta que, para tomar el bus escolar, su hija salió a las 11:40 de su casa, ubicada en Llano Grande, en el norte de la ciudad. La menor relató que el chofer del transporte la estaba esperando al frente de la calle y que luego se paró en una bodega a comprar un jugo. Después le dijo que quería hablar con ella y que se pasará al asiento más cercano a él.
“Vino con una botella transparente y mezcló. Me decía ‘toma para que hablemos’. Yo le dije: ‘No, yo no tomo’. Y él seguía: ‘toma, toma, no te va a pasar nada’”, relató la menor a su madre. La niña fue sentada por el sospechoso en la parte de adelante del bus y llegó a la institución en el mismo transporte.
“La rectora me dijo que mi hija llegó en estado etílico y que tenía que acercarme al colegio de urgencia. A mí me sorprendió porque mi hija no toma”, señaló la madre. La estudiante llegó al plantel educativo y a las 13:36 llamaron a sus padres.
Hoy, diferentes medios de comunicación reportaron que los estudiantes del Colegio Dillon se congregaron en exteriores para ir caminando hasta el Ministerio de Educación. Los jóvenes exigieron justicia y marcharon en apoyo a su compañera violada.
Los jóvenes caminaron por la Av. Eloy Alfaro hasta la Amazonas y llevaban globos púrpuras y carteles mientras reclamaban, para que este terrible hecho no quede impune.
Entre los gritos de las manifestantes se escuchaba: “Si tocan a una, respondemos todas”.
Una lamentable historia
Enrique Pérez García, subsecretario de Educación, declaró en una entrevista para Teleamazonas que se une al pedido de justicia de los estudiantes, y que le creen a la víctima. Además, pidió que la Fiscalía actúe con celeridad para que el caso se esclarezca.
“El día que se produce esto, que es el jueves, inmediatamente se activa el DECE, se llama al 911 y nos dicen que es un tema de flagrancia. Viene la Policía y ve que la chica está en malas condiciones, regresan más tarde, nos comunicamos con los padres de familia y ponemos nosotros la denuncia en la Fiscalía. El tipo se fugó el mismo día. El chofer va a la institución, deja en la calle a los estudiantes, la profesora mira que la chica está en malas condiciones y qué es lo que hace, trata de subir al bus y el chofer casi le aplasta a la inspectora y se huye”, explicó Pérez.
La ministra de Educación, María Brown, señaló que existen dos denuncias por este caso de violación. Una fue puesta por la familia de la menor y la otra por parte de la autoridad educativa de la institución.
“Nuestro mayor interés es que se puedan agilizar todos los procesos de la investigación, para que se pueda dar con todos los detalles de lo sucedido, para que se tenga toda la información y que se pueda hacer justicia y que se pueda, además, acompañar psicológicamente a las familias. No solamente de la víctima, sino también del resto de los estudiantes de la institución educativa y que, además, se pueda sensibilizar a toda la comunidad sobre estos hechos que son realmente nefastos y que nosotros buscamos que no se repitan”, afirmó la Ministra.
Human Rigths Watch recoge datos del Ministerio de Educación que señalan que, del 2014 al 2020 se registraron 3.607 denuncias de violencia sexual en las unidades educativas del país. Esta investigación señala que los niños y adolescentes sufrieron de violencia sexual por parte de docentes, personal escolar, conserjes, conductores de transporte escolar y compañeros de estudios.
Desde el 2014 hasta el 2016, se reportaron 517 denuncias de abuso sexual en el sistema educativo, según el informe de la Comisión Aampetra de la Asamblea Nacional, nombrada así en memoria del caso en el cual un profesor violó de manera sistemática durante un año a 41 niños de entre 8 y 9 años, en las instalaciones del colegio Aampetra, en el sur de Quito.
“El Ministerio de Educación debe realizar las auditorías establecidas en la normativa vigente, tanto en los establecimientos educativos públicos como particulares, para acceder a información directa respecto al cumplimiento de protocolos y parámetros de seguridad, como medida de prevención de la violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes”, recomienda el documento.
Análisis
Gabriela Alvear, cofundadora de Diálogo Diverso, recordó que la labor de las instituciones educativas es proteger a los niños y adolescentes en las distintas etapas de su vida y cuando forman parte de la comunidad estudiantil.
“Lo que sucede en Ecuador es que las entidades educativas tienen un mal llamado espíritu de cuerpo y buscan, entre comillas, proteger su nombre institucional, buscando de alguna manera contribuir a la vulneración de derechos. (…) Lo que se ha cometido es un delito grave y atroz y la entidad educativa tiene que ser la primera instancia encargada de informar a los padres de familia. De oficio tiene la obligación de hacer la denuncia, de prestar inmediatamente el apoyo psicosocial que necesita la víctima, separar de la institución a la persona, sea quien sea, tienen la obligación de manera permanente de informar a la comunidad estudiantil”, explica.
Alvear asegura que, lamentablemente, lo que ha sucedido no es el primer caso y que sucede hasta con niños menores de 5 años en buses escolares o en guarderías.
“Lo que menos les gusta a las unidades educativas es que se sepa el nombre de la unidad. Yo misma he atendido casos en los que han sucedido cosas así de atroces con niños o adolescentes y las instituciones no quieren ni prestar ayuda, ni brindar información, no denuncian. Quieren proteger su nombre; y prestigio tuvieran si fueran las primeras en evidenciar, en alertar lo que está sucediendo”, sentenció.
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