El Gobierno de Daniel Noboa colocó USD 1.000 millones en bonos externos con rendimiento promedio de 8,5%. La operación reabre títulos con vencimiento en 2034 y 2039, confirmó el Ministerio de Finanzas.
El Gobierno de Daniel Noboa emitió hoy 1.000 millones de dólares en bonos de deuda externa en el mercado internacional de capitales, en una operación que reabre títulos soberanos con vencimiento en 2034 y 2039, informó el Ministerio de Economía y Finanzas. La emisión se colocó con un rendimiento promedio del 8,5%, según el boletín oficial publicada en la página web del miniserio.
La operación representa la segunda salida de Ecuador a los mercados internacionales en 2026, después de que el país retornara el 26 de enero tras siete años de ausencia, de acuerdo con el Ministerio. En esta ocasión, según el ministerio, el rendimiento fue 50 puntos básicos menor que el obtenido en enero, lo que el Gobierno presentó como una señal de mayor confianza de los inversionistas.
El Ministerio también dijo que la demanda por los bonos ecuatorianos alcanzó los 7.000 millones de dólares, es decir, siete veces más que el monto finalmente colocado. En enero, según la misma cartera de Estado, la demanda había sido 4,5 veces mayor a lo ofertado.
La emisión se realizó mediante una reapertura de bonos soberanos vigentes, un mecanismo que permite aumentar el monto en circulación de títulos ya existentes, en este caso con vencimientos en 2034 y 2039. Para el Gobierno, esta estrategia busca “profundizar la liquidez” de esos papeles en el mercado secundario y mejorar el perfil de vencimientos de la deuda pública.
El Ministerio también vinculó la operación con la caída del riesgo país, que ubicó en cerca de 400 puntos, el nivel más bajo en 11 años, según su boletín. El riesgo país mide la percepción de los mercados sobre la capacidad de pago de una economía: mientras más bajo es, menor suele ser el costo de endeudamiento para el Estado.
En cualquier caso, la nueva deuda es de libre disponibilidad, y permitirá “sostener la inversión pública” y “fortalecer la provisión de servicios ciudadanos”, según Finanzas. Eso significa que los recursos no están atados a un proyecto específico y podrán ser usados para financiar necesidades generales del Presupuesto del Estado, como inversión pública, servicios ciudadanos u otras obligaciones fiscales.
