Las dudas sobre la descalificación de Jan Topic y la suspensión de Verónica Abad como Vicepresidenta, son muchas y de muchos sectores; no queda clara su pertinencia legal y, en todo caso, provocan un sismo en el Estado a tres meses de las elecciones de 2025. 

POR: Hugo Constante

Como un momento crítico en la democracia del país califican desde diversos sectores la situación de la vicepresidenta de la República, Verónica Abad, suspendida temporalmente del cargo; y de Jan Topic, a quien el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) le dejó fuera de la contienda electoral. Son dos hechos que se dieron el fin de semana y que generaron preocupación en la opinión pública. 

Políticos, activistas, abogados señalan como responsable de esta situación al presidente de la República, Daniel Noboa, quien, en su búsqueda de la reelección, dicen, no ha dudado en irse por encima de la Constitución y de las normas electorales. 

Paúl Córdova, docente universitario y constitucionalista, asegura que son dos hechos que evidencian un momento difícil para la Constitución y para el Estado constitucional. “Son momentos oscuros, opacos”, considera el constitucionalista.   

Por su parte, Gabriela Alvear, directora de Diálogo Diverso y activista social, manifestó que se vive una grave crisis institucional, democrática, de partidos políticos, del derecho a la participación política electoral.

Topic añadió, por su parte, que su descalificación y la sanción a Abad constituyen uno de los ataques “más potentes de la democracia”. Desde la Asamblea también hubo reacciones. El legislador de Construye Jorge Peñafiel indicó que Noboa ha actuado con Abad de manera ilegal e ilegítima; mientras que el abogado de la Vicepresidenta, Damián Aramijos, no duda en asegurar que se ha dado una “ruptura del orden constitucional”. 

La sanción a Abad tuvo tal repercusión que la Asamblea casi se vió obligada a retomar el miércoles la sesión 963 del Pleno, donde uno de los puntos del orden del día es el pedido de Abad para que se fiscalice a la ministra del Trabajo, Ivonne Nuñez, y a la canciller, Gabriela Sommerfeld. La solicitud fue remitida el 17 de septiembre al entonces presidente de la Legislatura, Henry Kronfle (PSC), quien lo puso en el orden del día pero se le dio largas y no había la voluntad política para tratarlo. 

De hecho el 22 de octubre, en su espacio ‘El semanal legislativo’, la presidenta de la Asamblea, Viviana Veloz, a una consulta hecha por la presa sobre cuándo se pondrá en agenda la situación de la Vicepresidenta de la República, respondió: “No entiendo qué debe discutir la Asamblea respecto a la situación de la Vicepresidencia de la República. Hay un marco legal constitucional que se debe cumplir y ningún funcionario está por encima de las normas jurídicas que tenemos en Ecuador”.

El caso Abad 

El Ministerio del Trabajo suspendió a Abad de su cargo de Vicepresidenta de la República por cinco meses sin derecho a sueldo. La sanción se tomó a través de un sumario administrativo por “abandono injustificado del trabajo por tres o más días laborables consecutivos”, en aplicación de la Ley Orgánica del Servicio Público. Según el Ministerio, Abad 

incumplió la disposición de presentarse hasta antes del día 1 de septiembre en la ciudad de Ankara, en Turquía, según lo que habría dispuesto el viceministro de Relaciones Exteriores de Ecuador, Augusto Barberis. La Vicepresidenta llegó a Turquía, proveniente de Israel, el 9 de septiembre. 

Para Abad, se trata de un ataque sin precedente al Estado de derecho e independencia de poderes. “Ecuador se encuentra en una profunda oscuridad”, dijo. Aseguró que el objetivo es que no asuma la Presidencia de la República cuando Noboa tenga que pedir licencia para su campaña a la reelección. Acusó a Noboa de usar argumentos propios de una dictadura para sancionarla, lo que constituye una ruptura del orden constitucional y un golpe de Estado. A pesar de este reclamo, Noboa nombró a Sariha Moya, secretaria nacional de Planificación, como Vicepresidenta encargada. 

En el análisis constitucional de la sanción, Córdova asegura que el sumario administrativo no puede aplicarse a la Vicepresidenta de la República, cuyo cargo tiene su propio régimen de responsabilidades, controles y sanciones establecidos en la Constitución, al ser una servidora de elección popular. Añadió que el Ministerio no tiene la competencia para establecer esta figura de suspensión, ya que no está bajo su ámbito de control. “Se están afectando los derechos de la Vicepresidenta y, al mismo tiempo, se está haciendo un fraude a la Constitución”, dijo el especialista. Por lo que, agrega, siendo un acto inconstitucional, todo lo actuado después de esa suspensión, como la designación de su reemplazo temporal, para él no tiene valor legal. A lo que se añade que la suspensión no está en firme, ya que puede apelarse, por lo que no se puede nombrar a nadie en su reemplazo hasta que se haya ejecutoriado el acto administrativo. “Hay una cadena de ilegalidades en las que se están incurriendo”, aseguró. 

Al respecto, Damián Armijos y Dominique Dávila, abogados de Abad, confirmaron que  presentaron una acción de protección para precautelar los derechos de su defendida, por lo que no cabría ningún reemplazo, ya que, para ellos, Abad sigue siendo Vicepresidenta de la República en funciones. Además, acudirán a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitando una medida cautelar. 

Desde el lado de los Derechos Humanos, Alvear indica que la Vicepresidenta de la República, con quien tiene diferencias ideológicas, es víctima de violencia política de género. “Lo que acaba de hacer la Ministra del Trabajo, siendo una mujer, se volvió funcional al poder de turno; no funcional a los derechos laborales y derechos legítimos de una vicepresidenta que está siendo políticamente”, dijo. 

Con Abad se han solidarizado políticas como Blanca Sacancela, candidata a la vicepresidencia por el movimiento CREO, quien en un comunicado rechazó la sanción ya que vulnera los derechos políticos de una mujer en el ejercicio de su cargo. 

El caso Topic 

La noche de ayer el Tribunal Contencioso Electoral (TCE), con 4 votos a favor y un voto salvado, negó la candidatura presidencial de Jan Topic, por el Movimiento SUMA, con el argumento que mantiene vínculos con empresas contratistas del Estado, situación que está prohibida por el Código de la Democracia. 

El fallo del TCE se generó por una impugnación de Sociedad Patriótica y de Pachakutik, a la resolución del Consejo Nacional Electoral (CNE) a través de la cual se calificó la candidatura del empresario ya que, según el informe jurídico de ese organismo, Topic no se encontraba inmerso en las inhabilidades para postularse.

Con la sentencia del TCE, SUMA deberá buscar un candidato presidencial, para lo que tienen plazo hasta el domingo, según Guillermo Celi, director del Movimiento.

Córdova asegura que la sentencia del TCE carece de motivación jurídica y se basa en supuestos. “Hay elucubraciones, especulaciones de que se podría beneficiar, de que se configuraría o no la prohibición. Pero no hay un sentido de certeza sobre la prohibición constitucional, no hay un análisis jurídico que evidencie esa prohibición”, dijo. 

Candidatos presidenciales ya en firme reaccionaron a través de sus redes sociales a la sentencia. Luis Tillería, candidato por Avanza, aseguró que la libertad y la democracia están juego. “Hoy es Topic, mañana puede ser cualquier ciudadano libre de este país”, posteó. 

“A Jan Topic había que ganarle en las urnas. A nadie le conviene una justicia electoral alquilada”, comentó, en cambio, Henry Cucalón, de Construye.

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