Ecuador inició el viernes la deportación de más de 1.000 presos colombianos hacia su país. ¿Qué implicaciones puede tener esta decisión?
POR: Juan Camilo Escobar
La noche del viernes, sin previo aviso y en medio de tensiones diplomáticas con Colombia, Ecuador inició un proceso masivo de deportación de colombianos que se encontraban cumpliendo condenas en las cárceles ecuatorianas.
La escena fue abrupta: centenares de presos trasladados hasta la frontera, sin certeza de lo que les esperaba del otro lado.
Algunos de ellos, según testimonios recogidos por medios locales en Tulcán, ni siquiera habían cumplido sus condenas completas. “Sólo llevo un año, me faltaban dos”, aseguró uno de los deportados, desconcertado al llegar a suelo colombiano.
La falta de coordinación entre ambos gobiernos ha encendido alarmas entre expertos y exfuncionarios que advierten que la medida podría agravar, en lugar de aliviar, la situación de seguridad de ambos países.
Sin coordinación, el crimen gana
“Quienes se benefician de esto son los ‘narcos’, los mafiosos del crimen transnacional. Ellos ven a dos estados que no se ponen de acuerdo ni en lo más básico. Entonces, siguen operando con facilidad”, advierte el catedrático de derecho internacional Pablo Játiva.
Para él, el error principal de Ecuador fue ejecutar las deportaciones sin asegurarse de que los reos continuarían sus condenas en Colombia. También criticó al Gobierno colombiano por no haber respondido formalmente a la solicitud ecuatoriana, hecha hace más de un año. “En su momento, Petro dijo públicamente que habría colaboración, pero luego no se hace nada. Hay un sí público, pero no se concreta”, añadió.
De los cerca de 1.000 presos colombianos que el gobierno ecuatoriano pretende deportar en total, sólo 11 tienen órdenes de captura vigentes en su país, según cifras oficiales de la Cancillería colombiana.
El resto, aunque pueda representar un riesgo, quedará en libertad. “Muchos de ellos no tienen procesos abiertos en Colombia. Así que nada impide que vuelvan a cruzar la frontera. ¿Y entonces qué logramos?”, cuestiona Játiva.
El exsubdirector del SNAI Fernando Sánchez coincide en que el procedimiento fue precipitado. Señala que, antes de la expulsión, Ecuador debía transferir a Colombia la información penitenciaria de cada recluso: historial disciplinario, nivel de rehabilitación, condiciones de salud mental.
Una decisión unilateral
El exvicecanciller Marcelo Fernández de Córdova considera que la falta de coordinación entre cancillerías fue el detonante de la crisis. “Expulsar personas es una facultad soberana. Nadie lo discute. Pero hacerlo sin coordinación genera consecuencias graves. Lo que ocurrió fue eso: cientos de convictos cruzaron a Colombia sin documentos ni controles, y quedaron libres”, lamenta.
Para Fernández de Córdova, el descuido podría incluso abrir la puerta a una respuesta similar desde Bogotá. Así, dijo, Colombia podría aplicar el principio de reciprocidad y aplicar el mismo proceso, recordando que en las cárceles colombianas hay también un número considerable de ecuatorianos presos, situación que debería tomarse en cuenta para futuras decisiones de Ecuador en esta materia.
El sábado, mientras el gobierno colombiano aseguraba haber recibido a 603 personas —543 hombres y 60 mujeres— el SNAI hablaba de 700 deportaciones. En cualquier caso, ninguna de las dos partes ha presentado una lista completa, y la descoordinación se volvió evidente cuando se supo que sólo 348 de los deportados tenían antecedentes judiciales registrados en Colombia.
En este contexto, el presidente Daniel Noboa defendió hoy su decisión, argumentando que el país “no puede continuar sosteniendo a más de 1.000 reclusos colombianos que, por ley, reciben atención prioritaria”. Así respondió a su homólogo de Colombia, Gustavo Petro, que acusó a Ecuador de “desdén diplomático” y de tratar a los colombianos como “objetivos militares”, aunque luego eliminó sus declaraciones de la red X.
Un encuentro tardío
Hoy, tres días después de iniciadas las deportaciones, representantes diplomáticos de ambos países se reunieron en la Cancillería ecuatoriana. El mensaje oficial fue escueto: se reafirmó que el proceso cumplía con la normativa vigente y se garantizaba el respeto a los derechos humanos.
Sin embargo, no se informó sobre un acuerdo formal ni se revelaron mecanismos de cooperación a futuro. Hasta el momento, no hay garantías de que Colombia continúe los procesos penales iniciados en Ecuador, ni de que los deportados sean detenidos.
¿Alivio carcelario o puerta giratoria?
Fernando Sánchez, quien dirigió el SNAI durante el gobierno de Lenín Moreno, asegura que la deportación de presos extranjeros puede ser una política positiva. Según él, no sólo reduce costos operativos en los penales, sino que, si el proceso se realiza de una manera adecuada, permite a los internos estar más cerca de sus familias durante su proceso de rehabilitación.
Sánchez, quien también recordó que previo a la deportación era indispensable que Ecuador transfiriera toda la información penitenciaria de los reclusos —como historial disciplinario y proceso de rehabilitación— para que pueda ser continuada por el sistema colombiano. De lo contrario, advirtió, “es peligrosísimo. Podría implicar que regresen al país con facilidad”.
“Es muy preocupante porque, definitivamente, implicaría que no hay un acuerdo con el gobierno colombiano. Y, por lo tanto, ellos no pueden asumir como tal. Y la población, efectivamente, llegará a Ipiales y estará en libertad. Lo cual es gravísimo”, comentó.
En su tiempo al frente del sistema penitenciario, recuerda, había unos 1.600 presos colombianos, 1.400 venezolanos y 500 de otras nacionalidades, como cubanos y mexicanos. El problema, señala, no es deportar: es hacerlo sin garantías ni seguimiento.
Pablo Játiva, en tanto, insiste en el riesgo geopolítico de fondo: mafias transnacionales con grandes recursos y más ágiles que los estados: “Estamos hablando de organizaciones que tienen helicópteros, submarinos, recursos humanos y financieros. Son más ágiles incluso que los estados. Si no hay cooperación, son ellos los que ganan”.
Hasta hoy, no se ha hecho público un acuerdo formal, si efectivamente existió, entre Quito y Bogotá que defina cómo, cuándo y bajo qué condiciones se ejecutarán las deportaciones pendientes. Mañana, martes, se prevé que el proceso continúe.
El ministro del Interior, John Reimberg, anunció que los deportados tendrán prohibido ingresar a Ecuador durante los próximos 40 años. Pero esa decisión, por sí sola, no evita que regresen clandestinamente ni resuelve la incertidumbre sobre su situación legal en Colombia.
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