Aunque la medida incluye a estas dos bandas en la ‘lista Clinton’, es necesario un apoyo técnico y económico para que sea efectiva.
POR: Juan Camilo Escobar
“Sin recursos y sin asistencia técnica, no se puede hacer absolutamente nada”, señaló Catalina Carpio, una de las abogadas con más experiencia en prevención de lavado de activos en Ecuador frente a la reciente decisión del gobierno de Estados Unidos de declarar como terroristas a los integrantes de Los Lobos y Los Choneros, dos de las bandas criminales más peligrosas que operan en el país.
Se requiere, dijo, que la Fiscalía cuente con más personal especializado para atender casos de “criminalidad compleja”, en la cual operan estas bandas criminales. Hoy, por ejemplo, existe una sola fiscal responsable de atender casos de extinción de dominio, es decir, que el Estado pueda recuperar bienes de origen ilícito o que fueron utilizados para actividades ilícitas.
“Con esos acuerdos, el gobierno de Estados Unidos deberá fondear y dar asistencia técnica a jueces y fiscales para fortalecer el sistema de justicia ecuatoriano, para poder cumplir con esos requisitos que exigen los americanos”, agregó.
Por ahora, este es uno de los principales vacíos que enfrenta el Estado para que la mencionada declaratoria, que era una de las medidas más “positivas”, “potentes” y “esperadas” pueda, efectivamente, traducirse en resultados concretos, coincidieron Carpio y otros tres especialistas consultados.
Por ahora, ¿qué significa tal declaratoria? ¿Y cómo se activa?
Con tal declaratoria las dos organizaciones criminales ingresan a la denominada lista Clinton, es decir, a la Specially Designated Narcotics Traffickers (SDNT list).
Se trata de una lista negra gestionada por la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, creada en 1.995 por el entonces presidente, Bill Clinton, para bloquear económicamente a los capos del narcotráfico colombiano e impedir su acceso a los bancos estadounidenses. Hoy esta lista incluye personas y empresas relacionadas con delitos financieros, narcotráfico, financiamiento de terrorismo y lavado de activos.
Los expertos consultados puntualizaron que esta decisión implica tres beneficios concretos para Ecuador:
El primero, que puede recibir información valiosa, recopilada a escala global por los servicios de inteligencia de Estados Unidos y que puedan aportar servicios similares de países amigos.
El segundo, que a la justicia ecuatoriana se le facilita la “extinción de dominio”.
El tercero, extradiciones a Estados Unidos que, de otra manera, no serían posibles, bajo acusación de conspiración para lavar dinero, figura legal y delito que no tiene equivalente en Ecuador. Esto, sin embargo, requiere la venia del Gobierno ecuatoriano, tal como ya ocurrió con la extradición del narcotraficante y líder de la banda de Los Choneros José Adolfo Macías Villamar, alias ‘Fito’.
“El Estado ecuatoriano se puede basar en que Los Lobos y Los Choneros ya están en la lista Clinton para iniciar acciones de extinción de dominio. El gobierno estadounidense podrá extraditar con más facilidad a esos narcotraficantes, como hicieron con Fito, para juzgarles por el delito de conspiración para lavar dinero, figura legal que no tiene equivalente en Ecuador. Por esa figura fue sentenciado, por ejemplo, el excontralor Carlos Pólit.
Esta facilidad, agregó Carpio, consiste en que esta acción se puede realizar de una manera extraordinaria e independiente a que se inicie un proceso legal por lavado de activos, los cuales, según la legislación vigente deben durar dos años, pero en la práctica se extienden por más de cinco años sin lograr sentencias condenatorias.
¿Habrá repercusión?
En el ámbito de la justicia, a criterio del expresidente de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) Iván Saquicela, “la declaratoria tiene una repercusión importante en la medida en que el Estado tome acciones frente al narcoterrorismo, porque ya no estamos hablando simplemente de venta de drogas, sino de que la criminalidad de los narcos fue más allá, a lo que es terrorismo”.
En este sentido dijo que, de manera prioritaria, el Gobierno ecuatoriano debe emprender nuevas acciones a escala internacional para insistir en la necesidad de apoyo al combate al crimen que opera al interior del país, pero que rebasa sus fronteras y tiene alcance transnacional. Esto, en materia judicial se traduce en cooperación entre las fiscalías a partir de casos concretos de investigación iniciados en Ecuador, acotó.
PREVISIÓN ANTE EFECTOS NEGATIVOS
Ecuador tendrá tanto efectos negativos como positivos de esta declaratoria, la cual se da en pleno inicio de una nueva agenda geopolítica del presidente estadounidense, con movilización de su fuerza naval frente al caribe de Venezuela, a cuyo presidente de facto, Nicolás Maduro, lo vincula con el Cartel de los Soles, coincidieron la internacionalista Katherine Herrera y el exdirector de inteligencia del Ejército Mario Pazmiño.
“Una de las cosas que, precisamente, se pedía, es que colaboren con ese intercambio de información otros actores que están siendo utilizados o involucrados para la dinámica del crimen organizado”, comentó.
Esto significa, para Pazmiño, que “estas dos organizaciones entran automáticamente en el círculo de objetivos de todos los sistemas de inteligencia global. Y, por lo tanto, tratar de crear empresas internacionales o blanquear dinero en otros lugares será difícil. Es un cerco judicial y económico”.
Sin embargo, dijo Herrera, frente a este aspecto positivo, hay un aspecto negativo que requiere previsiones: las posibles retaliaciones, con hechos de violencia criminal, no sólo por parte de las dos bandas, sino de otras menores que “intentan ganar estatus y alianzas con otros actores criminales internos y externos”.
En este mismo sentido, Pazmiño dijo que “no es que estas dos organizaciones se van a quedar tranquilas y cita como ejemplo que hubo retaliaciones contra el Estado y la sociedad por parte del Cartel de Medellín al ser declaradas terroristas”.
LA VERSIÓN OFICIAL
“Es muy temprano, apenas fue la declaratoria de parte de Estados Unidos, pero es una cuestión de altísima relevancia”, dijo hoy, en su rueda de prensa semanal, la vocera de Carondelet, Carolina Jaramillo.
La funcionaria aseguró que sí se tiene previsto un intercambio de información, acciones judiciales en Estados Unidos a quienes apoyen a estas organizaciones e inmovilización de cuentas bancarias.
“Hay un cerco jurídico-financiero y esto, de alguna manera, nos va a permitir a nosotros tener un combate mucho más concreto y más eficiente de estas estructuras que no operan dentro de los límites de Ecuador, sino que precisamente han logrado ser organizaciones transnacionales”, dijo.
La funcionaria también indicó que se tiene previsto un “intercambio fluido de información, decomisos de activos y una cosa muy importante, que es la criminalización del apoyo material en la jurisdicción de Estados Unidos. Es decir, cualquier persona que colabore con estas organizaciones puede ser criminalizada”, finalizó.
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