Durante la continuación de la Sesión 565 del Pleno de la Asamblea Nacional, en la que se debaten las reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP), el legislador nacional por la alianza Amauta-CREO, Pedro Curichumbi, se refirió a la modificación del artículo que se refiere a la interrupción del embarazo no punible. El funcionario exigió a la Comisión de Justicia que la propuesta de despenalizar el aborto en casos de violación y cuando se detecta una malformación que haga inviable la vida del feto fuera del útero sea eliminada.
El Asambleísta considera que, si se implementa dicha reforma, personas inescrupulosas «se reunirán en un ambiente de fiesta, música, alcohol y drogas, y, sencillamente, dirán: debemos recoger un poco de dinero para hacer abortar a tantas y cuantas mujeres ellos deseen». Curichumbi advirtió que su bancada no esta de acuerdo con esta modificación porque «multiplicaría el aborto en más de 1000% y el Ecuador se convertiría en un país de violencia«.
De acuerdo al Centro de Derechos Reproductivos el rango jurídico del aborto es uno de los barómetros del respeto de los derechos reproductivos de la mujer. «Las restricciones jurídicas frecuentemente causan altos niveles de aborto ilegal e inseguro, lo que a su vez tiene un nexo comprobado con la mortalidad materna«, enfatiza.
El Instituto Guttmacher, organización enfocada en la promoción de la salud reproductiva con sede en Estados Unidos, asegura que la tasa de abortos es de 37 por 1.000 personas en los países que lo prohíben totalmente, o lo permiten sólo en caso de riesgo para la vida de la mujer; y de 34 por 1.000 personas donde está totalmente despenalizado, diferencia que, estadísticamente, no resulta significativa.
De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), en los países donde la interrupción del embarazo está completamente prohibida o se permite únicamente para salvar la vida de la mujer, solo 1 de cada 4 abortos fue seguro. Por el contrario, donde el aborto es legal en supuestos más amplios, casi 9 de cada 10 interrupciones se realizó de manera segura. Por lo anterior, «restringir el acceso al aborto no reduce el número de abortos».
Lo mencionado por Curichumbi contradice las cifras oficiales de otros países. Por ejemplo, en el caso argentino, el aborto está penado desde 1920, cuando se estableció el Código Penal de la Nación Argentina. En el artículo 88 se determinó que “será reprimida con prisión de uno a cuatro años la mujer que causare su propio aborto o consintiere en que otro se lo causare. La tentativa de la mujer no es punible”. Sin embargo, en el artículo 86 se establece que el aborto no será punible en dos causas:
- Si se ha hecho con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la madre y si este peligro no puede ser evitado por otros medios.
- Si el embarazo proviene de una violación o de un atentado al pudor cometido sobre una mujer idiota o demente. En este caso, el consentimiento de su representante legal deberá ser requerido para el aborto.
La segunda causal generó distintas interpretaciones en la justicia argentina durante años, ya que muchos tribunales sostenían que en los casos de violación no eran punibles solo los abortos en mujeres con alguna discapacidad mental. La polémica terminó en 2012, cuando la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina (CSJN) falló a favor de una joven que fue violada por su padrastro cuando tenía 15 años y que junto a su madre exigió al sistema judicial se interrumpa su embarazo en un hospital público.
En este contexto, el Ministerio de Salud de ese país ha registrado una disminución en el número de egresos hospitalarios por aborto, desde que este derecho fue ratificado por la Corte Suprema de Justicia en 2012.
Por otra parte, el Ministerio de Salud argentino también citó los casos de distintos países en los que el número de abortos disminuyo tras la legalización del mismo:
