Prácticamente, la suerte está echada para los consejeros de mayoría. Se necesitan 70 votos para destituirlos y para llamarlos a juicio político hubo 84. La tesis correísta fue apoyada por el PSC y las facciones de PK y la ID afines a esta mayoría móvil.  

La mayoría móvil que se une a la bancada correísta para aprobar ciertos temas en la Asamblea operó nuevamente y logró reunir 84 votos, de los 70 mínimos necesarios, para llamar a juicio político a cuatro miembros del Consejo de Participación Ciudadana (CPC): Ibeth Estupiñán, Hernán Ulloa, Francisco Bravo y María Fernanda Rivadeneira, por incumplimiento de funciones. Ellos son la mayoría que opera actualmente en el Consejo, a quienes la oposición les califica de afines al Gobierno. A la vez, salvaron del proceso de interpelación a los actuales consejeros de minoría, identificados con el correísmo y con el Partido Social Cristiano (PSC): Sofía Almeida, Juan Javier Dávalos y David Rosero. 

La moción para que se llame a juicio político a los cuatro consejeros y se archive la propuesta de interpelar a la totalidad de las autoridades (7) la presentó la asambleísta del ala rebelde de Pachakutik, Mireya Pazmiño. 

Los 84 votos a favor provinieron de las bancadas del correísmo, socialcristianos y de un sector de Pachakutik y de la Izquierda Democrática. Hubo 32 abstenciones de sectores de la Izquierda Democrática, Pachakutik, del ofialismo e independientes. Mientras que los 9 votos en contra fueron del resto de la bancada oficialista. 

El presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela, quien votó a favor del juicio político, convocó para este viernes a las 14:30 a sesión del Pleno para cumplir con la interpelación. Para la censura y destitución se necesitan 70 votos, por lo que la suerte estaría echada para los cuatro consejeros. 

El debate reflejó esas posiciones entre la mayoría móvil y el resto de legisladores. Los primeros justificando la propuesta de llamar sólo a los cuatro consejeros ya que, dijeron, incumplieron funciones al arrogarse funciones y reformar el reglamento para la selección del contralor del Estado, y por falta de transparencia en la designación del Superintendente de Ordenamiento Territorial. 

Y el resto de asambleístas pugnando  para que se «vayan todos» los miembros del Consejo y acusando a correístas y socialcristianos de querer destituir sólo a cuatro, supuestamente afines al Gobierno, con el objetivo de tomarse las instituciones de control a través del CPC con las nuevas autoridades que sean designadas.

El antecedente

El Pleno de la Asamblea llegó a esta sesión sin una recomendación en concreto por parte de la Comisión de Fiscalización, donde se sustanció el proceso, sobre cómo proceder en este juicio político. Sin un informe recomendando el juicio político, proponiendo su archivo o presentando las posiciones de los legisladores de la Comisión. 

Este generó que el secretario general de la Asamblea, Álvaro Salazar, emita un informe en el que detalló que la Comisión no pudo aprobar el informe dentro del plazo legal establecido; que el denominado informe de sustanciación de la solicitud de juicio político fue presentado de forma extemporánea; y que no se remitió, dentro del plazo legal correspondiente el respectivo informe que detalle las posiciones de los asambleístas miembros de la Comisión con relación a la solicitud de juicio político.

El conflicto para esta falta de informe concreto se generó el 8 de noviembre de este año. Ese día sesionó la Comisión de Fiscalización para conocer el informe borrador que recomendaba el juicio político a los siete consejeros. En esa sesión el legislador de la bancada oficialista, Pedro Velasco, mocionó que se excluyera del juicio político al consejero David Rosero en dos de las cinco causales propuestas. 

Con la incorporación de esa moción, el informe no pasó, al contar con cuatro votos en contra, tres a favor y dos abstenciones. Los correístas Roberto Cuero, Gabriela Molina y Comps Córdova, más Pablo Muentes, del PSC, votaron en contra del informe. Los independientes Fernando Villavicencio y Bruno Segovia, más el oficialista Pedro Segovia, votaron a favor. Mientras que Ana Belén Cordero y Juan Carlos Troya —alterno de Marco Troya—, todos del bloque oficialista, se abstuvieron. Por lo tanto, y esa fue la disposición del presidente de la Comisión, Fernando Villavicencio, se debía remitir al Pleno un informe de posiciones de los legisladores. 

Minutos más tarde, en declaraciones a la prensa, Cordero dijo que el oficialismo (excepto Velasco) se abstuvo porque la idea era que vayan los siete consejeros a juicio político y no sólo los seis como había mocionado Velasco, su coideario.

Un día después, cuando  la Comisión se preparaba para la comparecencia de Carlos Pareja Yannuzzelli, Marco Toya solicitó la reconsideración asegurando que se había mal interpretado lo mocionado por Velasco. A pesar de las advertencias del correísmo de que ya estaban fuera de plazo para la reconsideración, se aceptó la moción de Troya. 

Villavicencio mandó a votar el informe que un día antes se había desechado con la moción propuesta por Velasco y todo cambió. Hubo empate: cuatro votos en contra por parte de  Cuero, Molina, Muentes y, esta vez, de Segovia. Cuatro a favor: Troya, Cordero, Villavicencio y Velasco. Por error, descuido, desconocimiento o conveniencias políticas nunca aceptadas, Córdova se abstuvo lo que, al existir empate, le permitió a Villavicencio ejercer su voto dirimente a favor del informe. 

El oficialismo se enredó en sus explicaciones. Cordero dijo que en la reconsideración habían votado a favor informe, ya que se recomendaba el juicio político a los siete consejeros, pero nunca pudo explicar porqué entonces un día antes no votaron a favor (lo que habrìa sumado cinco votos para frenar los cuatro en contra que hubo) si era el mismo documento, lo que les habría permitido presentar el informe dentro del plazo previsto. 

Tal vez Segovia tenga la explicación más clara de lo que sucedió en la Comisión de un día a otro: “Qué chévere que es esto. (…) Qué chévere ver cómo se hacen y deshacen los acuerdos y los pactos”, ironizó. 

Hoy eso llevó a que se debatiera en el Pleno cómo proceder y a que Pazmiño propusiera llevar a juicio político únicamente a los cuatro consejeros. Lo que finalmente fue aceptado. 

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