Sobre la entrega de armas y municiones a las fuerzas del orden
Con esta pregunta, el Gobierno plantea que las Fuerzas Armadas y la Policía puedan usar armas y municiones decomisadas. Sin embargo, los anexos de la pregunta no definen ningún cambio específico que se busque realizar para agilizar estos procesos.
Ecuador se acerca nuevamente a las urnas. Una vez más, una consulta popular convocará a alrededor de 13 millones de personas a colegios, escuelas y otros espacios para dar su voto en una de estas dos casillas: ‘Sí’ o ‘No’.
Once preguntas son las que posarán en el papel, en su mayoría sobre seguridad y propuestas por el presidente, Daniel Noboa. Para comprender cada una, Ecuador Chequea realizará un análisis punto por punto de sus implicaciones. ¿Qué pasa si gana el ‘Sí’ y qué pasa si gana el ‘No’? ¿Qué hay que tomar en cuenta al momento de optar por una u otra?
De la mano de expertos y el análisis documental de las preguntas, iniciamos esta travesía. ¿Nos acompañas?
Pregunta J
¿Está usted de acuerdo con que las armas, sus partes o piezas, explosivos, municiones o accesorios que fueron instrumentos u objeto material de un delito, puedan destinarse al uso inmediato de la Policía Nacional o las Fuerzas Armadas, reformando el Código Orgánico Integral Penal conforme el Anexo de la pregunta?
En nuestra décima entrega sobre las preguntas de la consulta popular, analizamos la pregunta número 10 de las que se incluyen en el pliego propuesto por Noboa. Esta busca que las Fuerzas Armadas o la Policía puedan usar las armas, municiones o explosivos decomisados, que hayan sido parte de delitos.
En su anexo, la pregunta detalla que hasta el 31 de diciembre del 2023 existían 42.166 armas y 494.316 municiones en los Centros de Acopio de Evidencia de la Policía Nacional. Estos elementos han sido decomisados por haber sido parte del cometimiento de delitos en el país.
Lo que busca el Gobierno de Noboa con esta pregunta es que estas armas y municiones puedan ser usadas por la Policía Nacional y Fuerzas Armadas, en lugar de ser destruidas, como lo establece la Ley.
El Código Orgánico Integral Penal (COIP), en su artículo 69, asegura que se debe garantizar la destrucción de los instrumentos o efectos con los que se haya cometido un delito. “Toda pena lleva consigo, según sea el caso, destrucción de los efectos que de la infracción provengan y de los instrumentos con que se ejecutó a menos que pertenezcan a una tercera persona no responsable de la infracción”, aclara el texto legal.
Por esto, la pregunta tiene el objetivo de reformar la Ley “con la finalidad de que se pueda disponer de las armas, sus partes o piezas, explosivos, municiones o accesorios, en tiempos y etapas menores”.
¿Qué pasa si gana el ‘Sí’?
En caso de ganar el ‘Sí’, el Gobierno de Noboa tendrá cinco días después de la promulgación de resultados para enviar un proyecto de ley reformatorio del Código Orgánico Integral Penal que contenga los cambios necesarios para cumplir con lo establecido en esta pregunta.
Una vez enviado el proyecto, la Asamblea tendrá 60 días para tratar y aprobar el cambio. Sin embargo, los anexos de la pregunta no definen ningún cambio específico que se busque realizar para agilizar estos procesos. Además, aún aprobado el texto no se podría inmediatamente entregar las armas y municiones a las fuerzas del orden, pues estas deberán pasar por un proceso judicial previo.
¿Qué pasa si gana el ‘No’?
En caso de ganar el ‘no’, el Código Orgánico Integral Penal se mantendría intacto, por lo que las armas y municiones decomisadas, por haber estado involucradas en la comisión de delitos deberán seguir un proceso de almacenamiento y destrucción.
Sin embargo, el ‘No’ no impediría que haya armas y municiones que puedan ser entregadas a las fuerzas del orden. Esto, debido a que el mismo artículo del COIP aclara que “la o el juzgador podrá declarar de beneficio social o interés público los instrumentos o efectos de la infracción y autorizar su uso”, tras un proceso riguroso de análisis por parte de la justicia.
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