Sobre el aumento de penas

La pregunta promueve una reforma al Código Penal para incrementar las penas en 10 delitos considerados graves, que incluyen terrorismo y narcotráfico. Sin embargo, estas mismas reformas se podrían haber impulsado sin la necesidad de consulta. 

Ecuador se acerca nuevamente a las urnas. Una vez más, una consulta popular convocará a alrededor de 13 millones de personas a colegios, escuelas y otros espacios para dar su voto en una de estas dos casillas: ‘Sí’ o ‘No’. 

Once preguntas son las que posarán en el papel, en su mayoría sobre seguridad y propuestas por el presidente, Daniel Noboa. Para comprender cada una, Ecuador Chequea realizará un análisis punto por punto de sus implicaciones. ¿Qué pasa si gana el ‘Sí’ y qué pasa si gana el ‘No’? ¿Qué hay que tomar en cuenta al momento de optar por una u otra? 

De la mano de expertos y el análisis documental de las preguntas, iniciamos esta travesía. ¿Nos acompañas? 

Pregunta G

¿Está usted de acuerdo con que se incrementen las penas de los delitos de: (i) terrorismo y su financiación, (ii) producción y tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, (iii) delincuencia organizada, (iv) asesinato, (v) sicariato, (vi) trata de personas, (vii) secuestro extorsivo, (viii) tráfico de armas, (ix) lavado de activos y (x) actividad ilícita de recursos mineros, reformando el Código Orgánico Integral Penal conforme el Anexo de la pregunta?

Hoy analizamos la pregunta G de la consulta popular propuesta por el presidente, Daniel Noboa, que plantea el aumento de penas para 10 delitos tipificados en la Ley: terrorismo, producción y tráfico ilícito de drogas, delincuencia organizada, asesinato, sicariato, trata de personas, secuestro extorsivos, tráfico de armas, lavado de activos y explotación minera ilegal.

¿Qué pasa si gana el ‘Sí’?

En caso de ganar el ‘Sí’, según se detalla en los anexos de la pregunta, el Ejecutivo tendrá un plazo máximo de cinco días para presentar un proyecto reformatorio al Código Orgánico Integral Penal (COIP) que busque aumentar estas penas.

Según el abogado David Gutierrez, este proyecto reformatorio deberá pasar por el Pleno para aprobarse, antes de entrar en vigencia. 

En este caso, la Asamblea tendrá un plazo de 60 días para debatir y aprobar las penas establecidas en las reformas propuestas por el Ejecutivo. Los anexos no contemplan cuáles serían las nuevas penas. 

¿Qué pasa si gana el ‘No’? 

En caso de ganar el ‘No’, las penas se mantendrían como se establecen actualmente en el COIP:

Terrorismo y su financiamiento: de 10 a 13 años de cárcel y por financiación de 7 a 10 años. 

Producción y tráfico ilícito de drogas: 3 a 5 años de cárcel. 

Delincuencia organizada: de 7 a 10 años de cárcel. 

Asesinato: de 22 a 26 años de cárcel. 

Sicariato: de 22 a 26 años de cárcel. 

Trata de personas: entre 13 y 16 años de cárcel. 

Secuestro extorsivo: de 10 a 14 años de cárcel. 

Tráfico de armas: de 5 a 7 años de cárcel. 

Lavado de activos: de 7 a 10 años de cárcel. 

Actividad ilícita de recursos mineros: de 5 a 7 años. 

Los cambios se podrían realizar con o sin consulta, por medio del Legislativo. 

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