Obviando el informe jurídico institucional, que señala que primero se debe realizar la renovación parcial, el Pleno aprobó que se consulte a la Procuraduría si es posible realizar directamente la renovación total de los consejeros del CNE.    

Con cuatro votos a favor y tres en contra, el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana (CPC) aprobó elevar a consulta de la Procuraduría General la posibilidad de cumplir la renovación total del Consejo Nacional Electoral (CNE), y no sólo parcial, como está en marcha. 

La moción fue presentada por el consejero Juan Esteban Guarderas y tuvo el respaldo de sus colegas Mishelle Calvache, Andrés Fantoni (vicepresidente) y Johanna Verdezoto. Votaron en contra Nicole Bonifaz (presidenta), Yadira Saltos y Augusto Verduga. 

La consulta a la Procuraduría se hará en momentos en que se reactivó el concurso de méritos y oposición para la renovación parcial, donde deben salir dos de los cinco consejeros del organismo electoral. La Comisión Ciudadana de Selección de los nuevos consejeros prepara la fase de oposición, donde los 165 postulantes calificados en la fase de méritos deberán rendir los exámenes escritos y prácticos. 

La polémica

La decisión de recurrir a la Procuraduría para saber si se puede hacer un solo proceso fue cuestionada por quienes votaron en contra, ya que la consulta se remitirá sin adjuntar el informe jurídico institucional, como lo establece la normativa. 

Obviar dicho criterio jurídico se debe a que el mismo señala que no se pueden unificar los procesos, que se debe cumplir primero con la renovación parcial y luego la total, según consta en la Constitución. 

Lo anecdótico es que fue el propio Guarderas el que en una sesión anterior mocionó que se pidiera a la Coordinación Jurídica que emitiera un informe al respecto. El resultado del  informe fue conocido y tratado por los asesores de los consejeros de Participación. Sin embargo, Guarderas, al conocer que el área jurídica manifestaba que no existía posibilidad de unificar el concurso, criterio que no es vinculante, cambió de estrategia y propuso que se consultara directamente a la Procuraduría, lo que fue aprobado, pero tomando como precaución que no se anexe el criterio jurídico institucional que, además, nunca llegó a ser tratado formalmente por el Pleno.

El debate 

Guarderas defendió su propuesta con el argumento de que los concursos para la renovación del CNE deben ser consolidados en un solo trámite administrativo. Añadió que se presentaban dos vías: esperar que este proceso de renovación parcial, que ya lleva dos años y medio tarde, termine para empezar inmediatamente el concurso para la renovación total. Lo que significaría, aseguró, usar fondos económicos dentro de un mismo ejercicio fiscal para un mismo objetivo; o cumplir este año con la renovación parcial y dejar para el 2025 la renovación total lo que, añadió, también sería una ilegalidad, porque los vocales del organismo electoral cumplen en noviembre de este año el periodo para el cual fueron designados. “Si hacemos este año un concurso y después el otro estamos empleando mal los recursos; y si los hacemos el próximo año estamos incumpliendo la Constitución”, fue el dilema que propuso al Pleno, a lo que acompañó su solución.

Sin embargo, para Verduga y Saltos la moción presentada no era aplicable, ya que la Constitución ordena que primero haya una renovación parcial y luego total del CNE, y que no observar esa normativa podría significar la destitución de los cargos por parte de la Corte Constitucional, que uno de sus dictamen ya avaló ese mecanismo de cambio de los consejeros electorales.

Por su parte, Bonifaz manifestó que no hay impedimento en el ámbito financiero para que se ejecuten dos concursos a la vez y que no cabe consultar a la Procuraduría temas de índole constituciona,l ya que el máximo intérprete es la Corte Constitucional, que ya realizó una interpretación sobre la renovación de autoridades, en específico del CNE, por lo que inobservar su dictamen acarrearía la destitución de los funcionarios. “Pretender disfrazar una consulta de legalidad cuando en el fondo se trata de una consulta de constitucionalidad (…) sería inducir a la Procuraduría a un error”, aseguró Bonifaz.    

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