Hay 468 proyectos pendientes como ‘herencia’ de la anterior administración legislativa. Algunas comisiones ya iniciaron el tratamiento de estas normativas, mientras que otras recién están por aprobar sus planes de trabajo.
De 578 proyectos de Ley o reformas a cuerpos normativos que se estaban conociendo en la Asamblea del periodo 2021-2023, antes de la muerte cruzada, aún siguen en trámite 468, aseguró el presidente de esta Función del Estado, Henry Kronfle (PSC), al evaluar la “herencia” que dejó la anterior administración. Kronfle agregó que también están pendientes por resolver seis procesos de juicio político planteados antes de la muerte cruzada, más tres solicitudes que se han presentado estos últimos días. “Se tratarán posterior a los procesos pendientes, en el orden establecido en la Ley de Función Legislativa”, dijo Kronfle.
Sin embargo, aún está por verificar la situación de los seis juicios políticos presentados en la Asamblea disuelta. Pamela Aguirre (correísmo), presidenta de la Comisión de Fiscalización, donde se tramitan estos temas, realizó una consulta al Consejo de Administración Legislativa (CAL) sobre cómo se procederá, ya que son iniciativas que no cuentan con los legisladores proponentes, por no haber sido reelectos. Mientras que los tres nuevos juicios políticos aún están en análisis de la unidad de técnica legislativa, entre ellos a la fiscal general, Diana Salazar, impulsado por el correísmo, pero que genera división en las bancadas. Mientras tanto, esta Comisión inició casi de inmediato el proceso de fiscalización del sector energético, como consecuencia de los apagones que soporta el país.
Trabajo en comisiones
Aunque la carga legislativa pendiente es abundante, el trabajo de las 15 comisiones para ponerse al día va a diferente ritmo, aunque todas se integraron el 19 de noviembre y ese mismo día eligieron sus autoridades.
A parte de Fiscalización, otra de las comisiones que inició su actividad de inmediato fue la de Justicia, donde ya se definieron los temas a tratar en lo que resta de este periodo. “Tuvimos que revisar todo para ver por dónde iniciar; el anterior presidente (Alejandro Jaramillo) ha sido bien desordenado”, comentó Fernando Cedeño (correísmo), presidente de esta Mesa.
Mientras que en la de Participación Ciudadana le han dado prioridad a la revisión del concurso de selección del Contralor, a cargo del Consejo de Participación. Van dos semanas con ese análisis, a pesar de que ya hay titular de ese organismo posesionado por la Asamblea. “Somos representantes de la ciudadanía y tenemos el deber de fiscalizar esos procesos”, justificó Mónica Salazar, asambleísta correísta integrante de la Comisión. Mientras que Lucía Posso, de Avanza, asegura que hay prioridades que debían ser abordadas antes que pasar en este análisis recibiendo a exconcursantes perdedores sólo “por cortesía”, ya que, en la práctica, no se puede hacer nada más.
En tanto que algunas comisiones no han pasado de la aprobación del plan de trabajo. Ayer lo hicieron en la de Salud y hoy estaba previsto que se cumpla igual procedimiento en la de Relaciones Internacionales.
Otras, en cambio, han entrado de lleno en proyectos para segundo debate, como la de Seguridad, donde se aprobó el alcance al informe final del proyecto de Ley de Gestión de Riesgos, para que entre a votación del Pleno. “Después de la muerte cruzada quedaron algunos proyectos pendientes, pero estamos trabajando para concluir con esos trámites”, manifestó Inés Alarcón (ADN), presidenta de la Mesa.
Mientras que la Comisión de Desarrollo Económico entró al análisis del proyecto de Ley urgente en materia económica remitido por el Ejecutivo; y en la de Biodiversidad se ratificaron en un texto original de la Ley Reformatoria a la Ley para la Circunscripción Amazónica, que había sido objetado parcialmente por inconstitucional por el exmandatario Guillermo Lasso.
Otros pendientes
Como parte de esta dinámica de ponerse al día en el tratamiento de normativas, Kronfle recibió en su despacho al presidente de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), Iván Saquicela, para dialogar sobre reformas al Código Penal, al Código de la Función Judicial y a la Ley de Garantías Constitucionales.
En la cita acordaron conformar equipos técnicos para revisar las propuestas de reformas en seguridad y justicia. Saquicela dijo que es necesario reformar el Código Penal en materia de violencia de género, para evitar la impunidad en los casos.
El titular de la Corte informó, además, que tras la eliminación de la tabla de consumo de drogas dispuesta por el presidente, Daniel Noboa, es necesario actualizar la normativa, lo que podría ser por dos vías: una inmediata, a través de una resolución del Pleno de la Corte, o a través de una reforma legislativa al Código Penal, que podría llevar más tiempo. “En las próximas semanas espero presentar una propuesta que estamos trabajando”, anticipó.
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