Hoy inició el tratamiento del proyecto de Ley para combatir la economía criminal. La presidenta de la Comisión de Desarrollo Económico, la oficialista Valentina Centeno, dijo que se priorizará ese análisis, porque es la materia que compete a la Mesa que preside.
POR: Hugo Constante
Aunque las críticas al proyecto de Ley del oficialismo para “desarticular la economía criminal vinculada al conflicto armado interno” están relacionadas con su contenido en el ámbito penal y a una posible afectación de derechos, la presidenta de la Comisión de Desarrollo Económico, Valentina Centeno (ADN), donde se tramita el proyecto, aseguró que priorizará el análisis del tema económico, por ser la materia que compete a la Mesa que preside. Centeno agregó que el enfoque principal será el posibilitar un trabajo conjunto con la empresa privada para que hagan donaciones a las Fuerzas Armadas y a la Policía a través de sus impuestos.
Con ese enfoque inició el tratamiento del proyecto de Ley, que tiene el carácter de económico urgente y, a pesar de que las primeras comparecencias estuvieron a cargo de los ministros de Defensa, Gian Carlo Loffredo; y del Interior, John Reimberg, quienes integran el Bloque de Seguridad que se encarga de la planificación y ejecución de los operativos para combatir a las estructuras criminales, sus aportes se ajustaron al libreto mencionado por Centeno, lo económico.
En cortas intervenciones leídas hablaron en términos generales de la necesidad de contar con ese proyecto para enfrentar al crimen organizado que afecta a la seguridad del Estado y se ha infiltrado en la economía local, en las instituciones y en la población. Los ministros justificaron la propuesta para desarticular a los grupos delictivos y a sus estructuras económicas.
Loffredo manifestó que con la iniciativa de Ley se logrará cortar el flujo económico que financia y sostiene la acción criminal de los grupos armados y delincuencia organizada. Agregó que se abrirá la posibilidad de donaciones y aportes de la empresa privada y de la sociedad civil como parte del esfuerzo nacional para combatir al crimen organizado. “No se trata de privatizar la seguridad”, aseguró Loffredo.
Mientras que el Ministro del Interior agregó que con esta Ley se protegerá a los ecuatorianos, ya que el país enfrenta un conflicto armado interno cuyo principal motor es la economía criminal que amenaza la estabilidad del sistema financiero y la seguridad ciudadana. “La violencia que vivimos no es casual ni desorganizada. Es estructural, financiada y profundamente anclada en lógicas de poder económico ilícitas”, manifestó. Informó que en lo que va del mandato del presidente, Daniel Noboa, se han incautado y destruido aproximadamente 382,58 toneladas de droga, que es una afectación directa al “corazón financiero de las mafias”.
Los mandos de la Policía y de las FF.AA.
El comandante de la Policía, general Pablo Dávila, reconoció que Ecuador es ahora el país más violento de América Latina por la actividad del crimen organizado. Mencionó que se requieren medidas fuertes si se quiere devolver la paz a la sociedad. “Hemos visto cómo el crimen organizado toma economías locales. Los delincuentes se han vuelto cada vez más audaces; cierran carreteras para robar autobuses y cobrar ‘peajes’; asesinan a clientes y propietarios de negocios, incluso amenazan con actos terroristas”, dijo el alto mando de la Policía. Añadió que las bandas criminales pasaron del reclutamiento forzado de menores a la adhesión voluntaria de ellos para formar parte de las estructuras delincuenciales. “Heredados la narcocultura de otros países. Nuestros niños se hicieron fanáticos y hoy los delincuentes son ejemplo a seguir”, denunció.
Mientras que el almirante Jaime Vela, jefe del comando conjunto de las Fuerzas Armadas, detalló las necesidades de equipamiento que tienen los militares para enfrentar al narcoterrorismo: parque automotor, ambulancias, volquetas, maquinaria para mejorar las condiciones de los cuarteles, esposas, armas, no letales, drones, entre otros.
Sin embargo, ninguno de los cuatro comparecientes justificaron por qué el proyecto de Ley incluye el la categorización de “conflicto armado interno”, para aplicar un régimen especial de medidas sin necesidad de recurrir a los decretos de Estado de Excepción; cuál es el alcance constitucional de esa figura cuando la Corte Constitucional ha determinado que el Gobierno no ha podido justificar esa figura en los estados de excepción. Tampoco justificaron la posibilidad al Presidente de la República de ofrecer indultos anticipados, entre otros temas.
El asambleísta correísta Sergio Peña, integrante de la Comisión, mocionado recientemente por el oficialismo para el Comité de ética de la Asamblea, invitó a los asambleístas a trabajar juntos en este proyecto de Ley para sacarlo adelante, no con una posición radical o de división. “Cuenten con nuestro apoyo para que la gente tenga finalmente lo que necesita, seguridad”, dijo Peña.
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