El buen nombre de una escuela no puede pesar más que el bienestar de sus estudiantes. No es cuestión de poner denuncias, seguir protocolos y esperar que nadie se entere, esto promueve la impunidad. Apenas 4% de las denuncias recibe sentencia.
POR: Karen Mantilla Ulloa
Hace algunas semanas, en los noticieros, periódicos, radios y en conversaciones de buses se escuchaba la noticia de un caso de abuso sexual a dos menores en un viaje de fin de curso a Punta Cana. Los agresores serían tres estudiantes del colegio particular SEK, en Guayaquil.
Pero, al parecer, esto sólo es la punta de un iceberg, pues en cuestión de días, se conoció un nuevo caso de violencia sexual, esta vez contra una niña de cinco años, de la misma institución, aunque en este caso aún no conoce quién sería el agresor.
En estos mismos días se registró otro ejemplo de menor gravedad, pero en la misma temática: una niña de 11 años sufrió agresiones y bullying luego de que una compañera suya difundió un video de contenido sexual, aseguranque que ella aparecía, cosa que no era así. Esto se dio en el Colegio La Salle, ubicado en Conocoto, suroriente de Quito. El problema fue que los hechos sucedieron a mediados de febrero y recién se conocieron el 12 de marzo, casi un mes después, por la denuncia de una activista por los derechos de los menores y un posterior comunicado del Ministerio de Educación reconociendo la situación.
En Ecuador, lamentablemente estos hechos no son nuevos. De estos hablaremos en el desarrollo de la nota, pero hay un patrón que se cumple en la mayoría: el silencio que guardan las autoridades. Es un intento por cuidar el “buen nombre de la institución”, así lo define la directora del grupo Rescate Escolar, Sybel Martínez.
“Cuando existen las vulneraciones en el sistema educativo y la víctima da a conocer el caso con su autoridad, lo que sucede es el silencio. Activarán los protocolos y denunciarán, pero lo hacen sin escándalo, todo con mesura. Y esa es una forma de agredir a la víctima. Porque lo que a la autoridad le preocupa es el nombre de la institución, mientras con más mesura se trate, menos personas criticaran al colegio o escuela en la que sucedió la agresión. Está acción frena a las víctimas y las pone en una situación de vergüenza y miedo”, enfatiza Martínez.
Por ejemplo, en el caso SEK, el padre de la víctima colocó la denuncia en noviembre del 2023, pero no fue hasta el 4 de marzo, cuando el abogado Fernando Rosero (jurista de la familia) hizo público el caso de abuso sexual que sufrió la estudiante de esa institución.
En un comunicado, la institución educativa argumentó que, cuando se conocieron los hechos, se activaron inmediatamente los protocolos pertinentes, en colaboración con el Ministerio de Educación para garantizar la seguridad de todas las partes involucradas.
Tras divulgarse este caso, el Ministerio de Educación indicó que, para precautelar los derechos de la víctima, “se ha efectuado el acompañamiento legal y psicológico a la institución particular, a la estudiante y su familia”.
En menos de 24 horas, el mismo abogado habló de otro caso de presunto abuso sexual a una estudiante durante el mismo viaje. Rosero dijo que la familia de esta víctima acudió a él para que también los representara junto con el primer caso.
El jurista afirmó que el presunto autor de este nuevo caso sería uno de los jóvenes que habrían participado en el caso inicial.
Después de conocerse este segundo caso, el Colegio Internacional SEK-Guayaquil insistió en su argumento de que esta fue una actividad privada que “no contó con la participación, ni coordinación, ni apoyo” de la institución. Señaló que, incluso, en esos días el colegio continuó desarrollando su actividad lectiva con los estudiantes que no participaron en el viaje.
“Es evidente que no puede responsabilizarse por actividades privadas, realizadas al margen del colegio e incumpliendo, incluso, la debida asistencia a clases durante esos días”, señalan en el comunicado.
El 11 de marzo, Rosero dijo: “Dos de los tres implicados en esta violación también forman parte de un chat grupal de adolescentes, que son de distintos colegios, en donde se mensajean, alardean y se vanaglorian de que acaban de violar a alguien”.
Contra el silencio
Martínez explica que la institución cumple con el protocolo, que es denunciar antes las entidades competentes, pero en los establecimientos se sigue manteniendo el deseo de guardar la reputación, el ‘buen nombre’, por miedo a que el colegio sea visto de distinta forma.
“Esto se ha visto en muchos casos, no sólo en el reciente del colegio SEK, cuidar el ‘buen nombre’; pero, por cuidar el buen nombre, no sirven de nada los protocolos, porque lo primero que tratan los colegios es siempre disminuir la densidad del problema”, asegura la experta.
Incluso se han registrado casos en los que sí se incumple el protocolo, cuando la institución manda a los propios padres de la víctima a denunciar.
“Hay colegios que pueden cumplir la norma y creen que con poner una denuncia en la Fiscalía ya se resuelve, cuando en realidad si pasa una situación de este estilo en ese colegio, es porque existe un ambiente poco protector e indiferente; por lo tanto, hay que trabajar en que ese ambiente no sea inseguro ni vulnerable”, afirma Martínez.
Existe una guía básica para actuar frente a la violencia sexual, desarrollada por el Ministerio de Educación, que contiene seis pasos que se deben tomar si se conoce a una o un estudiante que ha sido o está siendo víctima de violencia sexual y lo que se debe seguir:
- Denuncie el caso inmediatamente a la Fiscalía.
- No realice ninguna investigación por su cuenta, esto revictimiza a niños y adolescentes. Deje que la Fiscalía realice la investigación.
- Recuerde que el presunto agresor (si trabaja en la institución educativa) debe ser separado de la institución inmediatamente.
- La autoridad educativa debe garantizar la permanencia del estudiante en el sistema educativo, así como dar seguimiento a las medidas de protección de la víctima.
- En caso de no contar con profesionales del Departamento de Consejería Estudiantill (DECE), busque apoyo en un DECE de una institución núcleo.
- Si se ha identificado un hecho de violencia sexual cometido tiempo atrás, existe la obligación de poner en conocimiento de la Fiscalía y así abrir el proceso de investigación para proteger a la niña, niño o adolescente, facilitando el acceso a su derecho a la justicia
Pero, ¿qué pasa luego de la denuncia?
Martínez dice que, si bien es cierto, que la guía manda a poner la denuncia en la Fiscalía, esto no es suficiente. Todo parte desde adentro de las instituciones y ahí está el problema, porque no siempre se sabe qué hacer después.
“Con la denuncia se cumple un protocolo, pero qué pasa dentro de la comunidad, qué pasa con las víctimas que después terminan saliendo de las escuelas. No hay un real acompañamiento para ellos, regresan a las aulas y son tachados, no hay una protección de la identidad y deja expuestas ciertas formas para que sea blanco de nuevas violencias”.
Hay cosas que hacen los colegios que no tienen “ni pies ni cabeza”, dice Martínez, y coloca el ejemplo del Colegio SEK, en el que a los presuntos agresores de las dos víctimas les entregaron su título e hicieron una ceremonia.
“No se entiende el accionar, se les entrega el título a los presuntos agresores, pero la víctima no pudo ir a su ceremonia y a los otros se les da una palmada en la espalda; y eso es como decir: ‘bravo, está muy bien lo que hicieron’”, asegura.
A continuación un recorrido por algunos casos en los que las instituciones han buscado a toda costa el silencio:
- Caso ‘principito’
En 2017, el caso ‘El Principito’, salió a la luz luego de dos años de haber sucedido. Se trata de ‘Lucas’ (nombre protegido) un niño que tenía 5 años, cuando su maestro de natación, abusó de él en el colegio La Condamine, en Quito. La investigación determinó que el niño había sufrido actos de violencia sexual.
Los padres pusieron una denuncia, tanto en el colegio como en la Fiscalía. El niño reconoció a su agresor físicamente y también por fotografías. La Corte de Pichincha condenó a 22 años de cárcel al violador.
En febrero de2017, Anne Malherbe, esposa del expresidente Rafael Correa mostró apoyo al violador. (Foto: El Universo)
- Caso Aampetra
En 2017, un nuevo caso hizo ruido en el país: un profesor de la Academia Aeronáutica Mayor Pedro Traversari, (Aampetra) en Quito, violó sistemáticamente durante un año calendario a 43 niñas y niños de entre 9 y 10 años.
El violador los obligaba a ver pornografía y a repetir lo que veían, a golpearse y tocarse entre ellos.
El violador, José Luis Negrete, está en la cárcel de máxima seguridad de Latacunga. Allí cumple varias sentencias, que fueron ratificadas en todas las instancias, 16 años por la primera denuncia de violación que se presentó en contra suya y 7 años por atentado al pudor. Cuando la Corte Constitucional obligó a colocar una placa contra la violencia sexual en el sistema educativo en el aula donde todo sucedió, el rector respondió que ahí no había pasado nada e incluso hubo padres que lo apoyaron, en nombre de la institución, en lugar de apoyar a las víctimas.
Lea la crónica ‘Horror en el sexto C’ Aquí
Agresor- Tomado del Ministerio de Educación.
- Caso colegio Réplica Aguirre Abad, Guayaquil
A mediados de 2017, se dieron a conocer varios casos de abuso sexual y tortura por parte de cuatro profesores, contra niños de entre seis y ocho años, en el colegio réplica Aguirre Abad, de Guayaquil
Cuando la exrectora del colegio, Patricia Cuenca, rindió su testimonio, se contradijo en su versión, según lo reportaron varios medios de comunicación.
Tanto, que su abogado, Diego Bejar, alcanzó a decir que su defendida no omitió las denuncias y que se rigió por los protocolos que exige el Ministerio de Educación.
En 2018, la Fiscalía informó la sentencia de 17 y 29 años de prisión a los abusadores.
Foto: Ecuavisa.
- Caso Unidad educativa comunitaria intercultural bilingüe Mushuk Pacari, Quito
Un profesor abusó sexualmente de varios estudiantes. Según recoge la Fiscalía, cada semana había una nueva víctima.
En secreto, el docente tocó y manoseó los genitales de los estudiantes, los senos de las niñas, las invitaba a salir, a ver películas en su casa y les ofrecía comprar ropa. La Fiscalía mostró evidencia del abuso sexual contra 20 o 30 estudiantes.
El rector, vicerrector y tres profesores más que en ese entonces formaban parte de la escuela están investigados por presunta complicidad. A pesar de que, según la Fiscalía, tenían conocimiento de las denuncias, tardaron 6 meses en llevarlas a la Policía.
‘Una escuela responsable va a hacer todo lo que esté a su alcance para que no dañe a sus estudiantes’
Martínez explica que todos los casos tienen algo en común: un “ambiente poco protector en las instituciones educativas”. Y ella asegura que hay que empezar a hacer cambios ahora, porque siguen existiendo casos, por lo que asegura que no se “ha aprendido nada”.
“Un cambio para que la víctima sea protegida, los adultos sean buenos modelos de comportamiento y en donde los agresores, si son niños y no han cometido delitos, definitivamente tengan posibilidad de cambio. Pero, si han cometido delitos, tienen que enfrentar las consecuencias. Que, en general, los testigos sean efectivos, porque también hay casos en donde se toma partido a favor del agresor o del colegio: como no me pasó a mí, el colegio es el bueno”.
Para Martínez, una escuela responsable va a hacer todo lo que esté a su alcance para que no se dañe a sus estudiantes, no hay una receta mágica, pero se han logrado cambios en la LOEI, entonces hay que aplicarlos, mecanismos de prevención, esa es la solución”.
Lo más sano que puede hacer cualquier institución educativa es hacer mediciones para saber cómo está el entorno educativo. “Hay que humanizarnos y no cumplir un frío protocolo, es preocuparnos y siempre preguntarnos por qué sucede esto”, concluye la experta.
Las víctimas no pueden ser una cifra más
Según cifras de la Defensoría del Pueblo, en Ecuador se registraron más de 52.000 casos de violencia sexual en contra de niños y adolescentes entre enero de 2018 y junio de 2023; de estos casos, sólo el 4,15% ha recibido sentencia, y el resto sigue impune.
Según cifras del Ministerio de Educación, entre enero de 2014 y febrero de 2023 se receptaron 4.715 denuncias de abuso sexual dentro de escuelas y colegios: en las aulas. El 89% de las víctimas son mujeres y el grupo más vulnerable son las niñas y los niños de entre ocho y catorce años.
Pablo Rivas, psicólogo clínico y tratante de niños, aseguró que las cifras son alarmantes, pero las víctimas no son sólo eso: son niños o jóvenes que tienen derecho a seguir y para eso hay que dejar de pensar que son una estadística más.
“Hay que proteger a los estudiantes, hay que cuidarlos y estar alertas siempre. Es decir, ser muy observadores, pues al mínimo comportamiento extraño, hay que actuar. El Dece tiene que tener los ojos bien puestos en sus estudiantes. No se puede poner una venda, cuando notas algo, repórtalo, sigue al estudiante y fíjate siempre”.
Rivas asegura que la observación que hace el psicólogo, debe ser muy honesta y por más ‘simples’ que sean los detalles, averiguar el porqué.
“Cuando el niño o niña es violentado, los cambios suceden rápidamente, baja su rendimiento, se aíslan, su forma de comportarse es más evitativa. También hay conductas hipersexualizadas y también muchas de las veces empiezan a hablar de temas que no van acordes a su edad, ahí es donde el psicólogo entra, averigua, averigua hasta llegar al punto de inicio”, asegura.
Por último, cuando ya se ha identificado el caso, hacer un acompañamiento, en todas las etapas.
“Es un proceso largo, con el que se tiene que trabajar. Un psicólogo que es parte del Dece denuncia a la Fiscalía, pero ahí no pueden quedarse las cosas. En todo el camino la víctima tiene que ser acompañada, no puede dejar de estar acompañada, hasta que se vea un mejoramiento y, por último, pueda vivir con el trauma”, enfatiza Rivas.
Una guía, para saber si una niña, niño o adolescente está siendo o ha sido víctima de violencia sexual:
• Marcas en el cuerpo o lesiones.
• Piensan que algo malo les pasa en sus genitales, les duelen o se los tocan frecuentemente.
• Se enferman muy seguido, sin razón aparente.
• De un momento a otro pueden presentar grandes cambios en su forma de ser y actuar.
• Problemas para dormir e incremento de pesadillas.
• Se esconden, se aíslan o no quieren ver a nadie.
• Conducta retraída, mirada esquiva.
• Faltan a clases, no quieren ver a sus compañeros o bajan sus calificaciones sin razón aparente.
• Llanto extremo o risa nerviosa.
• Depresión.
• Rechazo a quedarse solos o con una persona en particular.
• Los niños menores de tres años pueden presentar lesiones genitales y reacciones inespecíficas que, en un principio, parecen inexplicables: irritabilidad, rechazos, regresiones, llanto, trastornos del sueño y el apetito.
• Dificultad y dolor para permanecer sentado.
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