Sin el poder de convocatoria de hace un año, la Conaie y organizaciones ambientalistas realizaron una marcha en Quito para pedir freno a la extracción minera que afecta a sus comunidades. ¿Qué argumentan los demandantes?
Debilitado políticamente después de no lograr que Pachakutik, la organización política de los pueblos indígenas, lo postulara como candidato a la Presidencia de la República, el dirigente Leonidas Iza regresó al mismo lugar que hace exactamente un año fue el epicentro de las protestas que él mismo lideró y que, literalmente, paralizaron el país: el Parque El Arbolito, en el centro-norte de Quito.
Su convocatoria para iniciar marchas y acciones de protesta en contra de la minería no tuvo el mismo poder de convocatoria que hace un año, aunque sí llegaron decenas de delegaciones.
Los cálculos más optimistas de los propios dirigentes estimaban la presencia de entre 250 y 300 delegados indígenas. A ellos se sumaron representantes de diferentes organizaciones ambientalistas, que compartían el mismo propósito: pedir la declaratoria de inconstitucionalidad del Decreto 754, emitido el 31 de mayo por el presidente, Guillermo Lasso.
Dicho Decreto permite la ejecución del proceso de consulta ambiental en comunidades sobre proyectos de extracción de recursos y obras con impacto en el medio ambiente.
Iza hizo esperar a los delegados —quienes acudieron puntualmente a la hora señalada— durante 46 minutos antes de iniciar una marcha que él mismo convocó en dirección al edificio de la Corte Constitucional. El propósito era entregar una «acción de inconstitucionalidad» en contra del mencionado Decreto.
En respuesta a una consulta de Ecuador Chequea, Iza afirmó que el argumento legal para declarar la inconstitucionalidad del Decreto 754 es que, no sólo viola los derechos indígenas y medioambientales, sino que también implementa de manera irregular reformas a la legislación ambiental.
Según sus declaraciones, estas reformas tienen como objetivo reemplazar el derecho de los pueblos indígenas a una consulta previa adecuada para proyectos de extracción y explotación minera por una simple «consulta ambiental». Según Iza, esta consulta ambiental sería un mero trámite para facilitar los proyectos sin cumplir los requisitos de ley.
«Dicho Decreto reincide, una vez más, en las mismas inconstitucionalidades respecto a la consulta previa que la Corte Constitucional ya ha declarado en varias de sus sentencias», aseveró. «Confunde la consulta ambiental del artículo 398 de la Constitución con la consulta libre, previa e informada a las nacionalidades y pueblos y comunidades indígenas, regulada en el artículo 57”, agregó.
Es una lucha urgente, insistió. A este pronunciamiento se sumaron dirigentes provinciales de los pueblos indígenas de la Amazonía, la Sierra y la Costa, que a viva voz o con un megáfono explicaron la importancia de revertir las concesiones mineras otorgadas de manera irregular y que afectan a las poblaciones y al ambiente en diferentes zonas del país.
Iza y los dirigentes provinciales destacaron que esta lucha, no sólo beneficia a los pueblos indígenas, sino a toda la población del país, al defender las fuentes de agua de la actividad minera que las destruye.
30 minutos
La marcha en Quito fue encabezada por Iza, iniciando a las 11:34 y llegando a la Corte Constitucional a las 12:04, con una duración de 30 minutos. Después de un minuto de silencio en memoria de las víctimas de las inundaciones en Esmeraldas, Iza y otros cuatro delegados ingresaron a la corte para presentar el documento con la acción constitucional. En menos de dos minutos, salieron y anunciaron que la acción había sido presentada, instando a los jueces constitucionales a responder de manera oportuna.
El dirigente del Frente Antiminero, Luis Corral, sostuvo, por ejemplo, que las concesiones mineras otorgadas de manera irregular afectan las fuentes de agua de Ecuador y de Perú, por lo cual el vecino país del sur ha iniciado acciones legales internacionales.
Con estos discursos, además, empezaron, de hecho, a promocionar el Sí en la consulta que se llevará a cabo en agosto, la cual busca dejar en tierra el petróleo del Parque Yasuní, junto con las elecciones anticipadas para la Presidencia de la República y la Asamblea.
Corral solicitó a los candidatos presidenciales un debate serio sobre el tema y propuso realizar una auditoría y control a todas las concesiones mineras para una planificación adecuada de los recursos naturales.
«Queremos un debate serio en el país, queremos pedir que todos los ecuatorianos nos pronunciemos para dejar debajo de la tierra el petróleo en el Yasuní, dejar la minería debajo de la tierra en zonas tan frágiles, como el Chocó y en varias zonas de enorme importancia de esta maravillosa cordillera de los Andes», dijo Corral.
Mandato
Estas y otras demandas sociales y ambientales se encuentran en un mandato anunciado por la Conaie y el Frente Antiminero, quienes iniciarán marchas en 10 de las 24 provincias del país.
Este mandato exige a los gobiernos locales ejercer su autoridad y control sobre el uso de suelo, asegurando el cumplimiento de las normas ambientales en proyectos de extracción minera que perjudican a la población y a la naturaleza.
¿QUÉ SEÑALA EL DECRETO 754?
El Gobierno emitió el Decreto 754, el cual introduce reformas al Código Orgánico del Ambiente, con el fin de permitir que el Ministerio del Ambiente lleve a cabo procesos de consulta ambiental. Estos procesos implican la socialización de los detalles de proyectos de extracción de recursos o actividades que puedan tener un impacto en el medio ambiente con las comunidades afectadas.
El mencionado Decreto fue emitido después de completar un paso previo, que consistió en una consulta prelegislativa realizada por el Ministerio del Ambiente. Durante esta consulta, se recopilaron las opiniones de las comunidades interesadas sobre cómo debería llevarse a cabo la consulta ambiental.
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