Presuntos autores materiales asesinados en cárceles del país, cúpula policial removida, un polémico testimonio anticipado, forman parte del proceso que investiga el asesinato. ¿Qué nomás sucedió y qué cambió durante el feriado? 

Una vez que la Fiscalía anunció que ha concluido la instrucción fiscal en la investigación del asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio, lo que corresponde es que se fije día para la audiencia preparatoria de juicio, aseguró el abogado penalista Leonardo Tipán. 

Según el especialista, en esa audiencia la Fiscalía deberá señalar con claridad quiénes son los autores materiales, cómplices o encubridores del magnicidio, ocurrido el 9 de agosto de este año, cuando Villavicencio salía de un acto proselitista en el norte de Quito. 

Para Tipán, es una fase decisiva, ya que la Fiscalía debe evitar el más mínimo error y demostrar ante el juez la validez de lo investigado, anunciar las pruebas con las que cuenta y emitir su dictamen acusatorio. 

Lo que se conoce hasta el momento 

La Fiscalía anunció el domingo, a través de un comunicado, que la mañana y la tarde de ese día se recibió el testimonio anticipado de un testigo de los hechos, quien, bajo juramento, narró los preparativos y montos ofrecidos por los autores intelectuales del crimen. «Además, señaló a quiénes habrían dado la orden de cometer el crimen». Esto implica que se iniciará otra investigación para determinar a los autores intelectuales del delito. 

Según el proceso, el testimonio anticipado se cumplió en la Sala de Cámara de Gessel de la Unidad Judicial de Iñaquito. Para esto se presentó la fiscal que lleva el caso, el mencionado testigo, con presencia de un psicólogo y abogados de otros procesados. El testimonio quedó grabado en CD de audio y video, bajo custodia y responsabilidad del personal de la unidad de Cámara Gessell. 

Según Christian Zurita, amigo de Villavicencio, a quien reemplazó en la papeleta presidencial, en el testimonio adelantado se señaló, bajo juramento, que el responsable del asesinato es el «gobierno de Correa».

«El valor pactado con los sicarios para acabar con la vida de Fernando fue 200 mil dólares. Existió un 1er intento el 1 de junio en la gran caravana de Santo Domingo, lo concretaron el 9 de agosto», aseguró Zurita en la red social X. 

A través de la misma red social el expresidente Rafael Correa escribió: “Se los dijimos: asesinaron a Villavicencio, retrasan un mes la indagación previa, matan a todos los sicarios excepto a uno, a quien tienen en un cuartel militar y lo hacen acusarnos el 10 de octubre, 5 días antes de las elecciones. Cualquier cosa con tal de impedir nuestra victoria”.

Mientras que la Revolución Ciudadana emitió un comunicado en el que recuerdan que la seguridad del candidato asesinado estuvo a cargo del Gobierno de Guillermo Lasso, así como la de sus presuntos asesinos que, a su vez, fueron asesinados en cárceles del país entre el viernes y el sábado.

Sin embargo, se conoció que el testigo protegido no está vinculado al caso de Villavicencio ni detenido, aunque sí tiene procesos por otros delitos. Además, formaría parte de una banda que  facilitó la logística para la otra banda que perpetró el crimen contra el candidato. Como parte de la investigación, el testigo tiene prohibición de salir del país y debe presentarse periódicamente ante un juez, además de portar grillete electrónico. 

En las últimas horas se difundieron en redes sociales sus nombres y apellidos completos; la Fiscalía manifestó que, en cumplimiento de la Ley Procesal Penal, se debía mantener en reserva su identidad, por lo inició una investigación sobre quienes publicaron en redes sociales la identidad completa, lo que es sancionado con prisión de entre cinco y siete años de prisión. 

Asesinatos y remezón policial 

El pasado fin de semana el país se preparaba para vivir un nuevo feriado por la Independencia de Guayaquil. El presidente de la República, Guillermo Lasso, se encontraba fuera del país por asuntos personales. 

En este escenario, el viernes por la tarde se alertaba de nuevos incidentes en la Penitenciaría del Litoral. Una vez más, seis reos fueron encontrados asesinados. La sorpresa general se dió cuando se conoció la identidad de esos seis reos: todos ellos procesados en la causa que investiga la muerte de Villavicencio. Al día siguiente apareció otro reo asesinado investigado por la misma causa, sólo que está vez estaba recluido en la cárcel de El Inca, en Quito.

Lasso se vio obligado a regresar de inmediato al país y, además, suspender un viaje oficial que tenía planificado realizar a Corea del Sur. A su llegada se reunió con su Gabinete de seguridad. Entre las medidas que tomó estuvo la de remover del cargo al director del SNAI, Luis Ordóñez, y en su reemplazo puso a Fausto Cobo, director del Centro de Inteligencia Estratégica. 

La Fiscalía inició una investigación por las acciones del SNAI, encargado del sistema carcelario, debido a que existía una orden de traslado de esos seis detenidos para garantizar su seguridad, lo que no se cumplió. 

Por su parte, Lasso anunció la depuración de la cúpula de la Policía Nacional. No sólo que removió del cargo al comandante Fausto Salinas y nombró en su reemplazo al general César Zapata. Además, separó de la institución al director de Investigaciones, general Alain Luna, lo que implicó la salida de otros dos generales de la Policía que tenían mejor antigüedad (calificación) que Luna. 

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