Mientras la entidad sigue en reuniones para analizar las “directrices técnicas”, en las cárceles no se observan cambios significativos. ¿Cómo se garantizará la seguridad y el control en las prisiones?
POR: Juan Camilo Escobar
Pasadas las 14:30 de hoy, María Inés Montalvo, propietaria de un pequeño pero concurrido restaurante popular ubicado a 100 metros de la cárcel de El Inca, en el norte de Quito, despachaba uno de los últimos almuerzos de la jornada. Aprovechaba la disminución de la intensidad del trabajo para comentar con sus dos empleadas y con una comerciante vecina sobre la clausura de dos locales que no pudieron justificar la tenencia de varios teléfonos celulares y otros objetos tras un operativo con decenas de policías y militares.
“No son frecuentes estos grandes movimientos, pero, por lo demás, acá es relativamente seguro. La última vez que sí pasamos con incertidumbre, con una preocupación que disminuyeron todas las ventas fue en enero, luego de que se escapó ‘Fito’”, señala. Las otras dos personas con las que conversa asienten y agregan detalles de que en aquella ocasión “todos los negocios se cerraron” por temor de que no se lograran controlar los hechos de violencia en el interior de la cárcel.
“Hoy todo está tranquilo, casi como siempre, sin novedades”, dice Montalvo. Así confirmaba que en la zona vecina a la cárcel no se ha observado “ningún cambio” tras una semana de que el gobierno anunciara el mayor cambio luego de que en enero de 2024, militares asumieran el control de las cárceles, tras la declaratoria de un conflicto armado interno.
El 29 de julio, el ministro del Interior, John Reimberg, anunció que el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de la Libertad (SNAI) estará bajo la tutela del Ministerio del Interior, confirmando así una de las fusiones anunciadas por el Gobierno.
Reimberg anticipó que en uno o dos meses, el perímetro, los filtros de ingreso y la seguridad interna de cada cárcel será controlada exclusivamente y, por separado, por policías o militares y no como ahora: con policías en los exteriores y militares en el interior.
“De esta forma, solamente Fuerzas Armadas estará en aquellas cárceles donde tengan el control total, de entrada a salida, y nosotros (la Policía) estaremos de la misma forma en otras cárceles, asumiendo el 100% del control, siempre con el SNAI, por supuesto, porque así lo manda la Ley”, anticipó en declaraciones a Ecuavisa.
Hasta el cierre de esta edición, el SNAI no respondía a una consulta sobre la preparación del plan de trabajo para aplicar esta nueva forma de control de las cárceles. Por ahora, señaló que la reorganización empezará en las cárceles con mayor nivel de conflictividad, como las de Guayaquil. Sin embargo, la entidad señaló que en el transcurso de esta semana continuarán varias reuniones de trabajo para analizar “las directrices técnicas” que prevé aplicar el Ministerio del Interior.
PERSONAL
Según Reimberg, ante la incapacidad del SNAI para controlar las cárceles, se prevé al menos 10.000 policías y militares retirados que puedan recibir el 100% de su pensión y no como ahora, que si vuelven a trabajar, reciben sólo el 40%. Esto, dijo Reimberg, para que policías y militares activos que están controlando las cárceles retornen a las calles.
Para Fernando Sánchez Cobo, exsubdirector del SNAI, esta reorganización de personal es insuficiente, porque, además del personal de seguridad, también se necesita llenar el déficit de profesionales de distintas áreas para rehabilitación social, que actualmente es inexistente: “Por un lado, se necesita personal de guías especializados y capacitado; pero, por otro lado, también se necesitan educadores, psicólogos y trabajadores sociales. Esto porque no hay un modelo sólido de rehabilitación social para adultos”.
La exdirectora de Rehabilitación Social Itania Villarreal, en cambio, dijo que la medida será positiva, siempre y cuando se respete la autonomía técnica del SNAI, y que el Ministerio del Interior no sólo le otorgue la importancia, sino también los recursos suficientes para que las contrataciones de nuevo personal anunciados sirvan crear “grupos especializados de acompañamiento” a la situación de los presos, en especial cuando tienen que asistir a
Para Villarreal, otro de los principales problemas pendientes de una solución en el manejo de las cárceles es el de la corrupción. Frente a lo cual, dijo, “las autoridades deben aplicar la ley en debida forma porque el sistema penitenciario está en decadencia, como lo ha demostrado el caso Metástasis, por acción u omisión de los responsables administrativos y de seguridad”.
Por ahora, la tarde de este lunes, en los exteriores de la cárcel de mujeres de Quito se observaba una fila de personas, familiares de los presos, que esperaban con paciencia que les dejen ingresar a las visitas del día. Muchos de ellos tenían en sus manos cobijas, ropa e incluso alimentos que esperaban entregarles a sus familiares en el interior de esta cárcel.
“Lo que pasa es que nunca les dan nada, no mejora nada, ni las condiciones en que se encuentran ahí adentro, ni los alimentos, nada. Por eso es que a nosotros mismo nos toca traerles todo”, comentó Laura López.
CONTROL DE ARMAS
Pasadas las 15:00 un grupo de aproximadamente 40 militares fuertemente armados llegaron a los exteriores de esta cárcel y empezaron a realizar un control de armas no sólo de conductores vehículos, a quienes les pedían salir para un “cacheo”, sino también a transeúntes que pasaban con mochilas o bolsas de mano.
“Ya se vienen realizando meses, por lo menos dos o tres veces por semana, son estos controles. No ha habido mayores novedades, por eso es que esto está relativamente tranquilo y ojalá siga así, por todo lo que se escucha de grupos de delincuentes”, comenta Montalvo.
“Esto debería ser permanente y ojalá algún día se logre erradicar toda la violencia con armas”, comentó Teresa, otra comerciante de la zona.
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