La presunción de inocencia permite que para esta elección estén postulando desde personas inmersas en juicios por corrupción, hasta un condenado en dos instancias por asesinato. ¿Qué pasaría si ellos llegan a ganar con sus procesos judiciales?

El asambleísta Fernando Villavicencio (independiente) presentó la semana pasada en la Fiscalía un “noticia críminis” en la que alertaba sobre posibles casos de candidatos financiados por bandas delictivas dedicadas al narcotráfico.

El candidato a la reelección para la Alcaldía de Lago Agrio, Abraham Freire, manifestó que eso es un “secreto a voces” y que en su localidad se sabe quién tiene dinero producto de actividades irregulares y quién no, pero que, por seguridad, es preferible no decirlo públicamente, pero de qué hay, hay.

Además de lo denunciado por Villavicencio, en las elecciones seccionales se han presentado candidatos con procesos judiciales abiertos, ya que, al no contar con sentencia definitiva, pueden inscribirse y participar dejando en suspenso los procesos. La normativa electoral recurre al principio de garantizar la presunción de inocencia en todos los casos y eso ha hecho que tengamos candidatos con historial judicial. 

El Código de la Democracia termina por facilitar, de alguna manera, ese tipo de conductas. El artículo 96 señala que no pueden ser candidatos de elección popular, entre otros, quienes hayan recibido “sentencia condenatoria ejecutoriada por delitos de peculado, enriquecimiento ilícito, concusión, cohecho, tráfico de influencias, oferta de realizar tráfico de influencias y testaferrismo; así como, lavado de activos, asociación ilícita y delincuencia organizada relacionados con actos de corrupción”. 

Mientras que en el artículo 108 consta que los candidatos no podrán ser detenidos ni procesados penalmente desde el momento de la calificación hasta la proclamación de resultados; ni enjuiciados, salvo los casos de delito flagrante, delitos sexuales, violencia de género e intrafamiliar. “Proclamados los resultados, podrán activarse procesos penales contra ellos…”, consta en la normativa. 

Presentamos tres casos:

DECLARADO CULPABLE EN DOS INSTANCIAS, FALTA CASACIÓN

Paúl Vélez Colorado, candidato a Alcalde de Muisne (Esmeraldas), 

Alianza Muisne Primero, que agrupa a Avanza, CREO y Construye. 

En el sistema de causas del Consejo de la Judicatura constan 47 expedientes en su contra desde el 2002. Con esa fecha consta una denuncia por un cheque sin fondos, pero la causa prescribió y se archivó al haber transcurrido 7 años sin que avance el proceso. También hay una denuncia por estafa, de la cual fue sobreseído. Varios de estos expedientes están relacionados con demandas de pagos salariales por parte de funcionarios del Municipio de Muisne, del que Vélez Colorado fue Alcalde entre el 2012 y el 2013. Hay otros procesos, como tenencia ilegal de armas (archivado) e inclusive por un accidente de tránsito. Sin embargo, el caso más grave es el proceso judicial en su contra por ser el presunto autor intelectual del asesinato tipo sicariato de Walter Vera, en el 2014. Vera, quien era alcalde electo del cantón Muisne, iba a iniciar sus funciones el 15 de ese mes, pero fue asesinado mientras se movilizaba a su domicilio, en el sur de Esmeraldas.  

Vélez Colorado fue procesado por este crimen, estuvo en las cárceles de El Inca —Quito— y de Latacunga  y fue sentenciado en segunda instancia a 25 años de prisión. Se benefició del recurso de hábeas corpus y, como su sentencia no está ejecutoriada, pudo inscribirse y ser calificado como candidato a la Alcaldía de ese cantón. Apenas salió de la cárcel inició su precampaña y ahora campaña electoral. 

SU POSTULACIÓN LE SALVA DEL PROCESO

Jorge Guamán, candidato a Alcalde de Latacunga

Alianza Latacungueños al triunfo, que la integran los movimientos Pachakutik y Amigo. 

Tras pasar por dos períodos consecutivos al frente de la Prefectura de Cotopaxi, y al no ser posible la reelección por mandato legal, optó por candidatizarse a la Alcaldía de Latacunga. De 57 años, Guamán es un destacado militante del movimiento indígena; también ha sido diputado y vicepresidente del Congreso; dirigente de la Conaie. 

En julio del 2022 fue detenido junto a otras ocho personas como parte de una investigación por delincuencia organizada. La Fiscalía formuló cargos por supuestos delitos como peculado y enriquecimiento ilícito. La fiscal Ruth Amoroso, quien llevó la investigación, dijo en su momento que la presunta estructura criminal habría operado desde el 2014 en Latacunga, La Maná, Salcedo y Pujilí, donde funcionarios y personas particulares facilitaban la obtención de contratos a empresas previamente definidas a cambio de beneficios económicos que, a su vez, se emplearían en la compra de bienes muebles e inmuebles en diferentes partes del país, a nombre de terceras personas. Tras la formulación de cargos la magistrada dispuso medidas sustitutivas, ordenando la prohibición de salida del país, presentaciones todos los viernes en la Fiscalía Provincial de Cotopaxi y el uso de grillete electrónico. Luego de que Guamán presentó su candidatura, el proceso judicial se suspendió hasta que se proclamen los resultados de las elecciones seccionales del 5 de febrero.

DOS TIPOS DE PROCESOS EN CONTRA Y UN HIJO HUIDO, PERO ES CANDIDATO

Jorge Yunda, candidato a Alcalde de Quito, 

Alianza Juntos por la Gente, que la integran Pachakutik, Mover y el PID. 

La candidatura en firme para la reelección de Jorge Yunda es legal pero éticamente muy discutida. El exalcalde tiene en su contra dos tipos de procesos. El primero en el ámbito penal, con un juicio en su contra por presunto peculado durante su gestión al frente del Municipio capitalino. Según la Fiscalía, 12 elementos de convicción demostrarían su participación como autor mediato; es decir, que no cometió directamente el delito, pero gracias a su cargo tenía el poder de que lo ejecutaran sus subordinados. 

Es en el caso de las pruebas de diagnóstico del coronavirus. La Fiscalía lo vinculó en febrero del 2021, y en abril del mismo año fue llamado a juicio, pero el proceso no ha avanzado por diferentes recursos presentados por la defensa del exalcalde. 

En la justicia electoral, el Tribunal Contencioso Electoral suspendió sus derechos de participación política en segunda y definitiva instancia por una denuncia presentada por el actual alcalde, Santiago Guarderas. Sin embargo, el exalcalde interpuso un recurso de ampliación y aclaración, que no se ha podido tratar, lo que genera que la sentencia no esté ejecutoriada. Al igual que el proceso penal, la defensa de Yunda ha interpuesto varios recursos en las etapas de la justicia electoral. 

A esto se suma que su hijo, Sebastián Yunda, se fugó del país para evadir la Justicia por un presunto acto de corrupción que habría cometido en el Municipio de Quito, aprovechando que su padre ejercía como Alcalde. Lo último que se supo de Sebastián Yunda es que fue detenido en Argentina, luego fue puesto en libertad, pero tiene que presentarse periódicamente ante un juez hasta que se resuelva su situación. 

¿Qué pasaría si ganan y se confirman las sentencias?

Según el artículo 167 del Código de la Democracia, en caso de fallecimiento o ausencia definitiva de la alcaldesa o alcalde electo previo a su posesión, asumirá sus funciones quien sea designada como vicealcaldesa o vicealcalde, para lo cual los concejales electos se auto convocarán.

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