La mayoría de bancadas considera inconstitucional la medida tomada por el Ministerio del Trabajo y se baraja incluso un juicio político a su titular, Ivonne Núñez. El oficialismo, por su parte, guarda silencio. 

POR: Hugo Constante    

Desde pedir el criterio de la Corte Constitucional hasta analizar la posibilidad de juicios políticos, son las alternativas que el Pleno de la Asamblea podría adoptar para asumir una postura institucional frente a la situación de la vicepresidenta de la República,Verónica Abad.

A través de un sumario administrativo, el Ministerio del Trabajo le suspendió del cargo sin derecho a sueldo por 150 días y, de inmediato, el presidente de la República, Daniel Noboa, nombró como su reemplazo temporal a Sariha Moya.

A puertas de la campaña electoral, esto ha generado una crisis política-constitucional, ya que varios sectores, incluidos las bancadas legislativas, aseguran que hay una serie de irregularidades y atropellos a la Constitución. 

Para tratar este tema, el Pleno está convocado a sesionar mañana en la tarde. Inclusive la presidenta de la Asamblea, Viviana Veloz (correísmo), informó que Abad ha pedido ser  recibida en comisión general por el Pleno, aunque no aclaró si será presencial o vía telemática.

Veloz manifestó que la Asamblea debe defender el ordenamiento jurídico, no a una persona, sino el Estado de derecho, ya que considera que la ministra de Trabajo Núñez ha ido más allá de sus competencias legales. “Imagínense si el día de mañana un prefecto, un concejal, un asambleísta le resulta incómodo al poder de turno, van a proceder a inhabilitarlo a través de un sumario administrativo, lo que dejará sentado un mal precedente”, indicó. Anticipó que se pedirá a la Corte Constitucional un dictamen interpretativo sobre la competencia de la Ministra. 

Las bancadas meditan

El asambleísta Jorge Acaiturri, del Partido Social Cristiano (PSC), indicó que las medidas que tome la Asamblea dependerán de la respuesta que dé la Corte Constitucional. “Si la Corte determina que la Ministra se ha arrogado funciones, se podría iniciar un proceso de fiscalización de manera inmediata”, indicó. Sin embargo, considera que hay un incumpliento claro de la Constitución, donde existe una jerarquía normativa para imponer sanciones para los diferentes niveles de funcionarios, lo que se pasó por alto al momento de sancionar a Abad. Su coideario Otto Vera asegura que Noboa ha cometido una serie de irregularidades, al encargar la Vicepresidencia cuando Abad es la titular de ese cargo, por lo que sugiere que la Asamblea pueda iniciar un proceso de fiscalización y luego analizar si procede un juicio político a los involucrados en la sanción. 

Jorge Peñafiel, de Construye, coincide en que, en cumplimiento de la normativa, hay una sola vicepresidenta de la República, y esa es Abad. “La Constitución no permite que se pueda sustituir a la Vicepresidenta por un sumario administrativo”, dijo. El legislador calificó a Noboa de “aprendiz de dictador”, que ha ejecutado un golpe de Estado blando, y le advirtió que la “ciudadanía será la barrera para que él se pueda declararse dictador o aprendiz de dictador”.

Pachakutik también cuestiona la sanción a Abad. “Es una aberración jurídica, es inconstitucional, es ilegal desde todos los puntos de vista. Cree (Daniel Noboa) que está en su empresa y no es así”, dijo la legisladora de ese movimiento Mariana Yumbay. Agregó que la Asamblea puede iniciar un juicio político contra la Ministra por arrogarse funciones. 

Noboa se la puso difícil a su bancada 

El 23 de noviembre Noboa cumplirá un año como Presidente. En este lapso, su bancada legislativa ha justificado y defendido las medidas que ha tomado; hasta las más controversiales, como el incremento del IVA, la militarización de las cárceles, el combate a la inseguridad, la incursión de la Policía a la Embajada de México, la consulta popular, la gestión ante los apagones, entre otros temas. 

En los momentos más difíciles y críticos, sus legisladores han “puesto el pecho a las balas” y han salido a dar declaraciones, o con comunicados, defendiendo la gestión, incluyendo la polémica que mantiene con Abad. 

Pero desde que fue sancionada por un sumario administrativo y se nombró su reemplazo, ha sido difícil obtener un pronunciamiento de los legisladores oficialistas. Como bancada no han emitido ningún comunicado y ofrecen hacerlo mañana. 

En lo individual, legisladores como Inés Alarcón, Nathaly Farinango y Adrían Castro han evitado dialogar con la prensa con diferentes argumentos. La jefa de la bancada, Valentina Centeno, ofreció declaraciones pero para rechazar el que la Corte Nacional de Justicia haya pedido autorización -lo que le fue negado- para procesar penalmente a la legisladora correísta Mónica Palacios, por una querella que Noboa puso en su contra por presunta calumnia.

Al tocarle el tema de Abad y la sesión de mañana, Centeno aseguró que en el Pleno explicarán los argumentos de la bancada, pero que son respetuosos de  la independencia de poderes y de la justicia constitucional.

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