La Comisión de Fiscalización sugiere continuar con el juicio político a Solanda Goyes, vocal de la Judicatura. El oficialismo necesita 101 votos del Pleno de la Asamblea para destituirla.
POR: Hugo Constante
La Comisión de Fiscalización de la Asamblea recomendó al Pleno iniciar el juicio político en contra de la vocal del Consejo de la Judicatura Solanda Goyes, por presunto incumplimiento de funciones, según consta en el informe no vinculante que se aprobó en esta mesa legislativa. El texto tuvo seis votos a favor, del oficialismo y afines; y cuatro abstenciones, del correísmo.
Será el primer juicio político que se tramite en el Pleno en este periodo legislativo, donde el oficialismo tiene mayoría, aunque no los 101 votos que en este caso se requieren para censurar y destituir a un vocal de la Judicatura.
El proponente de la interpelación es el legislador de ADN Fernando Jaramillo, quien responsabiliza a Goyes de un presunto boicot “institucional”, por su ausencia a las sesiones de la Judicatura, para evitar la aprobación del reglamento para la selección de jueces constitucionales. Entre las conclusiones del informe consta que, a lo largo de la sustanciación del juicio político en la Comisión, se garantizó el debido proceso y el derecho a la defensa de ambas partes.
Las causas para proponer la interpelación
En la parte de las causales para sugerir que el juicio continúe en el Pleno de la Asamblea, el informe establece que la vocal, con relación a las sesiones de ese organismo, incumplió las funciones y deberes que le asignan los artículos 21 del Código Orgánico de la Función Judicial y los artículos 8,1 y 15 del reglamento de sesiones del Pleno del Consejo de la Judicatura.
El segundo inciso del artículo 21 señala que todo servidor de la Función Judicial en el desempeño de sus funciones, observará una conducta diligente, recta, honrada e imparcial. Mientras que el Reglamento estipula la obligación de los vocales de la Judicatura, en caso de ausencia temporal, de remitir por escrito a la secretaría general su justificación, debidamente motivada y con los debidos respaldos documentales en el término de un día contados desde la fecha de la sesión a la que se asustaron temporalmente.
También les prohíbe ausentarse de la sesión una vez iniciada la votación sin antes haber consignado su voto y que, de persistir la ausencia, el presidente de la Judicatura suspenderá y trasladará el punto para que en una próxima sesión extraordinaria inmediata sea convocado la o el vocal suplente, quien conocerá y consignará su voto.
El artículo 255 del Código Orgánico en la Función Judicial señala que los vocales de la Judicatura podrán ser sometidos a juicio político por tres causales:
1. Intromisión en el ejercicio de las competencias propias de los jueces, fiscales y defensores que violen su independencia judicial interna.
2. Comisión de los delitos de concusión, cohecho, peculado y enriquecimiento ilícito, sin perjuicio de la responsabilidad administrativa, civil y penal. No será necesario enjuiciamiento administrativo, civil o penal para iniciar el juicio político.
3. Manifiesta inoperancia en el cumplimiento de sus funciones.
En el informe aprobado por la Comisión consta que consta que la conducta de Goyes se adecua al numeral 3 por lo que recomienda al Pleno que dé continuidad al proceso.
Los descargos
Durante la etapa de sustanciación del proceso, Goyes afirmó que el juicio político carece de fundamento. Aseguró que cuando se dio la sesión del Pleno de la Judicatura para aprobar el Reglamento, el documento no incluía elementos de probidad, de paridad, definición de los perfiles de los jueces, por lo que se tuvo que retirarse de la sesión hasta que se tomaran en cuenta esos factores. Goyes aseguró que, gracias a esa ausencia, se generó una reunión con Mario Godoy, presidente de la Judicatura, y con la también vocal Yolanda Yupangui, tras lo cual se incluyeron esos elementos y se superaron los problemas, lo que permitió aprobar el Reglamento.
Sin embargo, la asambleísta oficialista Paula Villacreces manifestó que el país reclama acciones firmes frente al incumplimiento de funciones de quienes deben servir a la Justicia y “no utilizar sus cargos como trinchera política”. Agregó que Goyes se retiró de varias sesiones del Pleno de la Judicatura, no por motivos de salud o por razones de fuerza mayor, sino “como una forma de protesta”. “El país no está para aguantar protestas de funcionarios que traben la voluntad popular, como fue expresada por el pueblo ecuatoriano en la consulta popular”, en la que se aprobó la creación de judicaturas especializadas en materia constitucional, dijo la legisladora.
Lo que se viene
Aprobado el informe en la Comisión, la Secretaría General de la Asamblea, en el plazo máximo de dos días, notificará con el informe al funcionario y el mismo plazo será difundido a los legisladores. Una vez difundido el informe, en el plazo de cinco días, el Presidente de la Asamblea lo incorporará en el orden del día para consideración del Pleno y se procederá directamente y sin más trámite, al juicio político en el que se absolverá o censurará y destituirá al funcionario interpelado.
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