El informe de mayoría señala que fue por la ola delincuencial que se le fue de las manos al expresidente Guillermo Lasso; el informe de minoría concluye, en cambio, que fue un crimen político. El debate fue suspendido de la sesión de hoy. 

A pesar de constar como cuarto punto en el orden del día en la sesión de este martes, el Pleno de la Asamblea no llegó a tratar el informe no vinculante de la Comisión ocasional que investigó el asesinato de Fernando Villavicencio, candidato presidencial para las elecciones de 2023. 

A pocos días de que se cumpla un año de su asesinato, el 9 de agosto, se había generado expectativa por el pronunciamiento de la Legislatura sobre este caso que conmocionó al país; sin embargo, la presidenta encargada de dirigir la sesión, Esther Cuesta (correísmo), suspendió la sesión cuando tocaba tratar ese punto.   

Los integrantes de la Comisión se mostraron sorprendidos por el aplazamiento en el tratamiento del tema. La asambleísta Viviana Zambrano (Construye), presidenta de la Comisión, manifestó que tenía todo preparado para defender su informe de minoría que concluye que fue un crimen político, pero que no tuvo el respaldo del resto de comisionados que, por el contrario, aprobaron un informe de mayoría que responsabiliza del crimen a la ola delincuencial desatada en el Gobierno de Guillermo Lasso y que no la pudo controlar. “Fernando (Villavicencio) fue un blanco para la delincuencia política, no para la delincuencia común”, dijo Zambrano.

Por su parte, el legislador Adrián Castro, del oficialismo, quien propuso el informe de mayoría, indicó que desconoce las razones por las que Cuesta suspendió el tratamiento de este punto, pero que espera que se trate en los próximos días. 

Mientras que Hernán Zapata (antes de Gente Buena, ahora del oficialismo), no descarta que se haya suspendido por el momento político que vive el país, donde las organizaciones políticas habilitadas para participar las elecciones de 2025 se encuentran en pleno desarrollo de las primarias para escoger a sus candidatos. “Nosotros hubiésemos preferido que se debatiera de una vez este informe”, dijo Zapata.

Dos conclusiones sobre un mismo caso 

Tras casi siete meses de trabajo, la Comisión que investigó el crimen del candidato no logró articular un informe único y se presentaron dos, con conclusiones muy diferentes. En el de minoría, suscrito únicamente por la presidenta de la Comisión, se concluye que fue un crimen político, debido a sus denuncias de graves casos de corrupción, narcopolítica; por la incomodidad que generaban en ciertos sectores políticos sus investigaciones, como el de “Arroz verde”, por ejemplo, que puso en evidencia la práctica de sobornos durante el Gobierno de Rafael Correa para recibir aportes a favor de Alianza PAIS a cambio de contratos. 

Mientras que el informe de mayoría, presentado por Castro y que se aprobó con seis votos a favor, elude el concepto de crimen político, y endosa la responsabilidad al expresidente Guillermo Lasso ya que, consta en el informe, si hubiese cumplido a cabalidad sus funciones “posiblemente se pudo haber evitado la ola delincuencial que sufría y sufre el país, producto de lo cual se produjeron brutales asesinatos, entre ellos, el del señor Fernando Villavicencio”. 

“Para mí fue una sorpresa ver que, a pesar de todo el trabajo que habíamos realizado como Comisión, en un último momento Adrián Castro haya presentado ese informe y que las otras   bancadas lo hayan respaldado”, dijo Zambrano. 

Por su parte, Zapata justifica la aprobación del informe de mayoría obviando que la causa haya sido un crimen político. “Nosotros no indicamos en el informe que se trate de delincuencia común; por el contrario, hacemos un señalamiento muy preciso de que fue un atentado contra la democracia”, dijo Zapata. Añadió que Construye trata de confundir con su narrativa tratando de posicionar lo del crimen político y sacar los nombres involucrados como posibles autores intelectuales cuando la Comisión no puede identificar culpables. “Nosotros no somos entes técnicos, eso recae en la Fiscalía que es la que tiene que realizar las investigaciones”, dijo el legislador.

De hecho, la primera conclusión de ese informe es que se “ha apartado de referir o inferir cualquier comentario, evaluación o señalamiento a la Fiscalía a fin de no confundir las competencias de cada entidad”. Es decir, separar las competencias de la definición de responsabilidades penales sobre autores, cómplices y encubridores; de las de definición de responsabilidades políticas por acciones o omisiones de las entidades sujetas al control y fiscalización de la entidades sujetas al control y fiscalización de la Asamblea. En ese sentido lo que hace el informe es cuestionar la poca información y el poco apoyo para cumplir con la investigación por parte de la Policía y del Ministerio del Interior. 

Lo que sí se trató 

Antes de suspender la sesión, el Pleno aprobó el informe de fiscalización e investigación sobre la situación de la comuna Olón, en Santa Elena, y las afectaciones del proyecto inmobiliario Echo Olón en el área del bosque protector Esterillo Oloncito. 

El informe fue elaborado por la Comisión de Gobiernos Autónomos y recomienda el juicio político en contra de Sade Fritschi, ministra del Ambiente; Mónica Palencia, ministra del Interior; Gian Carlo Loffredo, ministro de Defensa Nacional; y, Niels Olsen, ministro de Turismo, por incumplimiento de funciones y por la falta de atención o atención incompleta de los pedidos de información realizados por la Comisión. 

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