Aunque la resolución también incluye críticas y recomendaciones al Ejecutivo, el documento de 16 artículos respalda las acciones tendientes a recuperar el control de las cárceles y la paz ciudadana.
Con 120 votos a favor y una abstención, el Pleno de la Asamblea aprobó esta noche una resolución con la que condena los ataques criminales sucedidos en el país la semana pasada.
La resolución se tomó este día, en la sesión 809 del Pleno, convocada a casi una semana de que se produjeran los ataques en Esmeraldas, Guayas y Santo Domingo de los Tsáchilas; y luego del descanso que se tomaron los asambleístas por el feriado de cuatro días. «Hoy hemos sido convocados para tratar el tema de la inseguridad, aunque un poco tarde. Muchos han dicho por qué en los días de feriado nosotros no pudimos siquiera estar presentes en las curules, eso hubiese sido lo responsable de la Asamblea para debatir con altura, respeto y responsabilidad», manifestó Pedro Velasco, de la bancada oficialista.
Pero Pierina Correa (correísta) respondió que no estaban descansando durante un feriado establecido por la Ley, no estaban «mirando el techo o cómo le entra el agua al coco», sino que, los legisladores pasaron, desde su territorio, monitoreando la situación, condoliéndose de las víctimas y «enfureciéndose porque la Asamblea no puede irá más allá de sus competencias».
Para la legisladora, la Asamblea sí estuvo presente en la crisis de la semana pasada, cumpliendo el rol que le corresponde, a través de Virgilio Saquicela, presidente de ese poder del Estado, quien participó en la reunión del Consejo de Seguridad Pública.
El debate
Las bancadas llegaron con marcadas posiciones políticas a este debate, que duró cerca de ocho horas (incluido el receso de la hora de almuerzo), en el intervienieron 53 asambleístas (y faltaron otros 40 por hablar). La bancada correísta dijo que se perdió un “país de paz” que dejó, según ellos, su líder, el expresidente Rafael Correa, sentenciado por corrupción, prófugo de la justicia y con estatus de refugio en Bélgica. Ese país fue destruido, continuaron, por el Gobierno de su coiderario Lenín Moreno, a quien el legislador Walter Gómez, que en su momento fue censurado y destituido del Consejo de Participación Ciudadana, no dudó en calificarlo de «traidor». Mientras que el PSC mencionó que si la Policía tiene que disparar a los delincuentes, que lo hagan y contarán con el respaldo de esa bancada. El oficialismo, por su parte, llamó a la unidad y dijo que este no es un problema sólo de este o de gobiernos anteriores.
Los puntos que contiene la resolución:
1. Solidarizarse con el pueblo y, en particular, con las familias de los ciudadanos y servidores de las fuerzas del orden víctimas de la violencia que azota a Ecuador y que ha minado la convivencia pacífica y el ejercicio de los derechos de todos.
2. Condenar la violencia perpetrada por el crimen organizado y los atentados terroristas, que debe ser entendidos como una declaratoria de guerra contra el Estado en su conjunto, amenazando su supervivencia misma, la soberanía, el Estado de derecho y el régimen democrático.
3. Respaldar las acciones realizadas por el Gobierno orientadas a retomar el control de las cárceles, donde se ha venido gestando la violencia contra el pueblo, sin dejar de cuestionar la desidia, la falta de estrategia, de inversión y de acciones concretas y eficaces para enfrentar la crítica situación de inseguridad que enfrenta el país.
4. Ratificar a las entidades de seguridad, como la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas y el Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria, el apoyo de la Asamblea para que, conforme a los principios del uso legítimo de la fuerza, cumplan con su deber legal de salvaguardar la vida, la integridad, los bienes y el ejercicio de los derechos de los ciudadanos; y, solicitar al Gobierno la asignación de recursos presupuestarios necesarios para cumplir con su deber de forma ágil, oportuna, efectiva y eficaz.
5. Exhortar a las funciones Ejecutivas y Judicial para que, de conformidad con sus competencias, activen los mecanismos institucionales para la investigación y sanción de los responsables de los actos terroristas de los últimos días.
6. Solicitar que, en un plazo máximo de 10 días, las entidades convocadas por el Presidente de la Asamblea a la Mesa de Seguridad presenten la identificación de necesidades de reforma legislativa para su incorporación en la Ley Orgánica que regula varios cuerpos legales para el fortalecimiento institucional y la seguridad integral en trámite en la Comisión de Seguridad.
7. Declarar como prioridad estatal y convocar a todas las funciones del Estado a una gran cruzada por la depuración, la reestructuración y el fortalecimiento institucional de las principales entidades vinculadas con la seguridad; y disponer que se sumen a un trabajo conjunto, las comisiones de Justicia, Garantías Constitucionales y Derechos Colectivos. Las tres comisiones de la Asamblea presentarán al Pleno, en el plazo de 60 días, una propuesta para este proceso, incorporando a los actores institucionales involucrados, a la academia y a la ciudadanía.
8. Respaldar el pronunciamiento y las acciones planteadas por la Comisión de Soberanía, en comunicado público del 3 de noviembre, en el que se propone al Gobierno 28 acciones concretas en los ámbitos de: control territorial; depuración, reestructuración y fortalecimiento institucional; política criminal; e intervención en las causas estructurales de la violencia y la criminalidad, incluyendo la inversión para promover el desarrollo de la ruralidad y la agricultura familiar campesina.
9. Exigir que, conforme a las recomedaciones de la Comisión de Soberanía para el control territorial, el Gobierno realice acciones inmediatas para retomar el control de las cárceles desde donde se articulan muchas de las acciones que fomentan la violencia, atender el hacinamiento y levantar una estrategia para reubicar en distintos pabellones a personas de alta peligrosidad; y, que la Secretaría de Derechos Humanos, en el plazo de 10 días, remita para conocimiento del Pleno de la Asambleal un informe relativo al avance del censo penitenciario y la implementación de la política pública de rehabilitación social.
10. Exhortar al Gobierno para que, a través de los canales diplomáticos correspondientes, requiera de los organismos internacionales como la ONU y la OEA, la colaboración a través de asistencia técnica especializada que contribuya a la solución de los problemas de inseguridad que afronta el país.
11. Condenar la pretendida rebaja presupuestaria en el área de seguridad y justicia evidenciada en la proforma presupuestaria 2023 y exigir al Gobierno Nacional la inmediata priorización para la ejecución presupuestaria en estos ámbitos.
12. Requerir que en el plazo máximo de 30 días el Gobierno presente la estrategia, incluyendo el presupuesto, que se adoptará a corto, mediano y largo plazo para enfrentar la crisis de violencia que atraviesa el país.
13. Solicitar al Gobierno un informe con los planes ejecutados y los resultados obtenidos tras las declaratorias de estados de excepción.
14. Disponer a la Comisión de Soberanía que disponga la comparecencia a Juan Zapata, ministro del Interior; Diego Ordóñez, secretario de Seguridad; comandante de la Policía, Fausto Salinas; entre otros.
15. Rechazar la inasistencia del Secretario de Seguridad, del Ministro de Gobierno, del Ministro del Interior, del Comandante de Policía, de la Directora (e) del Ecu 911 y de los gobernadores, lo que evidencia la inacción gubernamental; y, recordar a los ministros de Estado su deber de comparecer a la Asamblea.
16. Ratificar el respaldo de la Asamble al trabajo que viene realizando la Comisión de Soberanía.
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